Hasta el pasado 23 de abril, el actual gobierno español de coalición progresista surgido de las elecciones del 23 de julio de 2023 solo dependía de la aprobación de los presupuestos de 2025 a finales de este mes de diciembre y contaba, en principio, con los votos necesarios: los mismos de la moción de confianza que sustentó al segundo gobierno de Pedro Sánchez.

Ni los resultados de las elecciones autonómicas gallegas, ni las muy diferentes por su contexto político de Euskadi o Cataluña -con buenos resultados para el PSE y, según las encuestas, mejores para el PSC-, podían cambiar una correlación de fuerzas legislativa que solo depende que los diferentes partidos que votaron a Sánchez sigan creyendo que es un mal menor imprescindible para frenar el mal mayor de un gobierno PP presidido por Feijóo, con apoyo o participación de Vox, UPN y Coalición Canaria. Poco más que un mal menor, pero un abismo entre lo que hay y lo que podría haber. Por una parte, la experiencia de los gobiernos autonómicos PP-Vox con ataques a la lengua catalana-valenciana-balear, a los derechos conquistados por las mujeres, la reivindicación tácita del franquismo. Por otra pero íntimamente de la mano, la campaña de bloqueo legislativo y extraparlamentaria de la acción de gobierno progresista, el rechazo de la amnistía y su control anti-constitucional del Poder Judicial no deja mucho lugar a la imaginación de lo que haría un gobierno reaccionario con el magro pero mantenido freno al neoliberalismo más descarnado, la recuperación lenta y para nosotros insuficiente de derechos laborales y otros derechos sociales, así como la memoria democrática o las políticas de igualdad de los últimos seis años. No se trata de repetir lo que hemos explicado muchas veces en estas mismas páginas: medidas como el Ingreso Mínimo Vital han sido y son un fracaso ante la realidad de casi un cuarto de la población en riesgo de pobreza. O el mantenimiento de la ley mordaza, o la de secretos oficiales. Pero una vez más, lo que vendría con la derecha extrema incluso en terrenos con resultados tan deficientes como los mencionados, los hace casi buenos. Y sobre esa base del peligro reaccionario se han sostenido las alianzas si bien endebles entre las izquierdas y las fuerzas soberanistas a pesar del acoso y los embates de la derecha extrema y la extrema derecha.

Es de sobras conocido que el día 24 de abril los medios de comunicación informaron de la presentación de una denuncia del franquista pseudo-sindicato “Manos Limpias”, anteriormente ya condenado por corrupción, ante el juez Juan Carlos Peinado. “Manos Limpias” ha reconocido en nota de prensa que es posible que su denuncia se sustente en informaciones falsas, aunque corresponde al juez comprobarlo, no a ellos. Pero el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, con larga tradición ultraderechista, admitió la denuncia a trámite, de lo que no se informó a la Fiscalía hasta horas después de que la noticia fuera pública y se hubiera declarado secreta la causa. El Supremo no admitió una querella del rey emérito y corrupto hace tres años porque se basaba en noticias de prensa. Iguales ante la ley…

En la sesión de control del gobierno que comenzó a las 9 de la mañana de ese día, Pedro Sánchez respondió por enésima vez a las acusaciones de Feijóo sobre la existencia de corrupción en su entorno familiar y a una pregunta del portavoz de ERC, Rufián, reiteró su confianza en la justicia española, pese a todo. Y se fue a la Moncloa. Por la tarde se hizo pública una carta dirigida a la ciudadanía española es la que se planteaba si merecía la pena continuar presidiendo el gobierno del Reino de España a este coste personal y que se tomaba hasta el lunes 29 de abril para reflexionar su decisión.

