La dictadura cívico – militar que tomó el poder en marzo de 1976 impuso un nuevo modelo de acumulación basado en la valorización financiera, poniendo fin a más de cuarenta años de industrialización por sustitución de importaciones. El modelo impuesto procuraba mediante la apertura externa, comercial, y de capitales, sumado al disciplinamiento social, restablecer la hegemonía del mercado[1] en la asignación de recursos y desplazar al Estado como planificador del proceso de desarrollo. Esta drástica transformación del país tuvo como uno de sus pilares la reforma del sector financiero llevada adelante en 1977, que implicó la consolidación y dominio de las finanzas especulativas por sobre la producción.

La tasa de interés determina que se produce y/o se comercializa, calificando aquellas actividades cuya tasa interna de retorno sea mayor a la misma, con lo que se le confiera al cálculo financiero la podestá que debe tener un Estado,  que es el de planificar, fijar líneas de acción y en ese marco, el de regular (fijar las reglas de juego) y controlar la  actividad económica.

El propósito de este trabajo es revisar brevemente el contenido, aplicación y principales implicancias económicas que tuvo la reforma financiera de 1977.  Para lo primero revisaremos las características salientes del sistema financiero previo a la llegada de la dictadura, posteriormente  la reforma implementada por los grandes capitales que operaron detrás de los militares y sus principales impactos en la economía real, para terminar con propuestas concretas para restablecer un sistema productivo y distributivo que beneficie a la población y que le permita vivir dignamente.

EL SISTEMA FINANCIERO PREVIO A LA DICTADURA MILITAR

La llegada al gobierno del Partido Justicialista en 1973, con la victoria de Héctor Cámpora y luego el retorno de Perón al gobierno, permitió comenzar a poner en práctica diferentes medidas económicas que intentaron, de manera incipiente, reinstalar políticas en favor del sector productivo con el objetivo de poder profundizar el proceso de industrialización. La política financiera  bajo la conducción de la CGE (Confederación General Económica) liderada por José Ber Gelbard, formó parte del grupo de medidas a partir de las cuales se intentó facilitar la llegada del crédito al sector real de la economía, no solo porque existía una alianza entre el gobierno y los diferentes sectores de la producción y comercialización, sino también porque se sostenía la hipótesis de que la inflación –uno de los problemas más importantes en materia económica ya en aquellos años– se debía a la existencia de una oferta de bienes insuficientes.

El régimen financiero implementado por el peronismo mediante la ley 20.574 y el Decreto 1.695 normativo de la misma, sustituyó el decreto-ley de entidades financieras 18.061/69 y adoptó básicamente el mismo esquema del régimen promulgado en 1946, con el objetivo central de reordenar el sistema financiero vigente, para lograr:

a) La nacionalización y garantía de los depósitos;

b) La nacionalización de entidades bancarias;

c) Se estableció el régimen de compañías financieras parabancarias (cooperativas, mutuales, etc.);

d) Se cambió la carta orgánica del Banco Central fortaleciendo la capacidad del Banco para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero.

De acuerdo con este esquema, la principal actividad de los bancos debía orientarse a facilitar el acceso al crédito, así como agilizar las transacciones económicas en clara línea  estimular la demanda agregada.

En paralelo a estas medidas, merecen destacarse tres aspectos financieros del régimen peronista:

a) En primer lugar, la tasa de interés era controlada por la autoridad monetaria, derivando en la no injerencia de las entidades financieras sobre el valor nominal de dicha tasa. El objetivo del BCRA era establecer tasas de interés que favorecieran la toma de crédito por parte del sector industrial de manera de poder ayudar a su expansión.

b) En segundo lugar, el régimen financiero exigía un bajo nivel de capital mínimo para que las entidades financieras pudiesen funcionar. Durante los años que duraron las normas financieras del último gobierno peronista, las entidades debían mantener una relación cifrada en 5% entre el capital de la entidad y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo. De este modo, las entidades financieras aumentaban su capital si el volumen de operaciones así lo justificaba. Con esta medida el BCRA buscaba fomentar la cantidad de préstamos otorgados al sector productivo a través de facilitar las condiciones para las instalaciones de nuevas entidades, en el convencimiento que aumentando el número de las mismas, la capacidad prestable se incrementaría considerablemente. En 1974 existían 863 entidades financieras autorizadas a funcionar por el BCRA y el crédito era el 43,5% del PIB. En el año 2022 existen 85 entidades  financieras autorizadas a funcionar por el BCRA y el crédito representa menos del 11% del PIB.

c) Por último, y con el objetivo de impedir cambios en la monetización de la economía, había un estricto control del endeudamiento externo de los agentes privados. El BCRA de aquella época sostenía que, en un esquema de tipo de cambio flotante, no controlar el flujo de capitales imprimía una gran volatilidad al valor de la moneda, lo que presionaría sobre los precios, y por ende era imprescindible tener el control absoluto de la entrada y salida de capitales.

