Por lo general, estos planteos no reparan en las características que asume el proceso de concentración a escala nacional, en particular sobre ciertas constantes de la elite económica local: su escasa vocación por alcanzar rentas tecnológicas y su “reticencia inversora” del gran empresariado. Ello no implica reconocer que la concentración sea buena o mala, pero sí identificar su patrón de comportamiento en la economía argentina y sus efectos perniciosos sobre variables de indudable importancia económica: inflación, inversión, distribución del ingreso, cuentas externas y fiscales, etc.

Concentración económica. La salida de la convertibilidad dejó una estructura productiva fuertemente concentrada y con un avance notable del capital extranjero en el núcleo de poder. Si bien las 500 empresas de mayor tamaño del país explicaban en 1993 el 20% del valor de producción nacional, ese peso ascendió al 23% en 2001 y, tras la megadevaluación de 2002, se elevó hasta el 30%. En la posconvertibilidad, este fenómeno, lejos de revertirse, se afianzó: en 2010 las 500 compañías más grandes representaron más del 32% del valor de producción del país.

Los formadores de precios. En este escenario no debería llamar la atención que en el profundo reacomodamiento de los precios relativos tras la devaluación de 2002, los oligopolios líderes hayan subido los precios por encima del resto. De allí que los precios mayoristas de las actividades donde prevalecen estructuras de oferta altamente concentradas muestren variaciones de precios por encima de la media. Es el caso de la industria siderúrgica, la de aluminio primario, la celulósica-papelera, la elaboradora de vidrio plano y de envases de vidrio, la refinación de petróleo, la automotriz, la producción de neumáticos, la petroquímica, la aceitera, la azucarera, la industria cervecera, la de golosinas y, muy vinculado con las cotizaciones internacionales, los minerales metalíferos y los hidrocarburos.

De ello se sigue que el desempeño de estos actores al calor de variadas acciones y omisiones estatales se convierte en uno de los principales factores explicativos del proceso inflacionario. Pero también sugiere que en la última década ha tenido lugar una profunda transferencia de excedentes a favor de las grandes corporaciones, lo cual retroalimenta tres tendencias de la posconvertibilidad que refuerzan legados críticos del neoliberalismo: la concentración económica, la extranjerización y la ausencia de un cambio estructural en el perfil de especialización productiva y de la inserción internacional del país.

¿Quiénes ganan? Si hay un consenso bastante generalizado es que las ganancias han aumentado mucho en la posconvertibilidad. Ello tiene como razón principal la abrupta caída del costo laboral tras la maxidevaluación en 2002 y los rendimientos de la productividad del trabajo que compensaron, en una medida no desdeñable, la recuperación posterior del costo salarial (aún muy atrasado en términos históricos). Esto posibilitó el incremento de la participación de los beneficios en el producto en niveles extraordinarios, muy superiores a los elevados registros de la década de 1990. Y además, debido a la franca expansión económica, de la masa de los beneficios apropiados por el capital.

En el período 2002-2010, el volumen de los beneficios brutos apropiados por el conjunto de los empresarios fue un 83% mayor que en los noventa. Pero, ¿quién se apropia de tales ganancias extraordinarias? El aumento de la concentración económica durante la posconvertibilidad conllevó un incremento notable de la porción de los beneficios que se apropiaron las 500 empresas de mayor tamaño. A tal punto que pasaron de internalizar el 12% de los beneficios brutos en la convertibilidad a apropiarse el 20% en la posconvertibilidad.

Lo peculiar es que, tras una caída relativa de su más que elevada participación en el excedente en 2007 y 2008, las 500 firmas más grandes retomaron la senda de apropiación de los beneficios por encima del “resto de la economía” en 2009 y 2010, hasta alcanzar más del 21% del excedente bruto total del país en el último año. Este es el escenario en que se inscribe el actual proceso inflacionario, la puja distributiva, los recurrentes reclamos del poder económico ante las subas salariales y sus planteos de atarlas al comportamiento de la productividad y/o recuperar ciertos ejes de la política laboral bajo el neoliberalismo.

Reticencia inversora. Esas ganancias extraordinarias internalizadas por las grandes corporaciones no fueron destinadas, en una medida proporcional, a la ampliación de la capacidad productiva. Si bien la cúpula empresaria reforzó su incidencia en los beneficios y en el conjunto de la economía doméstica, su peso relativo en la inversión bruta nacional cayó del 23% al 17% entre la convertibilidad y la posconvertibilidad (incluso con una tendencia decreciente en este último período).

Es decir que la elite económica local se encuentra lejos de manifestar un comportamiento típicamente “schumpeteriano”. Por el contrario, su actitud es pasible de ser calificada como de reticencia inversora: su inversión estuvo en todo el período de la posconvertibilidad muy por debajo de sus ganancias. ¿A qué se debe esta conducta de las grandes corporaciones? Entre otros factores, ello podría estar asociado a:

El elevado grado de concentración económica, dado que los oligopolios no necesitan ampliar significativamente la capacidad productiva para ganar posiciones en sus mercados, en los que tienen elevadas barreras al ingreso.

La fuerte extranjerización de la cúpula empresaria, puesto que sus estrategias globales no necesariamente coinciden con el contexto local (el vaciamiento productivo y económico-financiero de YPF bajo control de Repsol es un buen ejemplo).

Los efectos “no deseados” de la promoción industrial, dado que los beneficios a las inversiones, que igualmente se hubieran realizado por el escenario doméstico e internacional, aumentan la masa de ganancias y no la inversión.

Extranjerización. La elevada y creciente concentración económica se desarrolló en el marco de un intenso proceso de extranjerización de la cúpula empresaria. Basta mencionar que las 282 corporaciones extranjeras del panel de las 500 firmas líderes explican, en la actualidad, las tres cuartas partes del valor de producción. Más del doble de lo que representaban las 161 empresas foráneas que había en 1993.

Por su relación con la reticencia inversora, cabe apuntar que entre 2005 y 2010 la distribución de dividendos alcanzó el 61% de las utilidades generadas por la IED. Ello no sólo trajo aparejado limitaciones para el desarrollo potencial de la economía doméstica, sino que afectó significativamente la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y, al articularse con otros procesos asociados a ciertos sesgos de la intervención estatal, colocó al país nuevamente en un escenario de cuasi restricción externa.

Sintonía fina. Por sus múltiples repercusiones sobre diferentes variables económicas, la concentración y la extranjerización constituyen problemas estructurales y un serio escollo al desarrollo de la Argentina. Ante la manifestación de varios “cuellos de botella” (crisis energética y del sector externo), el Gobierno avanzó trastocando ciertos intereses del gran capital (nueva política hidrocarburífera, negociación con transnacionales para la reinversión de utilidades, etc.). La eventual “normalización” de estas cuestiones, si bien sería un gran paso, no debería soslayar la necesidad de atacar las causas de fondo de muchos de los condicionantes estructurales que afronta el país: inflación elevada, restricción externa, estructura industrial trunca, inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial, etc. Pero no se puede desconocer que existen factores que dificultan sobremanera avanzar en ese sentido. Por ejemplo, sigue vigente la Ley de IED de la última dictadura y no se ha encarado la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión (de los 58 TBI suscriptos en los noventa, 55 han sido ratificados en la última década).

Miradas al Sur - 26 de agosto de 2012