El informe señala que respecto de los conflictos que implicaron a ambos sectores (trabajadores estatales y privados) se destaca la movilización por Tierra, Techo y Trabajo y la marcha Federal que realizaron las dos CTA junto a organizaciones de trabajadores desocupados y sindicatos adheridos a la CGT, y los paros y movilizaciones en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Misiones, Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que impulsaron gremios estatales y privados.

A pesar del acuerdo entre la CGT y las principales cámaras empresariales por el pago de un plus de fin de año, el Gobierno reconoce que habrá una caída en el salario real en 2016. Puertas adentro, lo afirman ministros y funcionarios rasos.

El relevamiento presentado para el mes de agosto arroja interesantes conclusiones.

En primer lugar, en agosto se mantiene la cantidad de despidos y suspensiones en cantidades similares a las de los últimos meses. Mientras que en junio se produjeron 11.721 casos, en julio fueron 15.137 y este mes sumaron 13.658.

Mauricio Macri lo acaba de decir sin rodeos: no piensa reabrir las paritarias porque, según su particular punto de vista, la inflación está bajando aceleradamente.

Si la movilización social, que alcanzó su punto más alto con la Marcha Federal y la llegada al centro de la ciudad de Buenos Aires de numerosas columnas de trabajadores de todo el país, no altera sus planes, este gobierno habrá cumplido su primer objetivo: la reducción del salario real de los trabajadores.

El nuevo ciclo de endeudamiento externo público y privado comenzó con 26.710 millones de dólares en apenas tres meses. Se suman otros 5000 millones de dólares recibidos por el Banco Central en un préstamo de corto plazo, con una garantía de 10 mil millones en bonos públicos. Más otros 1489 millones en Letras del Tesoro a corto plazo. El saldo en un solo trimestre alcanzó los 33.199 millones de dólares. Ese monto seguirá aumentando en lo que queda del año. Esta semana habrá una nueva ronda de esas Letras en dólares a 3, 6 y 8 meses, y el plan del blanqueo de capitales de por lo menos 20 mil millones de dólares, según estimaron funcionarios de Hacienda y Finanzas, tiene previsto que una parte se canalice a través de la emisión de títulos públicos a tres y cinco años.

El inmenso esfuerzo social de cancelación neta de deuda iniciado con el pago al FMI, en enero de 2006, proceso que se extendió hasta el final del anterior gobierno, dejó el terreno despejado para que un gobierno conservador pudiera desplegar lo que mejor sabe hacer: endeudamiento gigantesco para maquillar el descalabro fiscal autoinfligido y para abordar la debilidad del sector externo por el déficit comercial y la constante fuga de capitales. Así fue durante la dictadura militar, en la década del noventa con la convertibilidad y ahora en el gobierno de Macri.

En pocos meses el gobierno de Cambiemos ha desmontado gran parte de los avances logrados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina en doce años. La brutal devaluación, acompañada por la eliminación de las retenciones y una rebaja del 5 % a la de la soja (en un plan plurianual para eliminarla totalmente) se tradujo en un salto inflacionario que erosiona los salarios reales. Por otro lado ha iniciado un plan de reducción de personal en el Estado con claros fines persecutorios y de disolución de organismos de control y promoción social, al tiempo que da una señal al sector privado para que haga lo propio. El veto a la doble indemnización es una luz verde para continuar con esa política.

Es fácil, simple y comprobable ver la lógica rentista en el gobierno de Macri, por la sencilla razón que ha sido la lógica de la burguesía Argentina en gran parte de su existencia, exasperada cuando asumen la administración del país.

No se enoje con el título. Tenga paciencia y siga leyendo. Pero antes, piense unos segundos y responda si considera que en estos cinco meses el gobierno de Cambiemos realizó o no un fuerte ajuste de las cuentas públicas. La conclusión de la mayoría será, seguramente, afirmativa, influida por el impacto del tarifazo, por los despidos en el Estado y por el freno en la obra pública. Sin embargo, la realidad no es esa. Según datos oficiales, en el primer cuatrimestre del año el déficit del sector público fue de 62.403 millones de pesos, apenas 1.764 millones menos que en igual período del 2015. Ese resultado fue producto de un aumento en los ingresos del 29 por ciento y de un aumento en el gasto de un 24 por ciento.

Contra la sensación reinante, esos números están muy lejos de reflejar un fuerte ajuste fiscal.