Por supuesto que se crecía a tasas sostenidas y se redistribuía el ingreso de manera tal que, la Argentina de 1974 era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia social y de condiciones de vida tenía la población.

Los datos sobre distribución del ingreso proporcionados por el INDEC, permiten corroborar estadísticamente los problemas de distribución del ingreso en nuestro país. Del cuadro sobre distribución secundaria del ingreso que se presenta a continuación se pueden extraer las siguientes conclusiones:

^{Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH – INDEC.}

1º) A mediados de los años setenta cuando nuestra sociedad alcanzó los mejores niveles en cuanto a calidad de vida de sus habitantes, la desigualdad entre el 20% de la población de mayores ingresos y el 20% de menores ingresos alcanzó niveles similares a la de los países europeos más desarrollados e integrados (Siete veces).  En ese entonces, la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano.

2º) En la década de los noventa, la desigualdad aumenta, no sólo entre los extremos (Ricos vs pobres), sino también respecto a los sectores de ingresos medios. En efecto, como se puede ver en el cuadro, en el año 1990, por ejemplo, mientras los sectores de altos ingresos obtienen 7,8 puntos más de ingresos, los sectores de más bajos ingresos pierden 1,4  % y los sectores de ingresos medios pierden 6,4 % del ingreso total del país.

3º) Con el “kirchnerismo” los sectores de altos ingresos (el 20% más rico) pierden porcentajes de apropiación de la riqueza. Segundo, los sectores de ingresos medio (el 40% siguiente), ganan porcentajes de apropiación de la riqueza.  La sombra está en que los sectores de ingresos bajos (el 40% más pobre, y fundamentalmente el 20% más pobre), tienen una participación muy menor (núcleo duro de la pobreza),  de allí que el gobierno al ver que no se solucionaba el problema con el incremento de la producción y del empleo, lo que hace es aplicar políticas sociales específicas como son la Asignación Universal por Hijo, el otorgar beneficios de jubilación o pensión sin tener los años de aportes, y otros planes sociales.

4º) En los gobierno de Cambiemos y de Alberto Fernández el nivel de ingreso del 20% más pobre es alarmante por lo bajo, paralelamente se acrecienta el 20% más rico alcanzando a apropiarse del 54,1% del total del ingreso nacional y, la dispersión entre ambas variables es de 16,4 veces, la mayor inequidades distributiva desde que se tiene registro.  Los sectores medios también descienden en su participación en el ingreso.

En ello jugó un rol preponderante el Estado y el sistema financiero y cambiario engendrado por la dictadura cívico-militar y, es que es lo que se debe cambiar.

LA REFORMA FINANCIERA DE 1977

La dictadura cívico-militar que tomó el poder en marzo de 1976 puso fin a uno de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones más exitosos experimentado por un país periférico a comienzos de los ’70. Las políticas aplicadas tuvieron una profundidad que, mediante su interacción, lograron refundar la economía argentina.

Mediante la ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, del 13 de agosto 1976, se le confiere a las empresas extranjeras los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales, sujeto a las disposiciones de la presente ley y de las que se contemplen en regímenes especiales o de promoción. Le permite a los inversores extranjeros transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, y por el “Art. 17:Las empresas locales de capital extranjero, podrán hacer uso del crédito interno proveniente de las entidades financieras locales en la proporción de su capital o patrimonio neto y demás condiciones que fije el Banco Central de la República Argentina”, hecho que estaba prohibido expresamente por toda la legislación anterior y es la causa que hoy Toyota, Cargill, el Holding Techint, Austral Total por ejemplo, compren dólares al tipo de cambio oficial para adelantar importaciones y/o pagar supuestas o reales deudas en el exterior.

En ese marco, la reforma financiera de 1977 tuvo un papel central en el nuevo modelo económico y la instrumentación legal del nuevo sistema se hizo mediante la sanción de un conjunto de normas legales: ley 21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos; ley 21.526 que estableció el nuevo régimen legal de las entidades financieras; ley 21.572 de creación de la cuenta Regulación Monetaria, y las leyes 21.364, 21.547 y 21.571 que modificaban la carta orgánica del BCRA.