Una larga estrategia reaccionaria puesta al día ante las debilidades de las izquierdas

La legislatura ha quedado en vilo y en suspenso. Al mismo tiempo, se iniciaba una movilización popular, con convocatoria socialista ante su sede de Ferraz el sábado por la mañana y una manifestación el domingo por la tarde “Por amor a la democracia” de Atocha al Congreso de los Diputados. Por primera vez desde el inicio de la legislatura, la estrategia de acoso y derribo reaccionaria de la derecha y la extrema derecha -con tintes contrarrevolucionarios de violencia puntual ante la sede socialista de Ferraz-, se va a encontrar con una respuesta en la calle. Una respuesta débil sino inexistente hasta ahora, más allá de las continuas manifestaciones en apoyo a Palestina, de manifestaciones en defensa de la sanidad pública (Andalucía) y de algunas huelgas en el sector público o en negociaciones de convenio (banca, Acerinox) de los últimos seis meses.

La estrategia reaccionaria del PP y Vox ha buscado desde el final del confinamiento del Covid impedir la constitución de una mayoría parlamentaria de apoyo a un gobierno progresista. Lo intentó todo -incluido el tanteo negociador con Junts y el PNV-, acusando al PSOE de subordinación a la “extrema izquierda” de Sumar, y sobre todo a los “delincuentes” independentistas catalanes y vascos, con especial ensañamiento con Bildu, acusado de ser el legado político del terrorismo de ETA. Pero esta estrategia, que combinó la oposición electoral y parlamentaria con la movilización en las calles, incluida la violencia, y la complicidad de sectores de la administración del estado, del empresariado y de la Iglesia Católica, acabó por fracasar el 16 de noviembre con la formación del segundo gobierno Sánchez.

Empezó entonces la segunda fase de esta estrategia reaccionaria: la parálisis de la acción progresista del gobierno para erosionar su base social, dividir a la coalición de gobierno y a la mayoría parlamentaria que lo apoyó y forzar la convocatoria de elecciones anticipadas. A ella se han vuelto a sumar los sospechosos habituales, a los que se trató de apaciguar sin éxito, en especial del poder judicial, pero también otros poderes y aparatos, como la siempre presente Iglesia Católica por medio del obispo de Alicante-Orihuela. Feijóo, el hombre que había llegado a Madrid para moderar a las fuerzas conservadoras, se convirtió en el ejecutor reaccionario, en competencia con Ayuso y Abascal, de la compleja estrategia de “huelga nacional” diseñada por Aznar con la consigna: “el que pueda hacer, que haga”.

La facilidad con la que los sectores conservadores, reaccionarios y contrarrevolucionarios, con sus propios intereses y perfiles, con la melancolía del legado franquista, han adoptado una estrategia tan compleja a todos los niveles institucionales y de la sociedad civil, no debería sorprender. De hecho, hay una línea de continuidad desde 1935 y la constitución del bloque CEDA, Agrarios y Monárquicos, que sumaría después a falangistas y fascistas bajo la dirección de los mandos del ejército colonial derrotado en Marruecos, pasando por la violencia fascista de los años inmediatos a la muerte de Franco, cuyo momento álgido fue la matanza por parte de la policía española de cinco obreros de Vitoria-Gasteiz en 1976 y de los abogados laboralistas de Atocha en 1977 y que acabaría desembocando en su nueva formulación en la gestión de los Atentados del 11 de Marzo de 2004. El gobierno de Aznar, cercado por la corrupción del “capitalismo de amiguetes” español, buscó en la Guerra de Irak el respaldo de la Administración Bush y propiciando las condiciones en las que se produjeron los atentados islamistas. Para no perder las elecciones, mintió e hizo mentir a los altos cargos de la administración del estado acusando a ETA de los atentados. Y cuando fue rápidamente evidente que mentía por su propio interés político y personal, respondió con la acusación que, de tanto repetirse, se ha convertido en reaccionariamente clásica: “la izquierda nos ha robado las elecciones”.

