¡Buen día!

Espero que te encuentres bien. Hace un año te escribí un correo desde Quito, la capital de Ecuador, que ya en ese entonces aparecía desfigurada por la ola de violencia. Los códigos de la ciudad habían cambiado abruptamente: la noche terminaba más temprano, algunas zonas se habían vaciado de gente o solo se podían transitar en auto. Y esto sucedía bien lejos del epicentro de la crisis de seguridad, que se manifestaba en Guayaquil y otras ciudades portuarias. Incluso allí el hábitat de la violencia eran más que nada las cárceles, donde los amotinamientos se sucedían en cuestión de semanas, con cientos de muertos. Pero Ecuador, me decían, ya era otra. Y todo había pasado muy rápido.

La dinámica se aceleró de manera brutal en el último año, bajo una campaña electoral atravesada por el asesinato de Fernando Villavencio, un candidato que había denunciado la cooptación del Estado por parte del crimen organizado. Unas semanas antes fue asesinado el alcalde de Manta, una ciudad portuaria. Y en Esmeraldas, situada en esa misma costa, un dirigente correísta fue acribillado unos días después. Esos son los casos más rutilantes. Desde 2018, la tasa de homicidios del país se cuadruplicó. Este año ya acumula más de 4000 muertes violentas, una cifra récord que, de mantenerse la tendencia, dejaría a Ecuador entre los países más violentos del mundo.

Con este telón de fondo se desarrolla la contienda electoral. El 15 de octubre será la segunda vuelta, protagonizada por dos candidatos que eran desconocidos hace un par de años, otro síntoma de la crisis de representación. Luisa González, la candidata del correísmo, una abogada de 45 años cuyo cargo más alto fue el de asambleísta, enfrentará a Daniel Noboa, 10 años menor, hijo de Álvaro, el empresario bananero más rico del país.

Si bien González llega con un piso más alto de votación de primera vuelta (33%, diez puntos más que su rival), el factor anticorreísta le está dando una ventaja sólida a Noboa en las encuestas. El clima de violencia, que ya incluye la aparición de coches bomba en la capital, parece favorecer al candidato de centroderecha. Poco ayuda el hecho de que Villavicencio, ahora convertido en un ícono, haya sido un ácido crítico de los gobiernos de Correa. Noboa se vende como un paquete moderno: de 35 años, con poca experiencia política, propone un mensaje más centrado en el empleo y el desarrollo económico que en la mano dura.

Gane quien gane, como decimos en Cenital, hay un detalle importante: su mandato será de solo dos años. Se trata de completar el de Lasso, quien abandonó el barco a través del mecanismo de muerte cruzada (¡qué nombre maravilloso!), que disolvió el Congreso y activó el llamado a elecciones. Las urgencias del próximo gobierno son mayúsculas, y el tiempo para actuar, escaso.

Hoy quiero que nos metamos en los factores que llevaron a que Ecuador se convirtiera en un infierno de violencia en tiempo récord. Porque si algo queda claro al mirar el problema de cerca, es que sus causas son regionales, y bien pueden serlo sus efectos. Dicho simple: lo que vive Ecuador puede pasar en otros países.

Empecemos por un punto importante.

Grado cero: la geografía y otras cositas

Hay, sí, algunas particularidades de Ecuador que hay que apuntar, empezando por la geografía. El país está en el medio de los dos grandes productores de cocaína a nivel global –Perú y Colombia–, y cuenta con una salida privilegiada hacia el Pacífico, es decir, hacia Estados Unidos, que es de los principales consumidores (aunque sus vecinos también compran). Tiene también una buena infraestructura portuaria, y una decente oferta de carreteras para transportar hacia otros mercados (ya vamos a volver a esto).

Además, Ecuador tiene una economía dolarizada, con pocos controles en el sistema financiero, lo que facilita el lavado de activos y la afluencia de dinero ilegal. Ese dinero, por cierto, no es solo del narcotráfico. La infografía que está acá arriba, compuesta por Insight Crime en 2019, detalla las rutas de droga que pasan por el país. Pero a eso hay que sumarle el tráfico de oro y otros minerales provenientes de la minería ilegal, así como la trata de personas, entre más actividades. Por eso es más preciso hablar de “crimen organizado”, y no sólo de narcotráfico.