La reforma financiera estuvo estructurada en torno a cuatro pilares fundamentales.

El primero de ellos correspondió a permitir la libre flotación de las tasas de interés que, hasta entonces habían estado bajo fuerte regulación del Banco Central. El objetivo perseguido era evitar, acorde con los lineamientos de la teoría hegemónica, luego plasmada en el llamado Consenso de Washington, cualquier interferencia que pudiera derivarse de la existencia de controles o regulaciones por parte del Estado y dejar que la mano invisible del mercado determinara la tasa de interés de equilibrio.

El segundo pilar de la reforma financiera fue la eliminación de todo tipo de controles y restricciones para ingresar en el sistema bancario y financiero, lo que derivó en que diversas entidades que no poseían los requisitos necesarios para operar pasaran a hacerlo, y restituyó a las entidades financieras la posibilidad de discernir las formas y destinos de los créditos, derogándose las normas del BCRA que establecían restricciones y direccionamiento en su otorgamiento (por región, por zona, por actividad, etc.).

El tercer pilar de la reforma corresponde a la Cuenta Regulación Monetaria que permitió la implementación de una compensación a los efectivos mínimos que por ley debían mantener las entidades financieras como respaldo de sus obligaciones a plazo (encajes remunerados por el BCRA). Los objetivos perseguidos por el gobierno de facto eran dos: primero, usar esta cuenta para neutralizar la expansión monetaria provocada por la liberalización de los depósitos, y segundo, el gobierno pretendía, en un contexto inflacionario, compensar la pérdida de valor que dichas reservas encajadas tenían al estar inmovilizadas y, a la vez, cobrando un cargo sobre los depósitos a la vista de los bancos. Dicho de otro modo, se establecía un mecanismo por el cual se cobraba una prima sobre los depósitos y obligaciones a la vista para equiparar su rendimiento con el de los depósitos colocados a interés.

El cuarto y último pilar de la reforma financiera fue el régimen de garantías de depósitos, que si bien ya existía con anterioridad a la reforma, la dictadura le introdujo modificaciones que intentaban poner un punto final al denominado “sistema de aceptaciones” en el cual las empresas emitían pagarés (no sujetos a controles en sus tasas de interés) que los bancos luego ofrecían a inversores. Con garantía estatal de los depósitos y los intereses librados a los designios del mercado, se desató una fuerte competencia con el fin de ofrecer mejores condiciones a los depositantes que presionó al alza de las tasas de interés.

Como resultado de la interacción de estas medidas, podemos concluir que la reforma financiera sirvió como mecanismo para limitar severamente los instrumentos financieros utilizados durante la última etapa de la industrialización por sustitución de importaciones. De hecho, alteró de manera tal el funcionamiento de la economía, que el sector financiero rápidamente comenzó a concentrar los excedentes económicos generados y a dominar la dinámica de acumulación del país.

Sin embargo, el impulso inflacionario seguía sin control[2], lo que derivó en que, a fines de 1978, el gobierno decidiera aplicar el esquema denominado “Enfoque Monetario del Balance de Pagos”. Este nuevo régimen surgió de la convergencia de la reforma financiera de 1977 con la apertura del mercado de bienes y de capitales y el establecimiento de una tasa de cambio decreciente en el tiempo (“tablita cambiaria”).

Si bien los funcionarios de la dictadura sostenían que estas políticas harían que las tasas internas de interés se adecuaran a las vigentes internacionalmente, dicha igualación no solo nunca ocurrió en la práctica sino que, a partir de la aplicación de este nuevo régimen, se desarrolló una tendencia al aumento de la renta financiera, ya que la tasa de interés nominal tenía una rigidez mayor que el costo del endeudamiento externo.

El Proceso de Reorganización Nacional como se auto denominaba la dictadura, no trató de conformar un mercado de capitales de mediano y largo plazo,  si se impulsó un mercado financiero y cambiario de muy corto plazo que operó como un factor de inestabilidad del sistema económico – Carry Trade (Bicicleta financiera: al retrasarse el dólar y subir la tasa de interés, se pasaban de dólar a pesos ganaban la tasa de interés y volvían al dólar), hizo que se frenara la corrida al dólar y el incremento de su valor e incluso, se retrasa desde 1977 en más.

