No siempre es con la sociología ni con la teoría política que se alcanza a explicar la vorágine social, anímica, cívica, política que la ciudadanía de Esmeraldas, en provincia y capital, procesa (o intenta procesar) sus consecuencias lamentables.

El pasado martes 9 de enero se desató en Ecuador una situación inaudita: la declaratoria de “conflicto interno armado” (CIA) por parte del nuevo presidente, el empresario multimillonario del banano Daniel Noboa. Esta declaratoria se produce en un contexto de ataques diversos dentro y fuera de las prisiones (secuestro de personal penitenciario, coches incendiarios, etc.), por parte de grupos delictivos vinculados al narcotráfico. La escalada culminó ese mismo día con la entrada de jóvenes armados al canal TC de televisión en Guayaquil; los jóvenes tomaron rehenes y amedrentaron a los periodistas y al personal de este medio ante los atónitos ojos de la audiencia nacional e internacional. Antes se había conocido la fuga de prisión de Fito, líder de la banda Los Choneros, y de otros jefes; fugas aparentemente desconocidas por parte del gobierno. Ahora el país se hallaba en guerra.

El país está por convertirse en uno de los más violentos del mundo. Sufre, entre otras cosas, una infiltración de bandas criminales en el aparato estatal y cambios en el mercado del narcotráfico.

Es inminente la votación en Ecuador, que tendrá lugar el domingo 20 de agosto, y no puede escapar a nadie que la espiral de violencia recibe todas las atenciones.  Los asesinatos de varios políticos, incluido un candidato a la presidencia, conmocionó al país. Tampoco puede sorprender que se aproveche esa dramática situación para insistir en que la consulta sobre dejar sin explotar el crudo en la amazonia de Yasuní, sería una cuestión secundaria para la grave inseguridad que se padece (1).  Las urgencias del país serían otras y no es el momento de dedicarse a discutir, e incluso pensar, si vale la pena preservar un área de selva amazónica; es lo que insisten algunos.