En el usual anuncio de los resultados de las cuentas públicas, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, señaló: “están dadas las condiciones para que el déficit primario del año (2019) se mantenga en el 0,5 por ciento del PIB, en línea con nuestro objetivo (…). Es la primera vez desde 2010”, reza el comunicado del Ministerio. El saldo fiscal positivo acumulado a octubre ronda los 31.000 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso de 2018 había sido negativo en 170.000 millones.

De esta forma, los funcionarios del Gobierno señalan la existencia de un “ahorro” promedio de 20.000 millones de pesos mensuales en 2019. No debiera ser motivo de orgullo.

Por obvias razones, las voces oficiales omiten mencionar el resultado financiero, que muestra un importante déficit ya que incluye el pago de intereses de la deuda pública. Una erogación del fisco que vino creciendo ininterrumpidamente durante los últimos cuatro años y cuya contracara es el ajuste del gasto en otras partidas. En lo que va de 2019 los intereses crecieron casi un 90% interanual, unos 550.000 millones de pesos, el equivalente aproximado a dos puntos y medio del PBI.

La dinámica de recorte del gasto público primario en áreas clave tiene un rasgo procíclico que profundiza la caída de la economía y afecta, a su vez, los ingresos fiscales. Las últimas cifras de recaudación dan cuenta de ello. Casi todos los componentes del ingreso fiscal tuvieron caídas reales interanuales acumuladas al mes de octubre: tributarios (-5,6%), ganancias (-19,5%), contribuciones a la seguridad social (-13%). La excepción fueron los derechos de exportación; aunque esto se debió fundamentalmente al mejor desempeño del sector agroexportador luego de la importante sequía de 2018.

Ante esta realidad es imprescindible revertir el orden de prioridades. La clave se encuentra en algo tan simple como primordial: apuntalar la distribución del ingreso y la demanda interna. Significa ir en sentido inverso a lo que se hizo en estos cuatro años. Implica, en gran medida, volver a incluir a los perjudicados del actual modelo.

Los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA son elocuentes. Sólo para mencionar algunos, más del 14% de los niños y niñas de hasta 17 años sufren “inseguridad alimentaria severa”, es decir, “han experimentado situaciones de hambre en el último año porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos”, según la definición de la encuesta. Por su parte, considerando los sectores ocupados, la cantidad de trabajadores que se encuentra en dicha situación de hambre pasó del 26,4% en 2015 al 41,9% en 2019. Un despropósito en un país productor de alimentos como es Argentina.

El programa “Argentina sin hambre: Comer es un derecho y no un privilegio”, presentado por Alberto Fernández es, en este sentido, una muy buena oportunidad para abordar el flagelo de la pobreza de forma integral. No como una política asistencialista que sólo resuelva el problema inmediato y de forma transitoria. Como bien se plantea en el texto del programa, “el compromiso ético de construir una Argentina sin hambre se debe transformar en una política de Estado”.

Un programa que se dedique a abordar aspectos vinculantes como la regulación de los precios de los alimentos a partir de las cadenas de valor; que incorpore a la Economía Social, Solidaria y Popular como la forma más inmediata de producir, distribuir riqueza y generar empleo, y fortalezca y amplíe las tarjetas de alimentación para los sectores más vulnerables, entre otros. Pero lo más importante: que se genere un círculo virtuoso que otorgue poder adquisitivo a la ciudadanía y así logre reactivar la economía y otorgue una vida y alimentación dignas para todas y todos.

^{Ámbito - 25 de noviembre de 2019}