Las modificaciones tecnológicas, sociales y económicas que el audiovisual ampliado experimenta en la era de la convergencia de las comunicaciones no encuentra marco regulatorio, a pesar de que esto se vuelva tan necesario como urgente.

La combinación de desarrollo técnico, uso social expandido y búsqueda de modelos de negocios ponen al sector en constante mutación. Todos los jugadores del mercado se mueven. Las audiencias también. EL Estado debería hacerlo, antes de que sea tarde.

Más de un año después de la declaración de “pandemia” para el coronavirus, los países se asomas a su segunda o tercera ola y las vacunas se demoran por razones múltiples y combinadas. Los análisis estadísticos sobre el modo en que la crisis afectó al sector audiovisual se superponen con las novedades que el mercado ofrece. Y con las dinámicas que esas disputan exponen. Mientras tanto los reguladores no hacen foco.

En 2020 asomaba la pregunta sobre dónde iba la industria audiovisual mientras estábamos en casa. Llamaba la atención cómo la pandemia disparaba la curva del streaming, multiplicaba el consumo y las grandes plataformas aceleraban sus estrategias en la disputa del mercado global. Los datos exponen que el mercado superó los mil millones de suscriptores a nivel global. La oferta se multiplica y atomiza con novedades casi cotidianas, pero la reacción estatal llega hasta la cuestión impositiva. Regular equivale a cobrar impuestos, instrumentos que se cargan, finalmente, en las audiencias. Es hora de pensar integralmente.

Como ya fue planteado, los usos sociales del audiovisual que se expanden muestran la convivencia de una serie de fenómenos: fragmentación de los públicos a partir de la oferta, crisis de niveles de consumo masivo, diversidad de tiempos de visionado (permitido por Internet y expandido en los jóvenes), interacción vía redes sociales para discutir los contenidos, entre otros.

La mayoría de las actividades que habilitan esas prácticas y generan esos efectos no está regulada, como tampoco se ve encuadrado el proceso de distribución ni el modelo de negocios, que crece y no se enfoca únicamente en el entretenimiento.

En Argentina, por ejemplo, crece la tendencia de portales y medios tradicionales informativos de puro texto que se expanden hacia el audiovisual ampliado, una paleta de estrategias e incertidumbres para actores regulados y no regulados. ¿Será el próximo debate?

Desde la consolidación del proceso de comunicaciones convergentes, las derivas de la producción, distribución, puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado del tal modo que resulta clave la acción de los estados. Deben administrar el derrotero para garantizar el derecho a la información en todas sus dimensiones.

El aspecto sociocultural de la convergencia nos ubica en un estadio en que las prácticas y lógicas de comportamiento de las audiencias no distinguen entre “qué es y qué deja de ser televisión”, pero sí en las posibilidades de elegir qué ver a partir de las ofertas que se reciben. Por eso, resulta central que se piense en un sentido amplio el sector audiovisual. Y que sea articulado por normativas que potencien desarrollos locales y diversidades.

El modo en que la pandemia afectó a este mercado exige indagar más que en datos de rating y suscripciones. ¿Cuantos procesos se aceleraron? ¿Qué eslabones de la cadena productiva audiovisual quedaron más débiles? ¿Cómo reaccionan sus jugadores frente a ello?

Hace algunos días, se configuró una entidad que nuclea a operadores de TV Paga de distintos países de América Latina, entre ellos, Argentina. El objetivo es gestionar el equilibrio en el mercado, la igualdad en el acceso a los contenidos y la equidad de las normas y leyes que regulan el sector. En la descripción de la crisis que atraviesa, se destaca “el empobrecimiento constante del contenido de los canales que nos comercializan, direccionando las mejores series y películas hacia sus plataformas que les permiten llegar en forma directa al consumidor”. Es decir, además de los problemas económicos -fruto de la retracción del consumo por la pandemia y los costos-, preocupa el modo en que los productores de contenidos reaccionan al proceso de mudanza de las audiencias y el futuro del eslabón de la cadena.  

Cómo analiza el consultor Enrique Carrier, era esperable que la estrategia de los productores de contenidos televisivos de llegar directamente al público trajera un conflicto con lo que fue su histórico canal: los operadores de TV paga.

“La tendencia de los proveedores de contenidos a llegar en forma directa al consumidor seguirá fuerte, tal como lo demuestran las iniciativas de Disney, HBO, Paramount y tantos otros, pero esta atomización de la oferta es también la oportunidad para los operadores de TV paga de convertirse en agregadores”. El fenómeno que describe Carrier incluye actores y actividades reguladas y alcanzadas por exigencias impositivas, de producción y cuotas, y otros extentos y otras exentas.

Más allá de la cantidad de clientes, la facturación y los impuestos, otro foco en el que los reguladores deben pensar es la presencia de contenidos locales en las grandes plataformas audiovisuales.

La generación de productos audiovisuales nacionales resulta muy poco significativa y relevante para las plataformas globales, aunque existe demanda de contenido local en los operadores audiovisuales de diferente índole.

A la hora de proponer políticas para mejorar la situación, quizá no haya que enfocarse solamente en cuotas de pantallas. Será central el diseño de estrategias para garantizar presencia de contenido local en relación a la capacidad productiva de los países y su visibilidad: que el contenido esté a la vista de las audiencias.

El futuro se escribe en tiempo presente. Este mercado excluye cada vez más. El estado no puede llegar tarde.

^{Letra P - 22 de marzo de 2021}