A diferencia de Paul Singer, el magnate que doblegó a la Argentina desde su fondo buitre y que hizo las paces con Donald Trump tras haber patrocinado a sus oponentes en la interna republicana, Larry Fink es un correcto demócrata que podría haber sido secretario del Tesoro si ganaba Hillary Clinton en 2016 y que sorprendió en enero al anunciar que, aun como banquero, iba a combatir el calentamiento global. Fink tiene 67 años y dirige Blackrock, fondo que administra un capital de más de 7 billones de dólares, una masa de dinero que jamás nadie había juntado y que equivale a quince veces lo que produce al año la economía argentina. Él y los jefes de otras gigantescas vaquitas llamadas Vanguard, Ashmore, Gramercy y Fidelity son quienes disputan con Martín Guzmán el partido más importante del año, hasta la aparición estelar del Covid-19: la reestructuración de la deuda pública que el Fondo Monetario definó como “insostenible” y que Mauricio Macri acrecentó a un ritmo sin precedentes en la historia.

Fink independizó su fondo en 1995 de Blackstone, por entonces la mayor administradora privada de acciones del planeta. Pero su criatura recién empezó a crecer después de la crisis estadounidense de 2008, cuando explotó la burbuja hipotecaria que se había inflado durante la década previa. Visto desde Argentina hay algo de ironía en que esa acumulación originaria se haya montado sobre un default generalizado: el colapso de aquellas hipotecas impagables para los yanquis con salarios mínimos –a quienes les habían hecho creer que podían tener casa, auto, salud y universidad– fue también el crac de los derivados financieros que se habían montado sobre ellas para maximizar la ganancia de los prestamistas. Y claro, el de los bancos que ofrecían esos derivados y a la vez los compraban.

A esa lluvia de meteoritos que terminó con los dinosaurios de Wall Street –con episodios como la quiebra de Lehman Brothers y el rescate estatal (¡oh, Milei!) de otros como el Citi y Merrill Lynch– le siguieron dos medidas que, en cualquier otra latitud, la Casa Blanca repudiaría por populistas: una regulación más estricta de la banca para que no volviera a sobregirarse y una masiva impresión de dólares. Fue en ese sustrato donde florecieron fondos como Blackrock o Fidelity, el que ganó la pulseada del verano contra Axel Kicillof por la deuda bonaerense. Fondos que, lejos de la lógica buitre, prefieren activos relativamente seguros y no persiguen juicios ni embargos de fragatas en puertos africanos. Pero no dejan de ser fondos de inversión, cuyo fin último es multiplicar la plata de sus cuotapartistas.

Son los llamados “index funds” o “inversores pasivos”, que no juegan a ganarle al mercado sino a empatarle. En vez de cobrar un 2% anual del capital administrado y un 20% de las ganancias que consiguieran, como los típicos hedge funds para millonarios, simplemente reparten la plata entre acciones de todas las empresas que componen un índice (como el S&P500) o entre bonos de todos los países que integran determinada categoría (como los denominados “emergentes” o los “mercados de frontera”). Y apenas cobran 0,5% del capital que manejan al año. Hacen como quien juega a color o a docena en la ruleta o como quien reparte fichas por todos los números. No se gana tanto como en un pleno, pero el riesgo también es menor.

Su auge no fue casual. Mientras obligaba a la banca tradicional a achicarse, dividirse y tomar nuevas precauciones, Ben Bernanke prendió al máximo la maquinita de la Reserva Federal e imprimió casi la mitad de la masa de dólares que circulaba hasta entonces. El Banco Central Europeo lo siguió. Eso hizo subir por un lado el valor de las acciones y bonos de modo constante durante años y desincentivó por otro lado el ahorro, al aplastar las tasas de interés. Los que igual ahorraban ya no pudieron ni quisieron pagar las onerosas comisiones que siempre cobraron los asesores de Wall Street, porque los rendimientos eran porcentualmente menores y porque ya no hacía falta ser un experto para ganar plata.

