En la década de 1990, en el marco de la reforma del Estado impulsada por el presidente Carlos Menem, se procedió a la privatización del servicio ferroviario en Argentina. El proceso privatizador suscitó cambios estructurales tanto en las pautas de organización del servicio ferroviario, como en las dimensiones de la infraestructura habilitada. Si bien este proceso de transformación tuvo gran repercusión en su momento, es notable el vacío de información existente sobre su magnitud, en particular es notable la ausencia de estadísticas oficiales, lo que probablemente deba atribuirse a la inexistencia de un organismo regulador.