Las políticas financieras aplicadas derivaron en una inédita crisis que a comienzos de 1980 se manifiesta con el cierre de los principales bancos privados por volumen de depósito: El Banco de Intercambio Regional (BIR), el Banco Los Andes (del Grupo Greco) y el Banco Oddone. Estos cierre provocaron una fuerte “corrida bancaria” (la más profunda de la historia hasta ese momento) con fuertes impactos sobre el sector financiero, que llevó al Banco Central a modificar el régimen de garantías de depósitos. El efecto combinado de las altísimas tasas reales de interés y de la competencia de bienes importados en un marco de aumento nominal (convertido en dólares) del salario de parte de los trabajadores por el atraso cambiario, provocaron simultáneamente una caída de la rentabilidad y un aumento sin precedentes en el grado de insolvencia en una amplísima franja de empresas de distintos tamaños y sectores.

Ante el rápido retiro de capitales del sector privado, las autoridades económicas trataron de apuntalar el programa económico a través del endeudamiento externo de las reparticiones oficiales. Con este fin, el BCRA estableció un nuevo régimen de adelantos para realizar salvatajes de entidades financieras. Pese a esta medida, alrededor de setenta entidades financieras, que equivalían a cerca del 20% del total de los depósitos del sistema financiero argentino, debieron cerraron sus puertas.

En términos reales el descenso de los ingresos de los asalariados comparando el quinquenio 1976-1980 con el quinquenio anterior, fue en torno al 15% del PIB (de percibir los asalariados el 50% de lo que se produce, pasan a recibir solo alrededor del 35%), que se transfirieron vía precios y suba de las tasas de interés. El Secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, Juan Alemann, sostenía que era difícil estabilizar la economía con sobre ocupación, por lo que la recesión y la suba de la tasa de interés, eran los únicos medios para ajustar a la baja los salarios reales (por inflación) y los precios a los niveles deseados.

Los años finales de la dictadura estuvieron signados por la profundización de las contradicciones y las crisis de los años 1981 y 1982 estuvieron asociadas al abandono de la “tablita” de devaluación cambiaria y el agotamiento de las posibilidades de obtener financiamiento externo adicional. Durante el segundo trimestre de 1981, las autoridades monetarias dispusieron una serie de devaluaciones (superiores al 40%) que inicialmente mejoraron el tipo de cambio real al costo de agudizar la recesión, provocando una caída del salario real y empeorando la situación de las empresas endeudadas en el exterior.

En ese marco, tras la derrota en Malvinas, los sectores beneficiados por la acción dictatorial se plantearon el inevitable reemplazo del gobierno militar por otro civil que les permitiera y les garantizara la primacía en las decisiones. De ese modo, podrían extender en el tiempo sus beneficios (incluida la “licuación” de su deuda) y, con ello, el modelo de acumulación que los tenía como únicos privilegiados. Todo esto, aunque debieran aceptar ceder ciertos espacios, guardando la forma democrática de la división de poderes y de la figura presidencial. Esos sectores necesitaban legitimar el poder conseguido: El régimen económico y social impuesto a sangre y fuego por las Fuerzas Armadas de Valorización Financiera del Capital.

Finalmente, dado el pobre desempeño económico y el bajo nivel de reservas a las que se había llegado, el Banco Central procedió a otorgar regímenes de seguros de cambio a empresas privadas. Estos seguros fueron en la práctica un fuerte subsidio estatal a los deudores privados y, desde mediados de 1981 hasta agosto de 1982, se realizaron múltiples medidas de seguros de cambio y otorgamiento de subsidios directo a empresas con deudas con el exterior.

En 1981 el Ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, había dispuesto un seguro de cambio para las deudas externas de privados. De esta manera al producirse una devaluación importante las deudas se vieron reducidas en términos reales. Esto se sumó a la medida de Domingo Felipe Cavallo al frente del Banco Central de poner topes a las tasas de interés en el sistema financiero que resultaron inferiores a la inflación. Ambas medidas produjeron una «licuación de la deuda» beneficiando a los deudores en dólares en desmedro del Estado (El estado asume la deuda en dólares y las empresas le pagan en pesos y con una tasa de interés menor que la inflación)

En agosto de 1982, mediante la Comunicación A251 del Banco Central, se procedió a estatizar la deuda privada[3]. Como resultado, la deuda que en 1978 era de 13,3 mil millones de dólares llegó a 43,6 mil millones en 1982.

