En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, el presente informe analiza la ejecución durante 2024 del gasto etiquetado como Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) en el año 2023 y su proyección en el Presupuesto 2025. 

El discurso antifeminista sostenido por el gobierno nacional se refleja de manera muy clara en la asignación de los recursos públicos. Desde el Poder Ejecutivo se niega la existencia misma de las desigualdades estructurales que atraviesan a mujeres y diversidades, pese a que en las propias estadísticas oficiales se vislumbran brechas laborales, de ingresos, de cuidados, etc.  

Si bien la ejecución institucional de este discurso fue la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), la práctica antifeminista no se agota ahí: fueron reducidos o eliminados un numeroso grupo de programas, ejecutados por distintos ministerios, que contribuyen a la reducción de las brechas de género. 

A través del Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) como herramienta de gestión y de transparencia, estas políticas se visibilizaban y se evaluaban de manera continua. Por eso, en este informe se analiza la ejecución durante 2024 de los programas con mayor peso relativo en el PPG 2023, clasificándolos en función de las brechas que contribuyen a reducir.  

Además, se analiza la perspectiva futura de tales programas en base al proyecto de Presupuesto 2025 elaborado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta no sólo el crédito presupuestado sino también la regla fiscal que pretenden establecer con el mismo.        

1.Presupuesto con Perspectiva de Género 2023

El Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) es una herramienta de gestión cuyo objetivo es incorporar la perspectiva de género (transversal e interseccional) en todo el proceso presupuestario -formulación, ejecución y evaluación- con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad y promover la autonomía de las mujeres y diversidades.

Los PPG parten del reconocimiento de las desigualdades estructurales que atraviesan a mujeres y diversidades y reconocen, dentro de estas desigualdades, el aporte del trabajo doméstico y de cuidados al sistema económico y productivo, realizado mayoritariamente por las mujeres. Los PPG se basan en la premisa de que los presupuestos no son neutrales al género.

Para identificar y monitorear el gasto destinado a la reducción de las brechas de género se etiqueta a aquellos programas que forman parte del PPG. Esto facilita el acceso a la información pública para la ciudadanía, es decir, se trata de una herramienta que promueve la transparencia presupuestaria. 

En la plataforma de Presupuesto Abierto, existe un monitor especifico dónde se podía consultar la ejecución del presupuesto etiquetado como PPG. Sin embargo, hasta el momento, no se ha actualizado con la información correspondiente a 2024. Esto obstaculiza el acceso a la información y dificulta el seguimiento del gasto público destinado a la reducción de las brechas de género y/o a la atención y protección de las víctimas de violencia de género.

En el año 2023, se etiquetaron 42 programas como PPG, por un total de $5.206.078 (esto es, un 12,9% del gasto total). 

Tabla 1. Gasto etiquetado como PPG en el Presupuesto 2023

En millones de pesos corrientes

^{Fuente: Presupuesto Abierto con Perspectiva de Género y Diversidad}

Tal como se índica, estos datos surgen del sitio Presupuesto Abierto con Perspectiva de Género y Diversidad^[1], cuya última actualización corresponde al ejercicio 2023. 

2.Ejecución del Presupuesto con Perspectiva de Género en 2024

El análisis de la ejecución 2024 de los programas etiquetados como PPG en 2023 presenta dos dificultades principales: por un lado, la falta de transparencia en tanto no se actualiza la información en el sitio Presupuesto Abierto con Perspectiva de Género y Diversidad y, por el otro, el cambio de la estructura ministerial con la eliminación de algunos ministerios y la absorción de sus programas en otros.

A continuación, se analiza la evolución en la ejecución de los principales programas que habían sido etiquetados en 2023 clasificándolos según la brecha de género que contribuyen a reducir.

