Los dos bloques de la política uruguaya

La política de Uruguay gira actualmente en torno a dos grandes bloques. Por un lado, el gobierno conservador lleva a cabo un programa de austeridad. Baja los salarios y reduce los gastos del estado con el fin de disminuir los costos y aumentar la ganancia del capital, con menores subas de precios. Confía en que la mayor competitividad de las empresas impulse la inversión y el crecimiento económico. Este programa es apoyado por todas las gremiales empresariales y es gestionado por una coalición de partidos políticos, que va desde el centro hasta la extrema derecha.

Por otro lado, la oposición progresista requiere mayor inversión pública y gastos sociales con el propósito de alentar la inversión de capital y el crecimiento de la economía a partir de una expansión de la demanda interna, promovida por el estado. Este programa cuenta con el apoyo de los sindicatos y de las organizaciones populares, y se expresa políticamente a través del Frente Amplio, que reúne sectores populistas, socialdemócratas y de izquierda.

La división refuerza la cohesión interna de los bloques. Penaliza la expresión de diferencias bajo la acusación de hacer el juego al adversario y reclama una adhesión incondicional como condición para el triunfo. Sin embargo, la alta concentración de fuerzas, más que anunciar una catástrofe, actúa como factor de estabilidad de las posiciones. Los partidos políticos evitan un choque frontal, colocan todas las cuestiones en el horizonte estratégico de las elecciones del año 2024 y limitan los movimientos a asuntos laterales, que adquieren entonces una rispidez y una importancia desmesurada.

Dentro de este escenario, son las fuerzas sociales el factor dinámico que empuja por la realización de su programa. En una nota anterior, vimos como la central sindical y las organizaciones populares promovieron un plebiscito sobre la ley maestra del plan conservador. El Frente Amplio, en tanto, discutió largamente la iniciativa y terminó por condicionar su apoyo a reducir a una tercera parte el contenido original de la propuesta.

Las gremiales empresariales, por su parte, festejaron el triunfo del gobierno en el referéndum. Creyeron llegada la hora entonces de emprender un cambio estructural de la relación entre las clases mediante la reforma de la seguridad social.

La reforma de las pensiones

La reforma de la seguridad social es un proyecto de extracción de plusvalor absoluto en escala masiva. Se habla de plusvalor absoluto cuando el aumento de la ganancia del capital no proviene de una mayor productividad e incorporación de tecnología, sino simplemente de alargar la duración del trabajo.

Es conocido como, a la vigilancia paranoica del cumplimiento del horario de trabajo, en los empleos formales, la precarización laboral añadió una codicia por extender la jornada laboral. Pero el día siempre tiene un límite. La reforma de la seguridad social busca entregar entonces más años de vida del trabajador a la explotación del capital, elevando la edad de retiro.

La obligación de trabajar más años para las personas mayores tiene como contrapartida dificultar el ingreso al mercado laboral de los jóvenes, quienes ya actualmente sufren tasas de desempleo muy superiores al promedio. Un aumento de la oferta total de trabajadores en el mercado no puede tener otro resultado que una baja general de los salarios para todos. Cambia estructuralmente la relación entre las clases a favor del capital.   

Finalmente, una mayor edad jubilatoria acorta el pago de pensiones y extiende, en la misma medida, la recaudación de aportes. Contribuye a reducir los gastos del estado y acrecienta los beneficios de las administradoras de fondos privadas.

Más trabajo y menos salario es todo el sentido de la reforma de la seguridad social, desde el punto de vista de los trabajadores.

Cautela y ambigüedad entre los partidos

Si el resultado del referéndum entusiasmó a las gremiales empresariales, entre los partidos de la coalición de gobierno, en cambio, prevaleció la cautela. Apenas cincuenta mil votos habían decidido el resultado a su favor y fácilmente podían volverse en contra de promover una reforma sabidamente anti popular. La prioridad de los partidos políticos, naturalmente, es retener el gobierno como condición necesaria para cualquier reforma.

El eje de la táctica conservadora pasó a ser involucrar a la oposición. El gobierno repite que la reforma de la seguridad social “es necesaria”. Pero, a pesar de tener las mayorías parlamentarias necesarias para aprobarla, insiste en que debe ser una política “de estado”. Alude con ese término a un acuerdo entre todos los partidos políticos para blindar a la reforma con respecto al rechazo de las clases populares.

Las fuerzas sociales también tomaron la iniciativa en el bloque progresista. La central sindical se pronunció explícita y categóricamente contra la reforma de la seguridad social en su acto del 1° de mayo.

En cambio, figuras políticas de primera línea del Frente Amplio pasaron a declarar que la reforma de la seguridad social es imprescindible “para el país”, que es el eufemismo habitualmente usado para referirse a las exigencias del capital. Pero añaden enseguida que no ven voluntad del gobierno para acordar una solución integral.

Expresan, de este modo, el deseo de sectores progresistas de no enajenarse completamente la voluntad de los empresarios. Al contrario, procuran destacar su mayor capacidad de mediación de los conflictos de clase como argumento para volver el gobierno y, al mismo tiempo, atribuir las dificultades a la intransigencia de la coalición conservadora.

Los plazos para este juego de cautela y ambigüedad, sin embargo, se agotan y hacen impostergable una decisión.

Todo tiene un límite

Decíamos al comienzo que no se trataba de bloques necesariamente alternativos y esta es una indicación política importante para entender el curso de los acontecimientos. Si el programa conservador pasa por un ataque contra los trabajadores, no está excluido que la mediación progresista resulte más eficaz para llegar a una solución negociada.

La reforma de la seguridad social aún no está resuelta en Uruguay. Pero, de acuerdo a lo que hemos visto, podemos sacar dos conclusiones.

La primera, relativa al método, es que no es un problema exclusivo de la seguridad social, sino que tiene un alcance mucho más amplio, desde el punto de vista de los trabajadores en relación con el capital.

La segunda conclusión, de naturaleza política, es que la dirección en que finalmente se incline la solución no depende tan solo de la competencia entre los partidos, sino también del peso que ponga en la balanza la acción de las fuerzas sociales.

- Luis Ibarra, Licenciado en Ciencia Política y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Docente en el Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay.

^{Sinpermiso - 30 de junio de 2022}