Esta estrategia de deslegitimación acabó con el bipartidismo dinástico del régimen del 78. Fue incapaz de tapar, como pretendió, la corrupción real, y el rey “emérito” acabó en algo menos digno que el exilio. Partió en dos al PSOE en la larga crisis de 2014-2016 que acabó con la defenestración de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE -justificada posteriormente en las acusaciones de Santiago Vidal de sus pactos secretos con los independentistas catalanes y jaleada por la “policía patriótica” del PP desde las cloacas del estado- y la abstención socialista que llevó al gobierno a Mariano Rajoy. Gobierno del Partido Popular que, tras la sentencia de la primera macro-causa de Gürtel, acabó en la moción de censura y en su destitución el 1 de junio de 2018. Costó dos elecciones en 2019 que el PSOE comprendiera que la única opción de gobierno posible era un gobierno de coalición progresista. Pero la derecha amplió su argumentario del “robo del gobierno” por el PSOE a su “sumisión” a los intereses de la “extrema izquierda” de Unidas Podemos primero y de Sumar después y a los inconfesables pactos con “separatistas” vascos y catalanes, hasta quedar -como ha afirmado repetidamente Feijóo en sede parlamentaria- “en manos de Otegui y Puigdemont”.

Acabar con las izquierdas quebrándolas psicológicamente

La campaña de calumnias y difamación personal, acompañadas de acusaciones judiciales falsas amplificadas por los medios de comunicación, seguidas de persecución ideológica y cárcel, se han convertido en una triste realidad en la larga agonía del régimen del 78, bloqueado en sus propias contradicciones estructurales sin reforma posible. El llamado lawfare, utilizado especialmente para destituir, castigar, inhabilitar cargos políticos catalanes a partir de la gran movilización popular catalana que culminó en octubre de 2017, que también ha sido aplicado a cargos de Podemos, es persecución judicial política. Como persecución política pura y simple fue y sigue siendo la represión judicial contra centenares de activistas catalanes, que no cargos políticos, del llamado Procés.  De ganar la derecha y la extrema derecha la persecución política podría ser contra una gran parte de la población. Sí, “fusilar a 26 millones de hijos de puta”, puede ser una exageración, pero no una broma.

La derecha y la extrema derecha han hecho suyas en estas postrimerías las justificaciones de la “socialización del sufrimiento” de triste memoria. Lo inmortalizó sintéticamente la diputada popular Andrea Fabra al anunciarse el recorte de las prestaciones por desempleo del Gobierno Rajoy: “¡Qué se jodan!”.

Esta estrategia ha sido aplicada sistemáticamente -y lo ha sido gracias al apoyo recibido desde los tribunales- contra el independentismo catalán y vasco, contra la dirección de Podemos y contra el PSOE para deslegitimarles. Y el PSOE debería sacar alguna lección, por ejemplo, que mirar para otro lado ante la persecución judicial contra otros, a veces se puede volver contra uno. Es aquello del conocido poema: “primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque no lo era…” 

No era suficiente la persecución de las ideas. Había que demostrar su perversión penalmente para equilibrar las acusaciones por corrupción de la derecha y la extrema derecha. La campaña en este sentido contra la esposa de Pedro Sánchez ha sido especialmente canallesca.

El objetivo es evidente: quebrar psicológicamente a las personas afectadas y a su entorno. Es una faceta de la aplicación terrorista de la violencia, tan física al tratarse de la mente como si fuera una tortura corporal, que busca la sumisión a una voluntad política que carece de legitimidad democrática. En este sentido, va más allá de la calumnia personal, porque sus efectos buscados con premeditación son colectivos y afectan a los derechos políticos de todos los ciudadanos. Y el código penal debería ser actualizado para hacer frente a este tipo de delitos, además de introducir en este tipo de procesos -en realidad en todos- el jurado popular, verdadero mecanismo democrático de aplicación de la justicia.

Movilización democrática y moción de confianza

¿Dimitirá el presidente del gobierno? No lo sabemos, pero no lo esperamos. Y menos interesados estamos en especular al respecto. Sí nos parece claro que dimitir sería aceptar el éxito y facilitar la estrategia desestabilizadora y reaccionaria de la derecha y la extrema derecha. Implicaría nuevas elecciones generales tras la disolución de Cortes el 29 de mayo, pesando como una losa sobre las elecciones catalanas y las europeas,

Lo necesario es alentar la movilización popular y democrática, en defensa de los derechos sociales y nacionales, contra esta estrategia que busca paralizar y derribar al gobierno de coalición progresista. La salida institucional razonable del actual interregno es revalidar la mayoría parlamentaria en una nueva moción de confianza tras las elecciones catalanas y antes de las europeas.

