Se trata de una ínfima proporción de la recaudación tributaria total del país y, en proporción a la riqueza anual que producimos, de unos recursos patrimoniales totales que resultan entre un tercio y la cuarta parte de los que recaudan los países más desarrollados (también en relación a su PIB). El desarrollo de la imposición sobre los patrimonios es una seria asignatura pendiente de la política tributaria; también en el resto de América Latina. La ínfima relevancia de estos tributos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, debería abrir un debate. Los impuestos patrimoniales, junto con el impuesto sobre los ingresos de las personas –aguí denominado Impuesto a las Ganancias– son, en casi todo el mundo, los instrumentos tributarios clave para mejorar la distribución del ingreso. Constituyen el núcleo de los “impuestos directos”, que deben ser pagados sí o sí por los sectores privilegiados. Los “impuestos directos” se pagan en proporción a la capacidad contributiva de cada obligado. Por el contrario, los “indirectos” (como el IVA) recaen sobre la masa de consumidores, y en mayor proporción, sobre la inmensa mayoría de quienes tienen ingresos medios y bajos. Dada esta situación, ¿que explicación tiene entonces, si tiene alguna, el intento del titular de la Sociedad Rural Hugo Biolcati de asaltar, al frente de su “fuerza de choque” rural, la Legislatura bonaerense para impedir el debate parlamentario de una reforma que mejorará sólo marginalmente la recaudación del impuesto sobre la propiedad rural provincial? La reforma apunta a llevar las valuaciones fiscales de la tierra –sobre las que se aplica la alícuota del impuesto– desde niveles que oscilan entre el 10% y el 25% del valor comercial a uno del orden de apenas el 50% (reduciendo a la vez las alícuotas, lo que limitará su impacto final sobre las boletas de los contribuyentes). Cuando en todos los países “serios”, como solía decir el ex presidente Kirchner, tales valores fiscales imponibles suelen estar en el orden del 90% de los valores de mercado de la tierra. Y se ajustan con la frecuencia para que no sufran atrasos y la recaudación no se resienta. Las autoridades han aclarado además que las valuaciones fiscales de la provincia están atrasadas desde hace varios lustros, lo que ha permitido a los grandes propietarios disfrutar por largo tiempo de “beneficios extraordinarios” a costa del fisco (en rigor, de los ciudadanos más pobres). En este punto parece estar una de las claves de la explicación de la “acción directa” de Biolcati y sus muchachos. Se han acostumbrado “a la joda”, como suele decir la muchachada, a “no contribuir”, desde hace tiempo (en rigor, desde 1976). ¿Necesitaremos aún muchos años de continuidad democrática para que los grandes propietarios terminen pagando lo que corresponde y los “patoteros” a su servicio sean obligados por la fuerza pública a respetar a los parlamentos elegidos por el voto popular?

Tiempo Argentino - 14 de mayo del 2012