2.1. Programas que contribuyen a reducir brechas de ingresos

Por su magnitud, las moratorias previsionales ocupan el lugar más importante de esta categoría -en 2023 representaban el 52,3% del presupuesto etiquetado como PPG-. Además, se incluyen las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 o más Hijos, el Potenciar Trabajo y la Asignación Universal para Protección Social. 

En conjunto, estos programas representaban el 83,4% del gasto etiquetado como PPG en 2023. Por lo tanto, la evolución de los mismos es lo más representativo del recorte efectuado en políticas con perspectiva de género. 

Gráfico 1. Variación real interanual de la ejecución de los principales  programas que contribuyen a reducir brechas de ingresos

(ene-oct 2023 versus ene-oct 2024)

^{Fuente: elaboración CEPA en base a Presupuesto Abierto e INDEC}

Como se puede observar, todas las partidas sufrieron recortes a excepción de la Asignación Universal para Protección Social. 

En el caso de la moratoria previsional, la ley que la regula tiene vigencia hasta marzo de 2025 y, según confirmó el titular de ANSES, Mariano De Los Heros, “no es voluntad del gobierno su prórroga” (segunda reunión informática del Presupuesto 2025, Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, 15 de octubre de 2024^[2]).

Por lo tanto, si no se renueva o extiende su plazo, aquellos/as que no tengan los años de aportes necesarios para jubilarse solo tendrán acceso a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio destinado a personas de 65 años o más, que otorga el 80% de la jubilación mínima y no es pensionable en caso de fallecimiento.

A junio de 2024, solo el 9,5% de las mujeres en edad de jubilarse cuentan con 25 años o más de aportes. Es decir, en la práctica, significa que 9 de cada 10 mujeres sólo podrán acceder a la PUAM, constituyéndose no sólo en una pérdida de ingresos (20% menos que la mínima) y derechos (carácter no pensionable), sino también en un aumento de la edad jubilatoria de facto (la PUAM está destinada a personas de 65 años o más en tanto la edad jubilatoria de las mujeres es a partir de los 60 años).

Gráfico 2. Mujeres de entre 55 y 59 años según cantidad de años de aporte a junio de 2024

^{Fuente: elaboración CEPA en base a BESS.}

2.2. Programas que contribuyen a reducir brechas laborales

Bajo esta categoría, el programa más relevante en términos de presupuesto es el Potenciar Trabajo (en 2023 representaba el 13,4% del gasto etiquetado como PPG). Además, se incluye el programa Registradas -incentivos a la formalización del empleo en casas particulares- y el Potenciar Inclusión Joven -ayuda económica a jóvenes de 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad que participen de un proyecto productivo o social-. 

Gráfico 3. Variación real interanual de la ejecución de los principales  programas que contribuyen a reducir brechas laborales (ene-oct 2023 versus ene-oct 2024)

^{Fuente: elaboración CEPA en base a Presupuesto Abierto e INDEC}

En el caso del programa Registradas, la política implementada en septiembre de 2021 vencía en diciembre de 2023 y el gobierno nacional decidió no renovarla. Se trata de un sector altamente feminizado que, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), acumula a agosto de 2024 una pérdida de 13.004 puestos desde la asunción de Javier Milei. Igual suerte corrió el programa Potenciar Inclusión Joven que se encuentra discontinuado. 

En cuanto al Potenciar Trabajo, la caída responde, por una parte, a las bajas efectuadas y, por otra, a la licuación de su monto. Al asumir el nuevo gobierno, la prestación correspondía al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Sin embargo, se decidió desengancharlo y congelarlo en $78.000. Así, lleva perdido el 62,8% de su poder adquisitivo. Para retornar al nivel de capacidad de compra de noviembre de 2023, el Potenciar Trabajo (hoy “Volver al Trabajo” o “Acompañamiento Social”) debiera ser en diciembre de 2024 de $209.443.

2.3. Programas destinados a la protección de víctimas de violencia de género

Las principales políticas públicas de prevención, atención y protección contra la violencia de género muestran un enorme retroceso o se encuentran prácticamente desmanteladas.