Un verdadero trampolín para tipos como Fink. En doce años, el poder cambió de manos: los diez mayores bancos de Wall Street valen 6% menos que en 2007 y los activos de BlackRock, Vanguard, State Street Inc y Fidelity se duplicaron desde 2009. Juntos, esos cuatro monstruos administran 16,5 billones de dólares en activos. Unas 37 veces lo que produce Argentina en un año. Eso incluye bonos y acciones pero también reservas de litio en Australia y México, minas de cobalto en el Congo, gigantescas extensiones de campos en el Amazonas y miles de departamentos en capitales europeas. Es plata que guardan para su retiro enfermeras y abogados del primer mundo, pero también parte de la fortuna de financistas como Warren Buffet –quien elogió varias veces a los index funds–, jeques árabes y magnates rusos.

los nuevos patrones de la vereda de
wall street manejan tanto dinero que
son pocos los activos en los que no hayan
invertido. en argentina aterrizaron cuando
todavía gobernaba cristina fernández, quien
apuntó contra blackrock en un discurso de
2014 por su decisión de cerrar donelley,
megaimprenta que le había comprado
al fondo buitre de singer.

me no hablar español

En su carta abierta de enero, además de predicar por la “sostenibilidad ambiental” de las empresas, el CEO de Blackrock se manifestó a favor de un “capitalismo más inclusivo”. Pero del mismo modo que su súbito ecologismo choca con que todavía sea el mayor inversor del planeta en generación de electricidad a carbón y principal accionista de petroleras como Total, su vocación reformista de los abismos sociales del capitalismo se pone en tensión ante las más elementales disyuntivas políticas. Así como la comprensiva Kristalina Georgieva no dudaría en exigir los mismos recortes presupuestarios que su antecesora Christine Lagarde si creyera que son políticamente viables y si no hubiera recibido la instrucción del Tesoro de darle un semestre de respiro a Alberto Fernández, sería ingenuo esperar que Fink se conmueva por la exclusión de los niños wichis que mueren deshidratados por la falta de pozos de agua en el Chaco salteño, aunque esos pozos se hayan postergado para pagar intereses de la deuda. Negocios son negocios.

Un buen test fue la asunción del centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México. Con su antecesor, el conservador Enrique Peña Nieto, Blackrock venía haciendo negocios jugosísimos como la privatización parcial de Pemex (Petróleos Mexicanos) o el manejo de los fondos de pensión. A fines de 2013, el propio Fink definió a la azteca como “una historia de crecimiento increíble” y exageró: “Si tuviera 22 años y no supiera qué hacer de mi vida, me mudaría a México porque creo que ofrece oportunidades enormes”. Pero cuando ganó AMLO, que había advertido en campaña sobre la “mafia financiera de cuello blanco”, Blackrock advirtió sobre el “riesgo geopolítico” que encerraba el recambio.

La tensión duró poco. El propio Fink se reunió con López Obrador a pocos meses de su asunción y ambos bajaron los decibeles de la disputa. La privatización de Pemex no se revirtió. La de los fondos de pensión tampoco.

En rigor, los nuevos patrones de la vereda de Wall Street manejan tanto dinero que son pocos los activos en los que no hayan invertido. Aunque en proporciones pequeñas, aterrizaron en Argentina cuando todavía gobernaba Cristina Fernández, quien apuntó contra Blackrock en un discurso de 2014 por su decisión de cerrar Donelley, megaimprenta que le había comprado al fondo buitre de Singer y que después sus 400 obreros consiguieron reabrir con el nombre de Madygraf. Antes de ese choque, seducida por la quimera de Vaca Muerta, la tropa de Fink había comprado acciones de YPF y bonos argentinos. Incluso se presentó como amicus curiae en el juicio de los buitres contra el país y dio testimonio ante el juez Thomas Griesa de la voluntad de pago oficial.

El desembarco masivo de los fondos en Argentina fue, por supuesto, con Macri. Así como los grandes hedge funds dependientes de bancos y aseguradoras (PIMCO, Goldman Sachs, JP Morgan o Ashmore), los inversores pasivos se tentaron con los rendimientos que ofrecía Luis Toto Caputo, viejo lobo de Wall Street que sabía muy bien qué venderles. En un mundo de dinero semigratuito, donde un tercio de la deuda soberana con grado de inversión paga tasas negativas (quien compra hoy un bono alemán de 100 euros, por ejemplo, cobra 97 euros dentro de 10 años), Caputo era un soltero codiciado: representaba a un gobierno que decía todo lo que los acreedores querían escuchar, que había heredado una deuda baja en relación a su PBI y que pagaba un interés del 8% anual en dólares. Bolivia y Brasil, mientras tanto, rendían menos de la mitad. Chile y México, menos de la cuarta parte.

