En nuestro país, con paritarias funcionando regularmente, las negociaciones de un acuerdo social no pueden abarcar lo salarial coyuntural, por ser aquellas comisiones las que acuerdan, en estricto derecho, las remuneraciones contractuales. Tampoco debe cimentarse en engaños ni en pérdidas excepcionales para solo una de las partes, ni estar condicionado por transferencias de ingresos con excedentes extraordinarios para el capital.

Un acuerdo social equilibrado exige temas específicos, analizados con seriedad y buena fe, tales como reforma impositiva, franquicias en servicios públicos, créditos para vivienda, asignaciones familiares, competitividad, educación y formación, mejoramiento en la financiación de obras sociales, seguro de desempleo, esparcimiento, guarderías, jerarquización y empoderamiento de la Inspección del Trabajo, financiamiento de la seguridad social, políticas de participación, plena vigencia del Consejo del Salario Mínimo, combate al trabajo indecente, tercerizaciones, precarizaciones, clandestinidad, etc. Estos contenidos -con paritarias libres- permitirían, quizás, que los conglomerados sindicales y las confederaciones unitarias de actividad aceptaran negociaciones. Por ahora no hay anuencia y se opone la única central con personería gremial. A todos se les hace imposible un acuerdo a pura pérdida. Un diálogo derivado de la excepción tiene poca viabilidad; por ello los responsables gubernamentales deberían evitar insistir en una única excepcionalidad capitalista. La presión ejercida en procura de un acuerdo social y los recientes decretos de poca necesidad y mucha urgencia confirmarían un rumbo riesgoso, con violaciones a la normalidad jurídica.

Un acuerdo social serio no se hace consagrando un desequilibrio con una “distribución pro capital”, abandonando “la distribución pro trabajo”. No hay lugar para el diálogo atenuando los ingresos alimentarios de los asalariados. Guy Ryder, en su conferencia en la UIA, dijo que ningún acuerdo social puede fundarse en la excepcionalidad ilícita de vaciar de contenido a las paritarias libres.

A la inflación deben ponerle remedio los autores que violan los equilibrios, y no imponiendo un acuerdo destinado a reducirla con ajuste salarial.

Imponga y respete el Gobierno el derecho. Deje la excepcionalidad totalitaria, evitando confundirse por la “niebla de lo institucional” y por el “espíritu de la época”. No hacerlo sería peligroso.

-Lucio Garzón Maceda, Abogado laboralista.

Clarín - 31 de diciembre de 2015