El gobierno informó que las tarifas de electricidad se incrementaron un 1,9% en promedio a partir de este mes. El ajuste se explica fundamentalmente por un aumento en la remuneración de distribuidoras y transportistas, ya que el precio estacional de la energía que paga el usuario se redujo, pese a la suba que ha venido registrando el dólar. De este modo, crecerán los subsidios del Tesoro al sector, pero sin poner en riesgo la rentabilidad del negocio regulado de distribuidoras y transportistas, cuyos ingresos dependen directamente de las tarifas que fija el Estado.

El Valor Agregado de Distribución (VAD) trepó un 3,07% en el caso de Edesur y un 3,13% para Edenor. Son las únicas dos distribuidoras que permanecen bajo competencia nacional. Por su parte, el precio estacional de transporte de alta tensión que perciben empresas como Transener, TransBa, Trans NOA y Litsa, entre otras, subió un 7,12 por ciento. El precio estacional de la energía, el tercer componente que explica la factura que pagan los usuarios (tanto residenciales como industrias y comercios), cayó, en cambio, un 0,22 por ciento.

En la factura final, el precio estacional incide en cerca de un 50%; el VAD un 25%, el transporte en torno al 5% y los impuestos, un 20 por ciento. Por lo tanto, al autorizar que el margen de distribuidoras y transportistas acompañe a la inflación el gobierno se ve obligado a pisar el precio mayorista para evitar que la suba de tarifas se ubique por encima de la inflación en medio de la campaña electoral.

La estrategia oficial

¿Por qué el gobierno no ajusta un poco menos el margen de las reguladas y minimiza el impacto sobre la cuenta de subsidios? Una alternativa podría haber sido autorizar un aumento del precio mayorista que permita trasladar al menos parte del impacto provocado por la suba del dólar para contener el monto de los subsidios energéticos, que en su gran mayoría se destinan para pagar combustibles para generar electricidad (gas natural, gasoil y fuel oil). 

Sin embargo, el gobierno optó por asumir una suba de los subsidios y privilegiar a distribuidoras y transportistas porque el objetivo oficial es avanzar con una reforma del sector eléctrico que prevé, como condición necesaria, que las distribuidoras puedan firmar acuerdos con las generadoras sin la intervención de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Mayorista (MEM), que es controlada por el Estado. Para que eso ocurra, los balances de las distribuidoras deben estar medianamente saludables.

Si el gobierno decidiera pisar el VAD de distribuidoras y el margen de las transportistas, haría crujir una vez más la cadena de pagos y todo su plan de reforma quedaría debilitado. Así le manda una señal al mercado diciéndole que no habrá una marcha atrás en la reforma destinada a reducir la incidencia del Estado en el sector eléctrico.

^{Fuente: Econojournal - Octubre 2025}