El envío de una denominada “Ley Corta” de infraestructura en las comunicaciones cierra un ciclo iniciado por el gobierno de Mauricio Macri que ha convertido los bienes informativos y culturales en commodities del mercado infocomunicacional. Un proceso que ha auspiciado por decreto la concentración de la propiedad empresaria de los servicios convergentes, anulando así las posibilidades democratizadoras del dividendo digital a favor de la diversidad y de los ciudadanos.

En lugar de una ley integral que atienda los efectos económicos, sociales y políticos de la convergencia, el denominado ministerio de “Modernización” remite el epílogo de su intervención de facto sobre las comunicaciones con un proyecto de ley que amenaza a cooperativas, pymes y empresas de servicios públicos locales. El mismo propone el ingreso de corporaciones de telefonía (Telefónica, Claro) en el mercado satelital audiovisual y a la infraestructura de internet, las que disputarán su poder de mercado con la posición dominante que surge de la megafusión entre Cablevisión y Telecom.

La intervención gubernamental instaló en esta materia el predominio de la visión técnica-mercantil que privilegia el soporte por sobre los bienes y servicios que son transportados por las redes (bienes y servicios de la información y la cultura). La función editorial queda subordinada al mercado, sin restricciones a la concentración empresaria ni a la convergencia de servicios (texto, video, audio, imagen y multimedia) que pasan a ser operados por una misma corporación.

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* Docente de Convergencia Digital en Medios (UNDV) y Derecho de la Comunicación y la Información (UNM-UNDAV).