Fink incluso aterrizó en Buenos Aires en octubre de 2016 y se reunió con Macri, tras lo cual lanzó un índice que replicaba la trayectoria de acciones líderes argentinas que cotizan en Nueva York, como Mercado Libre, Tenaris, YPF, Galicia, Macro, Telecom, Pampa Energía, Arcos Dorados y Adecoagro. Se llamaba “iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF” y generó una breve garúa de inversiones, rentable para quienes entraron y salieron a tiempo aunque casi sin impacto en la economía real. En todas esas compañías locales, los nuevos barones de las finanzas todavía mantienen pequeñas participaciones accionarias.

El colapso del plan económico de Macri en 2018 no los amilanó. En enero de 2019 Blackrock abrió su oficina en Buenos Aires, la cuarta en Sudamérica después de San Pablo, Bogotá y Santiago de Chile. Está entre las sucursales más chicas de las setenta que posee, pero no deja de ser una presencia física con la que solo distingue a treinta países. Como para todo banco de inversión, y especialmente para un index fund, el engranaje clave de su negocio no son sus 13.000 empleados sino sus algoritmos, sus plataformas y sus robots operadores.

¿y si es mejor defaultear directamente,
sin desgastarse durante meses? hay
empresarios que lo sugieren al oído de
cristina y a veces parece decirlo también
alberto, aunque luego haga otra
seña en sentido contrario.

Es con todes

Desde que Martín Guzmán anunció su intención de reestructurar la deuda sin dejar de pagarla, los financistas buscan argumentos para explicar un optimismo que se pondrá a prueba en los próximos dos meses. Primero destacaron que, a diferencia de lo que ocurría en la renegociación 2002-2005, esta discusión es “entre profesionales” y no incluye a los jubilados japoneses ni a los ahorristas italianos y alemanes que empantanaron las gestiones de Guillermo Nielsen y Roberto Lavagna en aquellos años. Luego adujeron que, tras el juicio de Griesa, los bonos se emitieron con cláusulas de acción colectiva para impedir que una minoría bloquee la reestructuración. Finalmente, una vez que el ministro eligió a los bancos que gestionarán el canje, varios advirtieron que el HSBC, Lazard Frères y el Bank of America no se meterían en un negocio así si no tuvieran garantizado un final amistoso. Ni siquiera por los 60 a 100 millones de dólares en comisiones que promete.

Durante enero y febrero, más allá del reality show que montó Kicillof en torno al vencimiento del bono BP21 (que terminó pagando), la City se mostró casi todo el tiempo confiada en que no habría default. El Gobierno, razonaban allí, procuraría evitar otro asedio de los buitres como el de 2014 y 2015. Por eso, concluían, Alberto Fernández no había dejado de pagar apenas asumió. Si hubiera cortado el chorro, los precios de los bonos argentinos se habrían desplomado al punto de hacerlos atractivos para los expertos en el arte de comprar basura y convertirla en oro.

En realidad era un juego de policías buenos y policías malos. “Pactemos una quita baja y arreglen con nosotros, porque de lo contrario nos veremos obligados a vender todo, los bonos se van a derretir y después ustedes van a tener que negociar con una pistola en la cabeza”, sugerían los enviados formales y los lobistas ad hoc que recibieron durante todo febrero en la Secretaría de Finanzas y que Guzmán esquivaba como Nicolino Locche a sus rivales.

Para Javier Timerman, hermano del excanciller y financista en Wall Street desde hace tres décadas, el abismo que todavía separa a los acreedores del deudor es que, para los primeros la Argentina tiene un problema de liquidez y para el Gobierno es de sostenibilidad. Es decir, de solvencia. “Mientras eso siga así, los bonistas van a seguir proponiendo soluciones de liquidez, que son muy distintas a las que requiere un problema de solvencia”, arriesga ante la consulta de crisis. La principal diferencia es que unos se enfocan en el largo plazo y otros en el corto. “Igual puede pasar cualquier cosa, porque el arte de la negociación es acercar esas posiciones”, aclara.

El exviceministro de Economía de Cristina en la época de Kicillof, Emmanuel Álvarez Agis, esta entre los que creen que conviene un acuerdo y que ese acuerdo debe apuntar a reabrirle al país el mercado de crédito soberano. Es decir, volver a pedirles prestado a los privados en un plazo no muy largo. “De no reducirse la carga de intereses, no hay margen para que la economía crezca”, advirtió a fines de febrero en un informe para los clientes de su consultora. Agregó que “el acuerdo y el posterior programa macroeconómico (posiblemente, de la mano del FMI) deberá permitir retomar el acceso al mercado internacional de capitales, al revés de lo que pasó en las reestructuraciones de los 2000. De no ser así, sería imposible financiar los vencimientos de capital una vez pasado el período de gracia y los años de reperfilamiento”.