En los estertores del gobierno constitucional de Isabel Perón, cuando fue su ministro de economía Antonio Cafiero, se firmó un acuerdo con el FMI pero que no logró plasmar en créditos contingentes por el desenlace de los acontecimientos que llevaron al golpe militar del 24 de  marzo de 1976. La deuda pasó de ser de 5.189 millones de dólares en diciembre de 1975 a  28.626 millones de esa moneda en 1982 y a 43.610 millones de dólares en diciembre de 1983 cuando asume el nuevo gobierno constitucional encabezado por el Dr. Raúl Alfonsín. El descomunal endeudamiento benefició a un sector muy concentrado y se extranjerizó la economía en el CEA (Consejo Empresario Argentino[4]), para luego transferir  la deuda al Estado  argentino fortaleciendo la dependencia con el capital financiero internacional.  Esto es de tal manera que a 46 años del golpe militar, las  200 (doscientas) empresas más grandes del país concentran el 22% de lo que se produce.  50 empresas general el 65% de nuestras exportaciones. Y10 bancos privados realizan el 70% de las operaciones cambiarias.

La dictadura cívico-militar no solo destruyó eslabones de la cadena de valor sustituyéndola y haciéndola dependiente de las importaciones (sustitución inversa), generando serios problemas estructurales y una deuda externa condicionante de los gobiernos posteriores, sino que logró convencer a una gran parte de la población  que la única salida es la individual, que no existe un tejido social y que uno es fruto de su esfuerzo, sin interesarle (al menos interesarle) que sucede en la sociedad.  Pensamiento que se hace sentido común en los medios donde se propagan permanentemente esos valores, amén de considerar como ciertas, como verdad revelada  lo que dicen una y otra vez los grandes medios, otorgándole esa potestad y sustituyendo el pensamiento propio, el razonamiento crítico que como seres pensantes debemos tener.

La reforma financiera no solo modificó la rentabilidad relativa e importancia del sector sino que también tuvo significativos impactos estructurales sobre la economía real. El primero de ellos fue la caída en la inversión productiva. Al contrario de lo que ocurría durante la industrialización, no se produjo un proceso de crecimiento económico por la expansión de la inversión, sino de estancamiento y crisis, porque los recursos que deberían haber impulsado la inversión bruta fija se fugaron al exterior. Asimismo, se produjo un cambio significativo en la relación que mantenían la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública registra un crecimiento significativo entre 1974 y 1977 (año de la reforma), llegando este último año a representar el 84% de la inversión privada. A partir de allí, comienza a declinar con respecto a la inversión privada, representando un 59% de la misma en 1984.Por otra parte, la creciente incidencia de la inversión privada tuvo su origen en los recursos estatales y no en el capital propio de los sectores privados, que reorientaron sus fondos al sector financiero.

Finalmente, la instauración de la valorización financiera produjo en múltiples aspectos una conmoción en la producción industrial, que fue ciertamente negativa y la desplazó como la actividad central del proceso de acumulación de capital. Durante la dictadura se registra un proceso de involución industrial que se expresa no solo en una pérdida de incidencia de este sector en la actividad económica global congruente con una disminución del número absoluto de las plantas fabriles y de la ocupación (se redujo en un tercio); sino que al mismo tiempo se registraron modificaciones muy significativas dentro de la propia estructura industrial, donde las producciones que habían liderado la expansión industrial de los años ’60 y ’70 (el complejo metalmecánico) cedieron lugar a un conjunto de bienes intermedios (químicos-petroquímicos, aluminio, papel, cemento, acero) que se expandieron o disminuyeron su producción a un ritmo menor que la economía en su conjunto debido al impacto que la promoción industrial tuvo durante esos años.

Como se desprende de lo expuesto, la autoridad monetaria jugó un papel clave en la conformación de la tasa de interés interna, del costo del endeudamiento externo del sector privado y, por lo tanto, del diferencial entre las tasas de interés interna e internacional. En el mismo sentido, su propio endeudamiento externo, así como las reservas disponibles, fueron vitales para la expansión de las fracciones dominantes del capital local y extranjero. Posteriormente, el Estado también se hizo cargo de una parte significativa de la propia deuda externa –y de la interna– del sector privado y, al mismo tiempo, otorgó ingentes subsidios y transferencias hacia los integrantes del nuevo bloque de poder que se canalizaron mediante la sobrevaluación de las compras de bienes y servicios, así como a través de los regímenes de promoción industrial. En suma, se consolidó un nuevo tipo de Estado que, una vez dirimida la puja entre el capital y el trabajo (represión mediante), asumió un papel decisivo en las transferencias intra e intersectoriales del excedente y, en consecuencia, en la formulación del nuevo bloque de poder dominante.