No nos hacemos ilusiones sobre el carácter defensivo de esta respuesta doble de movilización popular y de convalidación de la legitimidad institucional. Pero sin recuperar la iniciativa política, que está en manos de la derecha, no se podrá aplicar el programa del gobierno de coalición progresista, ni ampliar la mayoría social y política, ni mantener el espacio de autogobierno catalán y vasco, para no hablar de avanzar en el derecho a la autodeterminación.

Este episodio es uno más de los que llevamos acumulados como expresión de la crisis política e institucional que arrastra el Reino de España. Por sí mismo no tiene salida. Aprovechando la alianza con los jueces y buena parte del aparato del Estado, las derechas no cejarán en sus intentos de una marcha atrás retrógrada, antidemocrática y de pérdida de derechos para mantener el actual régimen político. La cuestión es si desde las izquierdas, estatales, soberanistas e independentistas, es posible poner en marcha un futuro alternativo que ponga en cuestión al actual régimen monárquico, que abra una perspectiva republicana, de derechos democráticos y sociales que ponga patas arriba toda la podredumbre del actual régimen. Ejemplos como el pacto de San Sebastián previo a la II República o la Assemblea de Catalunya al final del franquismo, sin entrar aquí en las circunstancias ni limitaciones, deberían ser recuperados como una palanca para un cambio de régimen. La crisis está llegando a un punto en el que o se va para adelante o se irá para atrás.

Se repiten estos días las similitudes de la estrategia reaccionaria de la derecha y la extrema derecha española con la estrategia trumpista, con la de Bolsonaro y Milei o con la de Meloni, Orban o Le Pen, que está facilitando el ascenso de la extrema derecha en toda la Unión Europea buscando privilegios sociales, no derechos universales, en medio de una vuelta a la austeridad neoliberal compatible con una economía de guerra. Hay un contexto internacional evidente que enmarca y crea redes de apoyo entre la derecha reaccionaria y la extrema derecha frente a las conquistas democráticas de derechos universales. Y es necesario, por lo tanto, una estrategia progresista a nivel europeo e internacional en defensa de las libertades democráticas, sin cuya existencia no es posible la organización democrática de las mayorías sociales en defensa de sus derechos.

La situación creada por Pedro Sánchez por ese “parar y reflexionar” puede ser un episodio que permita retomar la iniciativa política a las izquierdas, rearticular su unidad. No puede, ni debe ser, un epitafio de su frustración que abra las puertas a la reacción, en el peor y más cruel de sus significados. Lo que incluye que las fuerzas de izquierdas y soberanistas que han hecho posible hasta ahora la existencia de este gobierno no se acobarden y defiendan alto y claro lo que consideran que se hace mal. Que el peligro de la derecha y extrema derecha sirva para golpear juntos, sin dar ningún aval incondicional al gobierno ante el peligro del lobo. Se trata de democracia y eso, en el régimen actual significa: reducir las inmensas desigualdades de renta y riqueza que permiten que los grandes poderes privados tengan en sus manos a los poderes públicos, garantizar la existencia material de toda la población acabando con la pobreza mediante una renta básica universal e incondicional, hacer que la vivienda sea asequible para toda la población, democratizar los aparatos del Estado, acabar con los privilegios de la iglesia católica, combatir la monarquía heredera del franquismo y aliada de la derecha y la extrema derecha, defender la república, hacer en definitiva una política en beneficio de la inmensa mayoría de la población no rica. Ganar una base social que la extrema derecha está haciendo suya mediante el racismo, la demagogia y la mentira. Difícil es, cierto, pero una vez más, desde el pesimismo de la razón, hay que llamar al optimismo de la voluntad.

^{Fuente: Sin Permiso - Abril 2024}