El gobierno nacional se encuentra decidido no sólo a ignorar la evidencia empírica -147 femicidios en el primer semestre de 2024 según la Defensoría del Pueblo de la Nación-, sino también a incumplir compromisos internacionales en materia de políticas de género, igualdad y diversidad.

Según los datos del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), el 95,7% de las personas atendidas en 2023 declaró no tener ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Allí radica, por ejemplo, la razón de ser del Programa Acompañar -que registró una caída del 86% en su ejecución en lo que va de 2024-. 

Gráfico 4. Variación real interanual de la ejecución de los principales  programas que contribuyen a reducir brechas de violencia

(ene-oct 2023 versus ene-oct 2024)

^{Fuente: elaboración CEPA en base a Presupuesto Abierto e INDEC}

El derrumbe del Programa Acompañar se debe, por un lado, a la licuación de su valor de referencia, esto es, el Salario Mínimo Vital y Móvil, que perdió 25,7% de su capacidad de compra entre noviembre de 2023 y octubre de 2024. Por otro lado, se redujo sustancialmente el número de altas al programa: según los últimos datos disponibles, en el primer trimestre de 2024 se redujeron en un 98,6% las altas otorgadas en relación al mismo período de 2023. Mientras que entre enero y marzo de 2023, se había brindado la prestación a 34.229 mujeres y diversidades, en el mismo período de 2024 se otorgaron 471.

Tabla 2. Cantidad de altas del Programa Acompañar

Primer trimestre de 2023 y 2024

^{Fuente: Informe de Jefatura de Gabinete de Ministros n° 140  en base a Sistema Integrado de Casos.}

A su vez, en agosto de 2024, el programa fue modificado a través del Decreto 755/2024. Se redujeron de 6 a 3 los meses de cobro, y se incluyó como nuevo requisito haber realizado la denuncia judicial o policial. Esto resulta sumamente expulsivo y atenta contra la evidencia construida en materia de violencia de género.

 En cuanto al Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR), se registró una caída de 45% en la cantidad de causas patrocinadas^[3].

Por otra parte, los números reflejan el desmantelamiento de la Línea 144, donde la masividad de los despidos implicó que existan turnos con solo dos trabajadoras para atender la línea de asistencia, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género. 

En el caso de la Ley Brisa, por ejemplo, durante el primer trimestre de 2024 se observa una caída del 90% en la cantidad de dictámenes favorables para el ingreso al Régimen de Reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidio o fallecidas a causa de violencia por motivos de género (RENNYA)^[4]. 

Al respecto, cabe mencionar la situación que atraviesan otras dos leyes nacidas a partir de casos que tomaron gran relevancia en nuestro país:

• La Ley de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley Lucio), aprobada por unanimidad en 2023 cuando Javier Milei era diputado-, no fue ejecutada en 2024; y en 2025 se elimina el programa presupuestario en el que estaban incluidas sus partidas. La Secretaria a cargo señaló que es una política “ideologizada”^[5].
• La Ley de Capacitación Obligatoria en la temática de Género y Violencia contra las Mujeres (Ley Micaela), aprobada en 2018 con 171 votos a favor, 1 en contra (Alfredo Olmedo) y 84 ausentes, tampoco registra ejecución en lo que va del año en tanto no se realizó ninguna capacitación ni actividades de formación vinculadas a la materia.

2.4. Programas que contribuyen a reducir brechas de salud

Según la Organización Mundial de la Salud el género es un factor determinante en las inequidades sanitarias (OMS, 2018). El género influye en la salud y en el bienestar en tres ámbitos: 

• Los determinantes de la salud relacionados con el género, incluida la interacción con otros determinantes sociales y estructurales;
• Las conductas individuales vinculadas al cuidado de la salud en función del género; 
• La respuesta del sistema de salud en función del género.

Bajo esta categoría incluimos programas como: Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, Programa 1000 días, Respuesta al VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual, Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable.