EL SISTEMA FINANCIERO ACTUAL

El sistema financiero engendrado por la dictadura cívico-militar siguió vigente todos estos años, incluso con los gobiernos kirchneristas. Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la República  el 25 de mayo de 2003, en las elecciones había salido segundo con el 22,25% de los votos (la tasa de desocupación abierta de mayo 2003 fue del 25%, tenía menos votos que desocupados), pero al no presentarse en la segunda vuelta el ex Presidente de la Nación y nuevamente candidato Carlos Menem, pudo asumir la presidencia de la República

Por un lado mantuvo el tipo de cambio alto y como las exportaciones superaban a las importaciones, el  Banco Central compraba divisas para acrecentar las reservas internacionales e impulsar mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas anuales en torno al 9% del PBI.

Las políticas implementadas fueron exitosas, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la deuda soberana de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico (sustituyendo título en moneda extranjera por moneda nacional). Con la crisis de diciembre de 2001, la Argentina había entrado en suspensión de pagos (default) de su deuda externa. Este default ha sido el más largo de la historia financiera moderna e implica fundamentalmente la cesación de pagos de capital e intereses de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado (deuda soberana). A fines de 2004, la deuda externa total alcanzaba los 178 000 millones de dólares. ​Se reestructuraron deudas por un valor equivalente a 62 500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a 35 300 millones de dólares. Como consecuencia de la reestructuración, el componente en pesos de la deuda pasó del 3 al 37 %.

Paralelamente se propuso una quita del 65% de la deuda, que implicaría una disminución de 61.350 millones de dólares sobre el capital, que se reduciría así a 20.450 millones de dólares. En junio de 2004, llega a un acuerdo con Organismos Internacionales y de los gobiernos de los tenedores de bonos en el exterior y se reconocieron los intereses atrasados.

Pese a que los Presidentes del BCRA fueron Alfonso Prat Gay y Martín Redrado, no les dejó vender un solo dólar con lo que acumuló reservas internacionales y el 3 de enero de 2006, la Argentina abonó totalmente su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares, para lo cual utilizó parte de las Reservas Internacionales generadas, mediante la colocación de un Bono del Tesoro intransferible en el BCRA.

Las reservas internacionales pasaron de U$S 14.000 millones en mayo del año 2003 a más de U$S 47.000 millones en el 2007.

La tasa de crecimiento del PIB que fue en torno al 9% anual en la Presidencia de Néstor Kirchner, dado el conflicto con el campo y luego el comienzo de la crisis internacional de subprime (hipotecas segunda y terceras para generar créditos y la venta de esas carteras, sobre todo en los EEUU), el PIB del año 2008 se incrementó solo en un 4,1% y en el 2009 descendió 6% en un marco de  aumento de los precios internos.

El marco era el conflicto con la Mesa de Enlace, pero el tras fondo era el cuestionamiento del modelo kirchnerista que impulsaba a como diera lugar el crecimiento del gasto público, tanto en obras, como en subsidios, y como gasto en general para generar demanda y de esa manera aumentar la oferta para satisfacerla.  El problema no era en realidad que el modelo de acumulación hubiera estado sobre expandido por los aumentos salariales y el gasto público, si no que el modelo enfrentó la restricción de falta de inversión y fuga de capitales, generados por los que obtienen súper ganancias porque fijan los precios.

Según la revisión de los datos estadísticos realizados en el año 2016 por el INDEC dirigido por Jorge Todesca, en el año 2009 el PIB cayó un 6%, pero en los años 2010 y 2011 volvió a crecer un 10,3% y un 6,2% respectivamente.

La política de “tirar” la Demanda Agregada vía gasto público y ante la reticencia inversora privada permitía que el PIB se acrecentara nuevamente a tasas chinas, pero a costa de un menor superávit comercial (de 12.042 millones de dólares en el  2010 y de 10.347 millones en el 2011) y de un déficit fiscal de 2.297 millones de pesos en el 2010 (0,7% del gasto total de la Administración Nacional) y de 42.886 millones de pesos (2% del PIB) en el 2011.

El resultado de la política económica logró que la economía creciera, generara empleos y mejorara su remuneración y con ello, la participación de los asalariados en el ingreso, que no sucedía estructuralmente desde 1974.  Se había dado solución al tema de la deuda externa y se había pagado lo adeudado al FMI, liberándose de su tutela y de rendiciones de cuenta y planes restrictivos, logrando afianzar la soberanía fiscal, monetaria y cambiaria y esa fue, a su vez, la razón por la que no se hizo la reforma financiera.

