Sin duda, el progreso tecnológico no solamente produce efectos negativos. Las tecnologías facultan nuevos modos de entretenimiento, sociabilidad e información, así como formas creativas de activismo social y político. Las apropiaciones favorecen contactos e intercambios, más allá de introducir otros formatos, lenguajes y dinámicas relacionales. Las herramientas de Internet son utilizadas cada vez más por medios alternativos y comunitarios para difundir sus puntos de vista y reivindicaciones, sin subordinación a las políticas editoriales de los medios.

Sin embargo, son graves las contradicciones. Aunque los procesos comporten variaciones y peculiaridades, la fiebre digital no suprime e incluso puede agravar divisiones entre conectados y desconectados. Las exigencias de los ciclos tecnológicos solo pueden ser cumplidas integralmente por los países ricos que detienen un 80% del PBI mundial. Mientras en Estados Unidos 90 millones de personas tienen banda ancha, y en Gran Bretaña un 70% de las escuelas secundarias cuentan con tecnología wi-fi, en África los usuarios no pasan de 3 millones, o sea, menos del 1% de la población.

Las desigualdades se mantienen en el dominio de las tecnologías de punta, desarrolladas por norteamericanos, europeos y japoneses, con consecuencias a largo plazo resultantes de la acumulación de informaciones estratégicas y recursos informáticos y telecomunicacionales.

De otra parte, la oferta de contenidos creció sustancialmente, en la medida que se ampliaron los canales, plataformas y soportes. Lo que pasa es que los voceros del neoliberalismo se olvidan intencionalmente de mencionar que los sistemas de producción y distribución están concentrados en las manos de un reducido número de corporaciones transnacionales, que asocian la generación voraz de datos, sonidos e imágenes a la búsqueda de máxima rentabilidad a corto plazo. Estas corporaciones tienen el poder de definir gran parte de los valores y principios que predominan en las agendas informativas y programaciones.

Por lo tanto, es insuficiente apuntar el incremento de opciones sin verificar quién controla la variedad de la oferta, cuál es su naturaleza ideológico-cultural, sus intenciones y énfasis, y las prioridades establecidas en las programaciones.

Claro es que hay respuestas, interacciones y asimilaciones diferenciadas en la audiencia, formada por múltiples perfiles de consumidores. Hay también formatos y lenguajes variados, así como perspectivas en disputa en el campo mediático. Pero debemos observar atentamente el otro lado de la moneda. En razón de la concentración monopólica y transnacional, la posibilidad de participación del público en las programaciones depende no solamente de reacciones y manifestaciones de los individuos y grupos, sino también de derechos e interferencias sociales en la producción y la circulación de bienes simbólicos.

En muchos casos, la abundancia de contenidos está sometida a metas definidas por intenciones lucrativas. Queda claro que la multiplicación tiene que ver más con prioridades comerciales que con la variedad propiamente cualitativa.

La diversidad no se agota en más opciones de consumo, sino que es fortalecida por expresiones creativas y prácticas culturales e interculturales. De ahí la importancia de cuestionar los modelos definidos por el mercado mediático y la publicidad, que consagran exclusiones y conforman el imaginario social en función de sus conveniencias.

La diversidad se asegura con legislaciones y políticas públicas que valoren los derechos de la ciudadanía y las múltiples voces de la sociedad. Leyes y políticas que sean capaces de democratizar la radiodifusión y apoyar usos comunitarios y educativos de las tecnologías, frente a las ambiciones de las corporaciones.

Es fundamental reequilibrar sobre bases equitativas los sistemas de comunicación entre los tres sectores involucrados: un tercio para el sector estatal/público, un tercio para el sector privado lucrativo y un tercio para el sector social sin fines lucrativos.

Y a la vez revitalizar y fomentar la comunicación alternativa y contrahegemónica, incluso a través de edictos públicos y programas específicos, resguardándose la autonomía crítica y creativa de los medios no gubernamentales y no mercantilizados.

Por último, es importante subrayar que no bastan solo buenas intenciones para construir sistemas de comunicación más inclusivos y plurales. Hay que tener y demostrar voluntad política, respaldo popular y compromiso institucional para hacer valer legislaciones antimonopólicas y políticas públicas democratizadoras. Sobre todo frente a las violentas manipulaciones y mentiras de los medios corporativos contra medidas transformadoras que ponen en riesgo sus privilegios económicos y someten al interés público sus desmesuradas pretensiones de poder. La batalla de las ideas está cada vez más ardua y demanda esfuerzos concentrados y permanentes para enfrentarla en las condiciones exigidas.

Creo que uno de nuestros desafíos es demostrar capacidad de articular todas esas acciones y políticas de diversidad, buscando sensibilizar las conciencias ciudadanas para la necesidad urgente de construir otra comunicación posible, en la cual prevalezcan el pluralismo, la ética y las aspiraciones colectivas.

ALAI, América Latina en Movimiento - 13 de octubre de 2012