Gráfico 5. Variación real interanual de la ejecución de los principales  programas que contribuyen a reducir brechas de salud

(ene-oct 2023 versus ene-oct 2024)

^{Fuente: elaboración CEPA en base a Presupuesto Abierto e INDEC}

Como se puede observar, el único programa que registra crecimiento en términos reales es el Programa 1000 días. Luego, se trata de una virtual paralización de políticas destinadas a combatir, revisar y cuestionar prácticas violentas y estereotipos de género, prevenir y detectar el abuso sexual infantil, prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual. 

En el caso de la ESI, la secretaria a cargo de la cartera, indicó que es una política “ideologizada” y el secretario de Educación, Carlos Torrendell coincidió: “nosotros no creemos que desde el gobierno nacional deba imponerse una visión de la ESI"^[6]. La ESI es un derecho desde la sanción en 2006 de la Ley 26.150. Resulta fundamental, por ejemplo, para prevenir y detectar abusos en la infancia. En 2025 directamente desaparece su partida presupuestaria.

Gráfico 6. Ejecución de programas de salud seleccionados al 18/11/24

^{Fuente: elaboración CEPA en base a Presupuesto Abierto}

2.5. Programas que contribuyen a reducir brechas de cuidados

Según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (INDEC, 2021), las mujeres que realizan tareas domésticas y de cuidados no remuneradas le dedican en promedio 6,3 horas diarias, en tanto que los varones que las realizan dedican un promedio de 3,4 horas diarias^[7].

La asimetría existente entre varones y mujeres -profundizada en el caso de aquellas personas que no tienen recursos económicos para pagar por tareas domésticas y de cuidados-, tiene su correlato en el mercado laboral donde las mujeres tienen una menor tasa de actividad y mayores tasas de informalidad y desempleo^[8]. 

En ese marco, toma especial relevancia la participación del Estado en la distribución de los cuidados. Por eso, la construcción y mantenimiento de jardines de infantes y de centros de desarrollo infantil -enmarcadas dentro de los programas “Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes” e “Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria”- forman parte de las acciones encaminadas a aumentar la participación del Estado en dicha distribución. 

Gráfico 7. Variación real interanual de la ejecución de los principales  programas que contribuyen a reducir brechas de cuidados

(ene-oct 2023 versus ene-oct 2024)

^{Fuente: elaboración CEPA en base a Presupuesto Abierto e INDEC}

Como se puede observar, estos dos programas sufren las consecuencias de la paralización de la obra pública a nivel nacional, una decisión que no sólo trajo como consecuencia la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo (66.008 asalariados registrados privados en el rubro construcción entre noviembre de 2023 y agosto de 2024), sino que, además, se traduce en una profundización de las desigualdades estructurales existentes. 

3. ¿Qué pasa con la perspectiva de género en el proyecto de presupuesto 2025?

El proyecto de ley de presupuesto 2025 establece en los artículos 1 y 70 la “regla fiscal” -una reedición de la regla de “déficit cero” del año 2001, declarada inconstitucional por la Corte Suprema en el año 2002-.

ARTÍCULO 1° Establécese como regla fiscal, que el Sector Público Nacional  deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios  subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos  proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos  deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las  partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero.

ARTÍCULO 70.- Incorpórase como artículo 11 bis de la Ley de Administración  Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156  y sus modificatorias, el siguiente:

“ARTÍCULO 11 bis. - Establécese como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener un resultado financiero equilibrado o superavitario.  La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos  proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción.

Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria a fin de reestablecer el referido equilibrio financiero.”

La “regla fiscal” es, ante todo, un instrumento de discrecionalidad a favor del Poder Ejecutivo. En la práctica implica que:

• Si la recaudación efectiva es mayor a la estimada, habrá mayor superávit fiscal para “reducción de impuestos”, pero no para garantizar derechos;
• En cambio, si la recaudación efectiva es menor a la estimada, habrá ajuste de las partidas que el presidente denomina "discrecionales", dejando “a salvo” las automáticas.