En el gobierno de Cambiemos ingresaron dólares financieros: toma de deuda, blanqueo de capitales (unos U$S 9.522 millones), etc. pero en forma sistemática, se fugan por un lado, por U$s 86.200 millones desde el 17 de diciembre 2015 al 27 de octubre de 2019 y, por otra parte, si bien se logró operar con superávit comercial, la Cuenta Corriente fue deficitaria por el pago de los intereses de la deuda. Los 100 primeros compradores de dólares que son empresas, habían comprado 24.769 millones de dólares en ese lapso, ninguna de esas 100 empresas puede demostrar en sus Estado Contables presentados ante la AFIP y ante la Comisión Nacional de Valores de donde detrajeron los recursos para hacer esas compras.

La AFIP  debía y debe investigar los movimientos bancarios de esas 100 empresas, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino. Asimismo la AFIP debería fiscalizar los saldos contables  en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias – nacionales y/o offshore – estaban esas tenencias.

El grado de “silencio” amparado en el secreto fiscal de la ley 11.683 de Procedimiento Tributario[5] y el secreto financiero de los artículos 39 y 40 de la ley 21.526 de Entidades Financieras, permite que los evasores sigan impunes y es más, esas 100 empresas y las otras 100 que la siguen en las compras de dólares al tipo de cambio oficial en la gestión de Macri, hace que sea el pueblo argentino a través de la reducción del presupuesto nacional (menos pagos a los jubilados y pensionados, menos salud, menos educación, menos obra pública, etc.) el que pague esa deuda.

Imposibilitado de tomar créditos en el exterior, el gobierno de Alberto Fernández afrontó la lucha contra la pandemia del covid gracias al sacrificio de su personal de salud y de asistencia a la población.  El costo fiscal fue enorme, hubo que reconvertir hospitales, equiparlos, etc., etc. De manera tal que el déficit primario de la Administración Nacional (se excluye el pago de intereses de la deuda) fue del 6,37% del PIB (es en pesos pero equivalente a unos 25.000 millones de dólares), que se financiaron en el año 2021 y hasta le presente con reducción del gasto y colocando deuda en pesos de corto plazo.

El stock de títulos de deuda en pesos asciende a más del 10% del PIB, con el agravante que más de la mitad de esa deuda vence de acá a fin del año 2022

Los títulos de deuda del Tesoro en el mercado local están en poder de puñado de empresas, empresarios, y administradores de las empresas que están en lugares claves del modelo extractivista agropecuario exportador, que son los que fijan los precios de los principales productos (alimentos, acero, aluminio, combustible, medicamentos) y que son a la vez, básicamente, las mismas empresas y las mismas personas que aparecen en el listado de la nota titulada “Los 100 de Macri” del 24 de mayo de 2020 y “Ahora las personas” del 31 de mayo de 2021 de El Cohete a la Luna.

A la deuda del Tesoro de la Nación se le debe sumar el pasivo financiero del BCRA (pases pasivos, Leliq y Notaliq) que suman al 8 de julio 2022, 7 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a 52.000 millones de dólares), superando ampliamente a la Base Monetaria (dinero creado y puesto en circulación por el BCRA) que es a esa fecha de 4,2 billones de pesos.  Prácticamente el 60% de sus tenedores son bancos privados (Santander, BBVA, Galicia, Macro, Credicoop, Citi, HSBC, Patagonia, Supervielle, ICBC), en los cuatro primeros nombrados tiene participación Blackrock.

PROPUESTAS SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO

1) Levantar los Secretos Fiscal, Financieros, y Bursátil y facultar a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación -ley 27.249, para que investigue y determine la evasión y la fuga de capitales en la Argentina, al menos desde la gestión de Cambiemos.

2) Anular la facultad que le otorga la Ley 24.144 de C.O. del BCRA de que los dólares que el BCRA le compra al Tesoro de la Nación, por endeudamiento de la Administración Nacional y como el Estado paga mayoritariamente sus gastos en pesos (bienes y servicios, contratos, licitaciones, salarios, jubilaciones y pensiones) y solamente la deuda externa es en divisas, termina vendiéndole al BCRA mayoritariamente esos dólares por pesos y, el BCRA en lugar de tener prohibido transferir los dólares generados por la deuda del Estado, le vende esos dólares a los bancos, financiando la fuga de capitales.

