En un fallo reciente (calificado de «bombazo», «explosivo» y «un gran momento para la democracia») la Corte Suprema de Colorado respondió que no. Por mayoría de 4 a 3, el tribunal dictaminó que Trump ya está excluido porque la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a «insurgentes» ocupar puestos en los gobiernos federal o de los estados.

La decisión de la Corte se da a continuación de un fallo de un tribunal inferior del mismo estado, según el cual Trump participó en una insurrección cuando a fines de 2020 y principios de 2021 procuró en forma consciente y deliberada alterar el traspaso ordenado del mando. Además de denunciar un fraude electoral inexistente, alentó a sus seguidores a interrumpir el conteo de votos para los colegios electorales y participó en un intento de sustituir las nóminas de electores certificados con listas falsas integradas por partidarios. La Corte concluyó que estas acciones representan una rebelión activa contra la Constitución de los Estados Unidos.

La conducta de Trump lo sitúa en compañía de otros funcionarios públicos del pasado, que en 1860 y 1861 condujeron a sus estados a la secesión y posterior creación de los Estados Confederados de América. Ese intento fracasó, tras una larga y sangrienta Guerra Civil (1861‑65), cuyo final se consumó mediante un puñado de enmiendas constitucionales que han sido calificadas como la «segunda fundación» de los Estados Unidos: la Decimotercera, que abolió la esclavitud, la Decimoquinta, que instituyó el sufragio universal masculino, y la Decimocuarta, que confirió a «toda persona» el derecho al debido proceso y a la protección igualitaria en el nivel federal; y que en la Sección 3 amplía la protección de la democracia con la prohibición de ocupar cargos públicos a insurgentes:

«No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir Presidente y Vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de los Estados Unidos o de cualquier estado, quien, habiendo jurado previamente defender la Constitución de los Estados Unidos (…) haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra los Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país.».

Los dos tribunales de Colorado coincidieron en que Trump había «tomado parte en insurrección», pero con diferencias en los análisis legales. El de nivel inferior no consideró pertinente excluir a Trump de la primaria en Colorado, con el argumento de que el término «funcionario» no se aplica a la presidencia. Pero la Corte Suprema del estado calificó esa interpretación de absurda.

En opinión de la Corte, es indudable que atendiendo al uso que se le daba cuando se redactó la enmienda, el término «funcionario» incluye la presidencia. Señaló además que no tendría sentido que los redactores quisieran excluir a todos los insurgentes por violar su juramento menos al más poderoso. Seguro que nadie pensaba que Jefferson Davis, quien antes de ser presidente de la Confederación había jurado defender la Constitución de los Estados Unidos como senador y secretario de guerra, podía ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El registro de actas del Congreso, que documenta el debate en torno de la enmienda, respalda esta idea sin ambigüedades.

Pero la última palabra en esta controversia todavía no se oyó. Todavía la guardan en su pecho los integrantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que pronto tendrán que decidir sobre el caso. Hasta que eso ocurra, Trump seguirá en la papeleta. La Corte Suprema de Colorado dispuso prorrogar la entrada en vigor de su fallo hasta el 4 de enero de 2024, un día antes de la fecha en que la secretaría de estado de Colorado debe certificar a los candidatos para la primaria presidencial del estado. De modo que lo que ocurra dependerá de lo que decida hacer la Corte Suprema de los Estados Unidos antes de que termine ese plazo.

Hay amplio margen para que el alto tribunal (con su mayoría conservadora) revierta la decisión de Colorado. Como mínimo, podría discrepar de la cuestión de hecho (según la determinaron ambos tribunales del estado) en el sentido de que Trump participó en una insurrección. Sin embargo, lo habitual es que en la instancia de apelación el tribunal superior respete las conclusiones fácticas de los tribunales inferiores, puesto que juzga con expediente cerrado y ya no tiene oportunidad de valorar la conducta u otros indicios de credibilidad (o falta de ella) de los testigos, como sí la tuvo el tribunal ante el cual estos dieron testimonio.

Pero subsisten otras dudas. Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos nunca dictaminó si la Sección 3 se aplica en forma automática o depende de alguna ley habilitante del Congreso de los Estados Unidos. La opinión de la Corte Suprema de Colorado es que los estados pueden interpretar sus propias leyes electorales en relación con la exclusión de candidatos por motivos constitucionales, sin esperar indicaciones del nivel federal.

En apoyo de esta idea, la Corte hace una cita muy acertada de una decisión del supremo Neil Gorsuch, antes de que se convirtiera en miembro de la actual Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero por supuesto, los jueces supremos han cambiado de opinión muchas veces. Y no hay modo de saber si el alto tribunal avalará una definición estrecha o inclusiva del término «funcionario».

Se ha dicho que la Corte Suprema de los Estados Unidos es la «rama menos peligrosa» del gobierno federal, porque no tiene poder sobre el presupuesto (como la legislatura) ni mando de las fuerzas armadas (como la presidencia). Su valor está en la aceptación pública de su legitimidad. Pero en los últimos tiempos ha perdido parte de ese valor, sobre todo por sus crecientes escándalos éticos y su sorprendente decisión de anular la sentencia de Roe v. Wade negando al hacerlo un precedente histórico favorable al derecho de las mujeres a decidir en su intimidad si quieren continuar un embarazo.

Al momento de decidir si Trump participó en una insurrección y si la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda es aplicable a los presidentes, la Corte Suprema tendrá que considerar si está dispuesta, y hasta qué punto, a correr el riesgo de erosionar todavía más el apoyo de la opinión pública. Son tiempos difíciles para la república, y para una Corte que enfrenta cada vez más sospechas de conflictos de intereses y sumisión a la política.

- Richard K. Sherwin, Professor Emeritus of Law at New York Law School, is the author of When Law Goes Pop: The Vanishing Line between Law and Popular Culture (University of Chicago Press, 2000).

^{Project Syndicate - 22 de diciembre de 2023}