Esa estructura de crimen organizado, entonces, encontró una facilidad adicional en Ecuador: un Estado desarticulado, entregado a la infiltración.

La penetración del crimen organizado

“Ecuador siempre tuvo la amenaza latente de que la influencia del crimen organizado crezca en nuestro territorio y en las instituciones”, me dice Carolina Andrade, la secretaria de Seguridad de Quito. “Sabíamos que los factores externos, la producción de cocaína en países vecinos y la demanda de mercados no iban a cambiar. Bajo ese contexto, lo óptimo hubiera sido que el Estado fortalezca sus capacidades en materia social y de seguridad. Pero en lugar de eso, se hizo lo contrario. Para el momento de la pandemia y la crisis carcelaria, el Estado ya estaba debilitado”.

Las fechas acá importan, porque es en 2020, en plena pandemia, cuando la violencia en las cárceles comienza a estallar. Rápidamente queda claro que el ámbito escapa al control estatal. A fin de ese año, además, asesinan al líder de Los Choneros, el grupo criminal más grande del país, y las bandas comienzan a fragmentarse. Hoy hay una mayor atomización criminal, lo que aumenta los niveles de disputa. Y el problema no es solo nacional: las bandas funcionan cada vez más como brazos operativos de cárteles extranjeros, principalmente de México (el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación). Por entonces las cifras de homicidios todavía eran bajas comparadas a nivel regional.

¿Cuándo comenzó el desgobierno? La mayoría de análisis apuntan a la gestión de Lenin Moreno, el sucesor de Correa en 2017. Si bien hay algunas críticas que se remontan a la gestión del correísmo en seguridad, por hacer poco en cooperación internacional o permitir el manejo privado de los puertos, esas mismas miradas resaltan que la violencia estaba bajo control y que los problemas comenzaron después. En palabras de Fredy Rivera Velez, profesor de FLACSO Ecuador e investigador en cuestiones de seguridad y geopolítica: “Es cierto que en los últimos años de Correa se redujo la inversión en seguridad, pero fue Lenin Moreno el que destrozó la institucionalidad securitaria. Hasta 2018 los indicadores estaban bajo control”.

Algunos ejemplos de los cambios en la gestión de Moreno fueron la eliminación del Ministerio de Justicia, a cargo, entre otras cosas, del sistema penitenciario, y la suspensión de la Agencia Nacional de Inteligencia. “Dejaste de tener inteligencia estratégica y había menos entidades de control y de justicia, sumado a varios movimientos coyunturales en el tejido estatal de la seguridad. Es decir, creaste una ventana de oportunidad para la infiltración del crimen organizado, que se dio con velocidad. Hoy el Estado está completamente emboscado”, explica Rivera. Agrega, por cierto, que el cuadro empeoró en la gestión de Guillermo Lasso.

De hecho, fue durante la gestión de Lasso que la crisis desbordó el ámbito carcelario para instalarse con fuerza en todo el país. La mayor atención del presidente estuvo puesta en que el Congreso apruebe sus reformas económicas, un ejercicio frustrado que derivó en la actual convocatoria electoral. Pero las noticias de estos últimos dos años revelan, además de un déficit en la gestión de seguridad, una infiltración del crimen organizado en el sistema penitenciario y en la justicia, así como en el aparato de seguridad y el propio Ejecutivo, en el que se encuentra Lasso. Una investigación del medio La Posta lo vinculó a él y su círculo con la mafia albanesa, otro de los actores involucrados. Hechos recientes como el crimen de Villavicencio o los coches bomba en Quito pueden ser leídos como mensajes de intimidación al sistema político.

Pero los problemas de gestión no tienen que ver solamente con la baja inversión en seguridad o los desmanejos en la regulación estatal. La crisis económica que vive el país hace unos años también deja un escenario propicio para la penetración del crimen organizado. “Gracias a las políticas de ajuste estructural ha habido una reducción fuerte en la inversión social, y por lo tanto en la inclusión económico-social”, me apunta Luis Córdova, director del programa de investigación en orden, conflicto y violencia, de la Universidad Central del Ecuador. “Tenemos un ejército de 800 mil jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan y que actualmente están migrando o militando en las estructuras pandilleriles que ofertan los servicios criminales”.