3) Fortalecer la capacidad del BCRA para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero. De acuerdo con este esquema, la principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito, así como agilizar las transacciones económicas en clara línea con una preocupación por estimular la demanda.  En ese sentido se exige mantener una relación cifrada en 5% entre el capital de la entidad y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo, de ese modo, las entidades financieras aumentan su capital si el volumen de operaciones así lo justifica. Con esta medida el BCRA busca fomentar la cantidad de préstamos otorgados al sector productivo a través de facilitar las condiciones para las instalaciones de nuevas entidades financieras.

4) Fortalecer el rol de superintendencia de las entidades financieras y cambiarias del BCRA.  Para ello se debe conformar una mesa de coordinación institucional con  la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal; el Ministerio de Seguridad; la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central de la República (BCRA); la Comisión Nacional de Valores (CNV); la AFIP; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social;  y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
La SEFyC junto a la UIF y el resto de los reguladores, intensificaron las ruedas de monitoreo, cruces de información, fiscalización en oficinas de negocios y formulación de denuncias penales a través de Procelac controlando los mercados paralelos e identificar el entrelazamiento entre el sistema económico formal y diferentes circuitos de circulación de capitales procedentes de las economías informales o clandestinas

5) Restablecer el Art. 6to de la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “Subversión Económica”, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.

6) Modificar la ley 21.526 de Entidades Financieras para que la actividad sea de interés público nacional que preserva el carácter privado de la misma y su sometimiento a un régimen preponderantemente de derecho privado, pero obliga a las entidades a aceptar la aplicación de una intensa regulación y fiscalización estatal dado que ellos administran ahorro del público y debe ser orientado a financiar la producción y el trabajo y no a actividades especulativas de ningún tipo.

7) Es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente a los sectores de la población que, principalmente está conformado por los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los trabajadores que perciben remuneraciones por menos del promedio y, a las pequeñas y medianas empresas y al Estado.  Para ello el Profesor Sergio Arelovich coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), propone transformar el stock de LELIQS en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la  tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privado y estatal.

8) Restablecer el Decreto 2.581/1964 (Emergencia Cambiaria) que faculta al BCRA a imponer plazos de liquidación de las exportaciones (y desde el embarque y no por declaración jurada), así como los pagos de importaciones con financiación a plazo que carezcan de aval bancario o crédito documentario, letras u otros documentos, debían ser previamente justificados ante el Banco Central. En el artículo 5to. Del Decreto 2581/1964 sostiene que: La ejecución de las remesas de divisas extranjeras por otros conceptos no previstos expresamente en este Decreto, serán regladas por el Banco Central de la República Argentina el que conforme a la naturaleza de las mismas fijará los límites correspondientes.

9) Que las empresas y las personas que compraron dólares demuestren fehacientemente el origen de los fondos.

10) Que todos los que operan en el Contado con Liqui o en el dólar Bolsa (MEP -Mercado Electrónico de Pago) exhiban la procedencia de los recursos y si pagaron los impuestos correspondientes

11) Que el BCRA en el marco de la emergencia cambiaria acreciente las reservas internacionales y que programe su utilización con fines públicos, y a la vez, exija que las grandes empresas se autofinancien, incluso proponer para ello la derogación de la ley 21.382 de Inversiones Extranjeras del 13 de agosto 1976.

12) Aplicar la ley 19.359 Penal Cambiaria y el Decreto No. 480/1995 que la ordena y que afirma en su artículo 1ero: Serán reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley:

a) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones;

b) Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto;

c) Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio;

d) La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas de las denunciadas;

e) Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor;

f) Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios.

Y las penas van de  a)  Multa de hasta diez (10) veces el monto de la operación en infracción, la primera vez; b) Prisión de uno (1) a cuatro (4) años en el caso de primera reincidencia o una multa de tres (3) a diez (10) veces el monto de la operación en infracción; c) Prisión de uno (1) a ocho (8) años en el caso de segunda reincidencia y el máximo de la multa fijada en los incisos anteriores.

[1] Eufemismo que oculta el interés del capital más concentrado y que en la Argentina significan las grandes corporaciones empresariales

[2] Durante todo el gobierno de la dictadura cívico-militar la inflación anual fue de tres dígitos

[3] Domingo Felipe Cavallo estuvo como Presidente del BCRA por 49 días al solo efecto de traspasar la deuda mediante los seguros de cambio al Estado

[4] Hoy reconvertido en AEA  (Asociación Empresaria Argentina)

[5] A través del artículo 101 de la Ley 11683, se dispone que las declaraciones juradas de contribuyentes y responsables o terceros ante AFIP son secretas y que los terceros que divulguen dichas informaciones incurrirán en la pena del Art. 157 del Código Penal

^{Radio Gráfica - 16 de julio de 2022}