Los organismos de derechos humanos repudiaron la violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen. En un pronunciamiento conjunto, exigieron al presidente Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, el cese inmediato de esas acciones. Las imágenes de los heridos y las noticias que fueron llegando sobre los cruentos operativos de Gendarmería Nacional y la policía de la provincia decidieron, además, a varias organizaciones a viajar al lugar para dar apoyo a la comunidad mapuche y buscar garantías de que el hostigamiento haya cesado.

“Hasta ahora sabemos que hubo tres operativos que dejaron dos personas hospitalizadas, aunque no son los únicos heridos. El primer operativo fue de la Gendarmería Nacional, el martes a la mañana; hubo represión y tres detenidos. Ese mismo día, por la tarde, con una orden judicial por un supuesto delito de abigeato (robo de ganado), fue la policía de la provincia y se produce una nueva situación de violencia contra miembros de la comunidad, y sobre todo contra las personas que estaban yendo a apoyarlos. Hicieron además nuevas detenciones. El tercer episodio fue el miércoles, cuando inexplicablemente, sin orden judicial, un camión de la infantería provincial se presentó en el lugar y disparó contra los integrantes de la comunidad, causando los dos heridos graves”, señaló Federico Efron, coordinador de Litigio del CELS.

Diego Morales, abogado del organismo, viajó ayer a Chubut para tomar contacto con la comunidad mapuche. Por otra parte, junto a la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS presentó un pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación para que tome medidas de protección e investigación de lo sucedido.

“Los recientes hechos de violencia de los que fueron víctimas los integrantes de la comunidad son expresión de un Estado federal que no estuvo dispuesto a resolver el conflicto territorial de fondo y alimentó, en cambio, su abordaje represivo”, sostuvieron en la nota entregada en la cartera a cargo de Patricia Bullrich. “El Estado nacional estaba participando de la mesa de negociación abierta por el juez federal con motivo del bloqueo de las vías del Viejo Expreso Patagónico. La empresa ferroviaria estatal, es decir el gobierno de la provincia, dio por terminada la negociación y el juez dictó la orden de allanamiento”.

En este sentido, advirtieron también sobre el mecanismo de estigmatización del gobierno nacional, que “considera que conflictos como el que protagoniza la comunidad mapuche son amenazas a la seguridad de la Nación, los asocia con actividades terroristas y reconduce toda la actuación estatal a eliminar esta hipótesis”. Están también en viaje al sur Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Margarita Cruz, de Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza; Nilo Cayuqueo, de la comunidad mapuche; y María del Carmen Verdú, de la Correpi. “Vamos a primero Esquel, a pedir entrevistas con las autoridades judiciales y el lunes al gobernador Das Neves. Queremos ver a los detenidos, ir a los hospitales. La represión nos avergüenza y nos produce un gran dolor, porque atacaron a personas que están defendiendo sus tierras usurpadas por las empresas extranjeras. No hay ningún país en el mundo que haga con sus tierras lo que se hace en la Argentina; este gobierno y el otro, y el anterior”, señaló Cortiñas.  

Hebe de Bonafini dijo sentír “asco y bronca”. “Esquel está lejos; si a los de acá los meten presos, imaginate la soledad del que está allá”, planteó. “Los mapuches han sido siempre muy reprimidos porque defienden lo que les corresponde: sus tierras, el lugar para sembrar y para vivir. No me extraña ver que ahora, con esta impunidad, la represión llegue a las balas de verdad. Ellos están dispuestos a matar a quien no obedezca, si nosotros los dejamos solos y nadie habla”. Para Giselle Tepper, de H.I.J.O.S, “en defensa de los intereses de la empresa Benetton, la Gendarmería se constituyó en una patota estatal de las corporaciones”.

Amnistía Internacional condenó “la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de esa organización humanitaria.

Otro punto que enciende todas los alertas es la acusación de “terroristas” que el ministro de gobierno de Das Neves, Pablo Durán, lanzó sobre los reprimidos. En el comunicado conjunto de doce organismos de derechos humanos, el punto fue remarcado. “Las fuerzas de seguridad vienen ejerciendo  operativos de control y represión sobre la comunidad, cercando los asentamientos como zona liberada para el accionar de las fuerzas represivas, con evidente criminalización de la protesta social y bajo la idea de que son grupos terroristas que ponen en riesgo la seguridad nacional”, advirtieron los organismos.

El repudio fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Buena Memoria, el CELS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Madres Línea Fundadora, Memoria Verdad Justicia Zona Norte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

Los organismos exigieron “al Presidente, a la Ministra de Seguridad de la Nación y al Gobernador de la Provincia el cese inmediato de estas acciones”. También advirtieron que “la única acción tolerable es aquella que se ajuste a la de un Estado de derecho, respetuoso de los derechos constitucionales del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios”.

Página/12 - 13 de enero de 2017