¿Y el Fondo? Después de conceder lo que pedía Guzmán (la declaración de que la deuda argentina es “insostenible” y la sugerencia de que debe renegociarse con “una quita apreciable” por parte de los privados), se mantuvo en un prudente silencio respecto de sus propias acreencias. Lo más probable es que patee hacia adelante los vencimientos de los próximos tres años. Pero no será sin condiciones, aunque el Gobierno asegure lo contrario. De hecho, la suspensión de la fórmula de actualización automática de las jubilaciones y la suba de retenciones eran dos de sus sugerencias por escrito antes de que Macri perdiera primero el rumbo y después las elecciones.

¿Puede haberse quebrado el frente único del FMI con Wall Street? ¿Acaso el Tesoro de Estados Unidos, único país con poder de veto en el directorio del Fondo, está dispuesto a dejar que pierdan plata las enfermeras y los magnates que pusieron sus dólares en las vaquitas de Vanguard y Blackrock? ¿Tanto rédito le puede sacar Alberto a su alineamiento con Donald Trump en Medio Oriente? ¿Tan rentable le puede resultar autopromocionarse como un oasis de gobernabilidad en el convulsionado Cono Sur? ¿No es el mismo FMI que hundió a Grecia sin contemplaciones en la peor crisis social y económica que haya vivido un país sin haber atravesado una guerra?

Para Claudio Lozano, economista al que Fernández designó como director del Banco Nación pero que no oculta sus desacuerdos con Guzmán respecto de la deuda, hay varias diferencias. “Por un lado el FMI no estaba tan expuesto crediticiamente con Grecia ni había violentado sus normas como sí lo hizo en Argentina. Por otro, Argentina puede recuperarse sin el FMI y sin los bonistas, como ya lo hizo una vez marcando un precedente complicado para ellos. Y tercero, Grecia para salir no solo tenía que romper con el FMI sino también con el euro. Y políticamente no podía”, definió.

La cuestión es qué conviene, tanto para las perspectivas de revertir la depreflación que dejó Macri como para la ratificación del Frente de Todos en las elecciones de medio término del año próximo: si un acuerdo con quita modesta y menos crecimiento o un default, total o en cuotas, que libere recursos para esa reactivación. Lozano, por ejemplo, sostiene que la deuda debería auditarse antes de renegociarse y que haber salteado la auditoría fue un error de Guzmán. Lo mismo dijo en Cuba Cristina Fernández de Kirchner. ¿Juegan también al policía bueno y policía malo el presidente y la vice? ¿O diferencias de criterio que existen salieron a la luz por un instante?

El miedo que irradia el default es temor al aislamiento financiero que enfrentarían las empresas locales, los engorrosos embargos y bloqueos que sobrevendrían para las cuentas oficiales y la potencial pérdida de otro punto y medio de actividad, después del 5% que retrocedió el país en solo dos años. Ahora en el centro de todas las miradas, Guzmán jugó lo suficientemente callado durante sus primeros tres meses como para sobrevivir a cualquier resultado, o al menos intentarlo. Metódicamente, evitó adjetivar cualquiera de los dos escenarios posibles. Otros economistas que hablan al oído de Alberto y que lo conocen desde mucho antes, como el jefe del Banco Central, no creen que sea el fin del mundo ni de su gobierno. Miguel Pesce se lo comentó incluso en marzo a un banquero local: en el contexto de la crisis global que desató el coronavirus, cada dólar que pague Argentina de deuda en los próximos años es un dólar menos que crecerá su PBI.

¿Y si es mejor defaultear directamente, sin desgastarse durante meses? Hay empresarios que lo sugieren al oído de Cristina y a veces parece decirlo también Alberto, aunque luego haga otra seña en sentido contrario. La experiencia del rebote posdevaluación, aun en un contexto externo muy distinto, abona esa hipótesis. Y es cierto que entonces había otros factores más favorables, pero no hay que exagerar el superciclo de las commodities: hasta 2006, la tonelada de soja se mantuvo siempre por debajo de los 320 dólares promedio del primer bimestre de 2020.

¿Y el Nunca Más de la deuda? Después de 23 acuerdos con el Fondo y ocho cesaciones de pagos, da la sensación que solo pasará de un slogan cuando algún endeudador vaya preso. No parece para nada probable.

^{Revista Crisis - 26 de marzo de 2020}