Desde el viernes pasado muchos vestimos esta foto en nuestras redes sociales: una anciana de saco gris y pollera azul recogiendo con esfuerzo las berenjenas que la Infantería había desparramado a bastonazos, un rato antes, por el suelo de Plaza Constitución. Detrás suyo, esos mismos hombres del escuadrón avanzan ataviados para una guerra que tomó a más de uno por sorpresa.

La imagen es poderosa por triste, por violenta, y porque hace imaginar un pasado en el que esa misma mujer conseguía sus verduras comprándolas, erguida, y no había productores rurales que tuvieran que rematar sus alimentos a $10 a modo de protesta porque su trabajo era semiesclavo. Y porque en ningún caso esa transacción atraía a las fuerzas represivas del Estado.

Es una imagen que grita que cómo llegamos a ésto, si éramos mejores.

La escena de la horda de oficiales que disparó balas de goma y roció con gases lacrimógenos a niños, mujeres, hombres y ancianos mientras secuestraba pimientos y lechugas es tan original como perversa. Pero es una trama que tiene añares.

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En 2012, mientras hacía la investigación que terminaría en Malcomidos, recorrí por primera vez el cordón hortícola de La Plata. El lugar pocas veces aparece en los medios de comunicación y cuando lo hace es porque alguien azuza el viejo fantasma: ahí está todo sumergido en aguas servidas. Cámaras ocultas muestran tierras negras, noteros hablan del mal olor y el lugar queda sellado como aquel en donde vive el hombre de la bolsa. Lo que encontré fue muy distinto. Llegué una mañana de sol a un encuentro particular: familias autoconvocadas para intentar convertirse a la agroecología. Muchos padecían enfermedades que los había hecho dar cuenta de que esos “remedios” que les vendían para “curar plantas”, eran en verdad venenos que los estaban intoxicando. Se sentaron en ronda, contaron sus historias.

Los huerteros no tienen tierra para trabajar: la alquilan. Padecen contratos usureros que les impiden, por ejemplo, construir una vivienda digna. Algunos viven en casas de chapa  otras son de plástico. El que se anima al material sabe lo que le espera: un aumento inmediato del precio de locación.

Cuentan con muy poca tierra. Media hectárea, una, dos. No más. Ahí producen lo que necesita el mercado: rúcula, tomates, lechugas, kale. Las semillas y los venenos tienen precio diferencial: si lo compra un argentino es una cosa, si los compra un boliviano cuestan el doble. Para producir usan los químicos que les ofrece la semillera. Y eso muchas veces significa que lo que llevan es el herbicida que está por salir de circulación, el insecticida que ya no se usa más hace rato, el fungicida más tóxico. Los horticultores están solos, aprendiendo a usarlos a su suerte.

Cuando la cosecha está lista aparece el comprador: el intermediario que luego revende en el Mercado Central o en distintos comercios. Los precios se pelean ahí: con la verdura en los cajones lista y sin ningún poder para negociar el valor de los productos. Se llevan a $4 lo que el supermercado luego ofrece a $100. El comprador también puede decidir no llevar nada: entonces la cosecha se destruye pasando el arado.

El Estado está siempre ausente. Aunque en los últimos meses apareció rimbombante un actor hasta ahora mudo: hace unas semanas el Mercado Central mostró que sus laboratorios habían empezado a trabajar intensamente. Testean la mercadería y lo que aparece es lo obvio: más de la mitad de lo que se produce bajo esas condiciones: llega con residuos de agrotóxicos tan elevados que hacen imposible su comercialización. Frente a los resultados, la fruta y verdura se confisca y se destruye. Sin embargo no todo lo que se vende en las verdulerías pasa por el Mercado Central. La que va de los intermediarios directo a comercios continúa su recorrido, envenenada.

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Para convertir una parcela a la agroecología hay que dejarla descansar, no producir nada. Hay que limpiar la tierra intoxicada durante meses y devolverle la fertilidad.

-¿Quién nos ayuda en ese tiempo?”-, preguntó en aquel encuentro un hombre al que de tanto producir verdura bajo el sistema convencional le quedaba un solo pulmón. Nadie supo qué responderle.

Los que logran reconvertirse e incorporar métodos de producción saludables -tanto para productores como para consumidores- son los que se juntan en cooperativas y hacen así la transición: comparten pérdidas y ganancias. Y cuando lo logran, ganan mucho más que salud. Reconexión y empoderamiento. Los productores encuentran que pueden vender sus productos a un precio justo (eso que muchas veces se confunde con precio más caro, (¿acaso el precio anterior, repleto de externalidades e injusticias, era barato para alguien?)). Pero también descubren que tienen o pueden adquirir un saber que es valioso y cada vez más necesario: guardianan semillas, curan la tierra, devuelven a la mesa de todos variedad, frescura, sabores que creíamos perdidos.

Por supuesto que esta iniciativa rompe el esquema comandado por un puñado de poderosos que no están dispuestos a dejar su fiesta, detonan violencia y estalla la represión. Y llena las retinas de imágenes como la que vimos el viernes pasado en “Plaza”.

El escenario es entonces nuevo. Y es mejor que el anterior. No porque haga añorar una bonanza cercana a la cual volver, sino porque muestra un presente fuerte de personas que están unidas por un proyecto concreto: hacer visible una realidad que tenemos que cambiar si queremos que nuestra comida sea sana, limpia y justa.  

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La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) es un colectivo agrario. Reúne a 15 mil campesinos de 14 provincias argentinas, aunque el núcleo duro está en la provincia de Buenos Aires. No tienen afiliación partidaria y son una organización aguerrida y en lucha por dar vuelta el sistema alimentario hecho añicos: exigen tierras, espacios de comercialización directa y la vuelta a un buen vivir que podria derramar a toda la sociedad.

En 2014, los productores de la UTT comenzaron un modo de protesta mucho más original y ético que el que emprende, por ejemplo, el agronegocio cuando tira sus producciones a las banquinas o corta rutas para no pagar impuestos.

Los verdurazos donde ofrecen sus mejores producciones a $10 se realizan en distintos puntos del país, con más frecuencia en CABA y conurbano. La autorización del gobierno para que eso fuera posible era hasta ahora verbal. Esto los llevó a hacer cientos de encuentros, incluso a pedido de vecinos de varios barrios que de un día para el otro se desayunaban con que la fruta y verdura sin veneno también podía ser una posibilidad para ellos.

Pero en enero de este año la dirigencia de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cortó el diálogo con los productores. Adujeron suciedad y mostraron la foto de una hojas de lechuga chamuscándose al sol en Plaza Once.

Pero los productores volvieron. Y el gobierno los recibió con balas de goma, destruyó los gazebos, secuestró los cajones y desparramó pimientos, tomates, berenjenas haciendo visible -sin querer- que un futuro mejor está siendo construido con nuevos acuerdos: con alimentos que cuentan historias de las que queremos ser parte. Como la de esa señora que llenaba su carrito de cartón entre botas de cuero negras: una mujer todavía sin nombre pero a la que los productores están buscando. Creen que vive en un albergue de La Boca, y quieren darle verduras y frutas sanas para que nunca más le falte.

^{Revista Anfibia}