“Ni un metro más. La tierra es nuestra”. Un grito potente de las familias campesinas que defienden su territorio y que cobró toda su dimensión a la salida de los tribunales jujeños el pasado jueves, cuando Rodolfo Páez, de 68 años, fue absuelto por unanimidad por el Tribunal Criminal 2. En 2011, Finca La Jujeña, una empresa del agronegocio, denunció por usurpación al campesino con el objetivo de despojarlo de las tierras en las que vive y produce desde hace más de cincuenta años. Los testimonios y el trabajo de la ex Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), hoy en proceso de desmantelamiento, fueron claves en la resolución del proceso.

Frente a los jueces Antonio Llermanos, Ernesto Kamada y Claudia Cecilia Sadir, el fiscal Ernesto Lian Resúa realizó un alegato de siete minutos. Pidió la condena a tres meses de prisión de Páez, por considerarlo autor del delito de usurpación por turbación en grado de tentativa. Como prueba se basó en los dichos del administrador de la empresa que inició la denuncia, Carlos Bustamante Pérez, y en un convenio que firmaron la ex mujer del campesino, Lidia Jacoba López y sus hijos, que en una audiencia anterior aseguraron que era denigrante y que lo hicieron bajo presión. Ninguna de las pruebas ni testimonios que se escucharon durante el debate confirmaron ninguno de los dichos del denunciante, más bien lo contrario. El querellante Fernando Daniel Barconte Ramos, en representación de la Finca El Mistol, que se conformó tras un desdoblamiento de Finca La Jujeña en 2012 y que en el momento de los hechos ni siquiera era parte del conflicto, se esforzó aún menos que quien lo precedió en la palabra. En cuatro minutos de alocución adhirió al planteo de Resúa. Si bien la pena de prisión, de haber sido confirmada por los jueces, habría quedado en suspenso, el antecedente de la condena habilitaba el desalojo de Páez de sus tierras. El fiscal es el mismo que desde el 16 de febrero de 2017 mantiene dormida la denuncia contra la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Langhe de Falcone, por apropiación de un menor.

El derecho penal contra el derecho histórico a vivir y producir la tierra. Un conflicto de modelos productivos: el agronegocio frente a la soberanía alimentaria. Un título registral frente a la tenencia y posesión de la tierra. Estos fueron algunos de los ejes que abordó durante su alegato la abogada del Movimiento Nacional Campesino Indígena, María José Castillo que ejerció la defensa junto a Paula Álvarez Carreras. Desgranó cada uno de los testimonios que se escucharon durante las tres audiencias que tuvo el proceso. Desarmó con fundamento cada uno de los dichos del denunciante, del fiscal y del querellante. “De la prueba testimonial y documental no surge de ningún modo ni la posesión ni la tenencia de ese inmueble del que dice ser titular registral la Finca La Jujeña”, afirmó. 

Mientras que el administrador de la empresa aseguró durante su declaración que la finca en la que prestaba servicios se encontraba delimitada y alambrada, el resto de los testigos –policías, integrantes de la ex SAF, una antropóloga que realizó estudios en el lugar e incluso un vacunador del Senasa– señalaron que eso no era cierto y confirmaron que Páez vivía en esas tierras desde antes de la presencia de Bustamante Pérez que dijo comenzar sus tareas en el año 1997. La parte acusatoria estaba empeñada en demostrar que Páez no poseía más de 20 hectáreas, sin embargo los testigos dieron cuenta que las familias del lugar ocupan al menos 1500.

Castillo explicó la diferencia entre ser poseedor de un título y tener la tenencia de la tierra. “Ni siquiera intentó probar el denunciante ni el Ministerio Público de la Acusación la posesión o la tenencia de la tierra por parte de Finca La Jujeña. La posesión es un hecho material y las únicas constataciones que hay son de las familias que viven y producen en la zona. La empresa La Jujeña tenía producción a 15 kilómetros del lugar en el que habita Páez. Vienen estas empresas con la intención de desalojar a los verdaderos poseedores. Lo que hay en el fondo es un problema de falta de saneamiento de títulos. Para las familias pobres, los costos, la falta de información y de documentación para iniciar los juicios por prescripción adquisitiva constituyen una barrera para acceder a la justicia”, señaló.

En ese contexto, fueron clave los testimonios de ex integrantes de la SAF. Ramiro Fresneda, ex subsecretario de Fortalecimiento Institucional aseguró ante el tribunal que “cuando se produce la expansión de la frontera agropecuaria se producen hechos de vulneración de los derechos de los pequeños productores. En 2014 se aprobó en el Congreso la ley 27118 de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que le dio competencia al Ministerio de Agricultura para relevar y garantizar el acceso a la justicia de pequeños productores. En esa normativa se establecía la suspensión de todo desalojo a los productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares por tres años. Allí se anotaban a las familias que pudieran probar que nacieron y vivieron en el lugar. En el caso de Páez nos llegó un pedido para que la Secretaría se constituyera en el territorio y acreditamos que la familia era productora de pequeño y mediano ganado y que vivía allí desde hacía más de dos generaciones”. María Victoria Gauna, ex directora del Área de Tierras y Álvaro Abraham, técnico de la Secretaría en el momento de los hechos, corroboraron los dichos de Fresneda y dieron detalles sobre el protocolo de intervención en los conflictos y las tareas en el territorio. Páez lloraba silencioso en su banquillo de acusado. “Ellos dijeron lo que pasaba en verdad”, contó más tarde. 

Sólo en 2015 la Dirección de Tierra, Hábitat y Arraigo, de la SAF en Jujuy acompañó a integrantes de las comunidades indígenas en distintas actividades en las que solicitaban que no se realice la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua, con reuniones informativas, jornadas académicas y radios abiertas; debatió en Palma Sola la creación de un área campesina de Agricultura Familiar que contenía a 100 familias; a través del Centro de Acceso a la Justicia para la Agricultura Familiar Campesino Indígena, un espacio organizado desde el área, brindaron asistencia jurídica a distintas comunidades de toda la provincia; realizaron relevamientos territoriales de más de 300 familias campesinas con ejes histórico-antropológicos, jurídicos y de geo referencia que resultaron una herramienta fundamental para promover en las comunidades la discusión sobre las estrategias políticas y jurídicas orientadas a solucionar los conflictos territoriales que se presentan en la zona.

Desde la asunción de Mauricio Macri, despidieron a todos los trabajadores del área de tierra y hábitat de la SAF en Jujuy y se redujo el presupuesto para arreglar los vehículos y salir al campo.

Pero la del jueves fue una pequeña victoria. Los campesinos festejaron en la puerta de los tribunales al ritmo de la chacarera y con la feria campesina en la que exhibieron su producción. Castillo aseguró: “es un hecho histórico porque en general los campesinos no llegan a juicio oral porque son desalojados previamente. Entonces aquí no solo hemos evitado el desalojo sino que hemos demostrado en un juicio oral que el que tiene la tierra, el que la posee, la cuida, la habita es el poseedor, puede defenderse y no basta con tener un titulo, comprar los papeles en Buenos Aires para llevar adelante el despojo a los campesinos ni a los pueblos indígenas”.

Página/12 - 22 de septiembre de 2018