A principios del siglo XX empezaron a crearse sistemas contributivos gestionados por sindicatos, originalmente para trabajadores de cuello blanco, extendidos masivamente por Juan Perón. El peronismo también tuvo una importantísima política de protección no contributiva, asistencial, pero institucionalmente separada.

Durante los años de la proscripción, el sistema de protección social creado por el peronismo para trabajadores formales no fue muy criticado. Distinto fue el caso de la política asistencial, duramente cuestionada, y así la protección no contributiva salió de la escena. Es cierto, el desempleo era bajo, pero aun así había muchos ancianos sin cobertura. Había que proteger a todos, pero desde la lógica contributiva. En todo caso, las utopías del desarrollismo entendían que las protecciones no contributivas no serían necesarias.

En 1969 Juan Carlos Onganía estatiza el sistema previsional y lo pone bajo el control del Ministerio de Bienestar Social (MBS), a cargo de sectores vinculados a la iglesia. A principios de los 70 asume Francisco Manrique en el MBS y cambia parcialmente la impronta. Se empiezan a reivindicar protecciones no contributivas para algunos sectores postergados, siempre bajo una lógica asistencial y separada de la seguridad social ordinaria. Algo de eso también hay en el Programa de Seguridad Social que lanza López Rega en noviembre de 1973. Es decir, a principios de los 70, cuando empiezan a advertirse los límites del desarrollismo y se agotan sus utopías, la agenda no contributiva vuelve levemente a escena.

Con la última dictadura todo esto desaparece, pero en los 80 regresa. El legado económico y social de la dictadura es trágico: bajan fuertemente los salarios reales, con lo que cae la recaudación. Una reforma más inclusiva está en agenda durante el gobierno de Alfonsín, pero queda relegada.

En los 90 crecen la pobreza, el desempleo y la precariedad. No sólo quedan excluidos muchísimos ancianos no cubiertos; quienes sí lo están cobran haberes irrisorios. Además, la población activa aportante es cada vez menor. Al mismo tiempo, retorna el asistencialismo, pero en clave neoliberal, basado en la focalización y las contraprestaciones. La política social se vuelve masiva en 2002 con el Plan Jefas y Jefes. En 2004 sus beneficiarios son divididos en dos: de un lado el Plan Familias, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, del otro distintos programas del Ministerio de Trabajo. Los inempleables de un lado, los empleables del otro. En el marco del Plan Familias se lanza una línea llamada Plan Mayores, para ancianos sin cobertura, pero tiene pocos adeptos.

Así llegamos a 2005 y a las moratorias. En lugar de separar al sistema contributivo de uno no contributivo, asistencialista y sólo para pobres, se incluye a todos bajo una lógica contributiva ficcional. En vez de otorgar a los ancianos un plan social, se permite que se jubilen declarando una deuda de aportes -en algunos casos total, en otros parcial-. La ANSeS instaba a que afirmen que habían trabajado y recibían una jubilación mínima menos una cuota de regularización a saldar en cinco años. Así, la cobertura previsional pasó del 50 en 2001 al 90 por ciento en 2010 y al 97 por ciento en 2014.

Las moratorias fueron una farsa, es cierto, pero necesaria para adaptar las necesidades del siglo XXI a lógicas legitimadoras del pasado. El Plan Mayores fracasó, en parte, porque fue pensado como plan para pobres con una gran carga estigmatizadora. Esta ficción permitió romper con la estigmatización. Claro está, reprodujo la legitimación del sistema contributivo, pero puso fin a una tradición más que centenaria, que consistió en separar a los pobres y segmentar institucionalmente a la protección social.

Lo que propone el gobierno es volver a la segmentación. Para trabajadores formales, jubilación ordinaria. Si faltan aportes, al plan social, a la jubilación para pobres. Sostienen que es injusto darle al que aportó el mismo beneficio que al que no lo hizo. Pero, ¿acaso quienes no aportaron lo hicieron por voluntad propia? Un varón que se jubila hoy con 65 años tenía 40 en 1991. Le tocó atravesar su edad de madurez laboral durante los 90. Es muy probable que haya caído en el desempleo o en la informalidad. Hoy quiere jubilarse y el gobierno le dice que la reparación histórica para consigo es una jubilación de segunda.

Si las moratorias abrieron contradicciones en el sistema, la nueva propuesta las resuelve volviendo hacia atrás, a la estigmatización de la pobreza y a la responsabilización individual. Vuelve a la protección social neoliberal en nombre de la supuesta justicia para con quienes sí pudieron aportar, que son aquellos que simplemente tuvieron la suerte de no quedar desempleados o precarizados.

- Nicolás Dvoskin, Doctor en Ciencias Sociales, Becario posdoctoral CEIL-Conicet, Docente UNM, Miembro de la Sociedad de Economía Crítica.

Página/12 - 20 de junio de 2016