Ese negocio también está cambiando.

La nueva geopolítica de la cocaína

Lo dijimos al pasar en el correo del año pasado: Ecuador, que antes era sobre todo una ruta de tránsito de cocaína, se ha convertido en un centro de distribución. En 2015 las autoridades incautaron 63 toneladas de droga; en 2022 fueron 180, más del doble. Ese cambio explica, en parte, la mayor presencia de cárteles, con la sangrienta competencia incluida. Pero no es todo.

La historia tiene un giro a partir de 2016, cuando el Estado colombiano firma los acuerdos de paz con las FARC, un proyecto que queda incompleto por la falta de aplicación territorial. “Eso genera un vacío de poder en las zonas que eran controladas por la guerrilla”, me explica Córdova. “Decenas de organizaciones y grupos residuales comienzan a disputarse el control de esos territorios y por tanto a penetrar con mayor fuerza en el Ecuador, también ante la ausencia de una política vecinal que sostenga el proceso”. El conflicto, entonces, migra.

Luego hay dos cosas sobre la cocaína que hay que entender. Lo primero: cada vez se produce más. Lo segundo: el consumo, que naturalmente también va en aumento, se está diversificando, con la aparición de nuevos mercados, principalmente en Europa y Asia.

Esto quiere decir, entre otras cosas, que las rutas cambian, y el tránsito no mira sólo hacia el Pacífico. Observá, por ejemplo, este gráfico del tráfico de cocaína hacia Europa, elaborado por Insight Crime:

Ecuador es el país que más ha sufrido este cambio de tendencia. Ya en 2021, un tercio de la cocaína que se incautó en ese país iba destinada a Europa, una cifra que no superaba el 10% en 2019. Eso explica también la presencia de mafias del viejo continente, como la albanesa. ¿Cómo viaja esa droga? En buena medida en cargamentos de bananas. Esto coincide, por cierto, con una creciente liberalización del comercio entre Ecuador y la Unión Europea, que firmaron un acuerdo a fines de 2016. El flujo aumentó, al tiempo que las regulaciones (de ambos lados) se volvieron más débiles, lo que generó una ventana de oportunidad.

El país, entonces, cambió su posición en el mercado del narcotráfico, que ya había sufrido cambios estructurales en las últimas décadas. “Ya no estamos en la era del gran narco tipo Pablo Escobar”, me cuenta Fredy Rivera. “Tienes una división racional del trabajo y por tanto una disputa territorial por los lugares en esa cadena de valor. Las bandas chocan en ciudades cerca de los puertos, que es por donde sale la droga”.

Cerremos con dos conclusiones.

La primera es que el próximo gobierno va a tener que aplicar medidas inmediatas para retomar el control de las cárceles y depurar el aparato de seguridad y justicia. Ambos candidatos lo tienen como prioridades. Sus propuestas también permiten ver un foco compartido en las raíces estructurales del problema, como la falta de inclusión social. “Las elecciones mostraron que la ciudadanía no quiere solo mano dura”, me apunta Carolina Andrade, la funcionaria de Quito. Se refiere, entre otras cosas, a la mala performance que tuvo el candidato Jan Topic, la versión ecuatoriana de Bukele. “Pero sí se espera liderazgo, cosa que hoy no hay”, agrega. El mandato acotado y la fragmentación del próximo Congreso ciertamente no ayudan.

La segunda conclusión se deduce de la infografía que está arriba, y es que el problema no es sólo ecuatoriano. Informes como el de Naciones Unidas o el del grupo Crisis coinciden en que la amenaza del crimen organizado está llegando a nuevos países de la región, en parte por el cambio en las rutas de tráfico. Esto ya está apareciendo, por ejemplo, en los balances anuales de homicidios en la región, donde países que antes pasaban desapercibidos, como por ejemplo Chile, ahora empiezan a preocupar.

El axioma parece sencillo. Allí donde el Estado pierde competencias, la economía formal se achica y la cooperación regional brilla por su ausencia, el crimen organizado se vuelve una amenaza latente y real. No es cuestión de alarmarse o entrar en pánico, pero sí de prestar atención.

Eso fue todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta acá.

Un abrazo,

Juan

^{cenital - 25 de septiembre de 2023}