Las partidas “automáticas” son aquellas que poseen reglas de actualización (como la fórmula previsional). Sin embargo, ni en el proyecto de presupuesto ni en las explicaciones de los diversos funcionarios que acudieron a las reuniones informativas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación queda en claro cuáles son específicamente.

Tampoco existen precisiones respecto de cuáles serían las prioridades dentro de aquellas partidas denominadas “discrecionales”. Esto es, en caso de ajuste, ¿cuáles serían las primeras partidas en ajustarse? 

Por lo tanto, de las partidas etiquetadas como PPG en 2023, sólo quedarían “protegidas” las jubilaciones y pensiones. Sin embargo, a tal “protección” le caben dos aclaraciones: por un lado, el congelamiento del bono en $70.000 (sujeto a la discrecionalidad de la regla discal) y, por el otro, la decisión de no renovar la moratoria previsional a su vencimiento. 

En definitiva, la “regla fiscal” presenta una primera advertencia a la hora de analizar el crédito asignado a la gran mayoría de los programas: aun cuando se hayan efectuado fuertes ajustes, nada garantiza que ese monto se mantenga, en tanto el gobierno pretende tener discrecionalidad para ajustar esas partidas si la recaudación no cumple con las estimaciones. 

A la fecha, el escenario pareciera indicar un 2025 sin presupuesto sancionado, es decir, una nueva prórroga del presupuesto 2023. Esto implicaría mayor discrecionalidad por parte del gobierno sobre las partidas de gasto. 

A continuación, se presenta una tabla con las variaciones reales que se registran entre el presupuesto ejecutado en 2023, el presupuesto vigente en 2024 (que como vimos anteriormente no implica que se haya ejecutado) y el crédito asignado en el proyecto de presupuesto 2025.

Tabla 3. Variación real de los principales programas etiquetados como PPG en 2023 

^{Fuente: elaboración CEPA en base a Presupuesto Abierto, Presupuesto 2025 e INDEC.}

Conclusiones

A grandes rasgos, se pueden observar en el proyecto de presupuesto 2025, tres tipos de situaciones respecto a las partidas presupuestarias identificadas en 2023 como programas con perspectiva de género:

• Solo 5 de los 20 programas seleccionados de PPG registran un crecimiento real en el crédito asignado para 2025 en comparación con el presupuesto ejecutado en 2023; siendo 2 de ellos (AUH y 1.000 días) parte de la estrategia de atención y transferencia de ingresos.
• Mientras que, 8 de los 20 programas seleccionados presentan una profundización del ajuste ya efectuado en 2024 -entre los cuales se encuentra la moratoria previsional, cuya eliminación ya fue confirmada por el titular de ANSES-; y
• 6 programas eliminados o sin partidas que especifiquen su presupuesto: es decir, en el mejor de los casos se trata de un problema de transparencia, en el peor, el incumplimiento por parte del Estado del deber de asistir y proteger a las mujeres víctimas de violencia. Se incluyen en este grupo por ejemplo la Ley Lucio, la Línea 144 y la ESI.

En definitiva, la propuesta de Presupuesto para 2025 sostiene y profundiza las reducciones presupuestarias advertidas durante 2024 en las políticas destinadas a la disminución de las brechas de género. De no sancionarse el Presupuesto 2025, escenario probable a la fecha, el gobierno contará con mayor discrecionalidad en la asignación de las partidas de gasto, prorrogando el Presupuesto 2023.

El ajuste fiscal no es neutral en términos de género, por el contrario, tiende a profundizar las desigualdades existentes. Así, en caso de aprobarse el proyecto de Presupuesto 2025 tal cual fue presentado o prorrogarse nuevamente el Presupuesto 2023, las consecuencias recaerán asimétricamente sobre mujeres y diversidades.