Los debates acerca de lo que ocurre hoy en Famatina conducen a reflexionar con qué paradigmas, con qué modos de conocer y generar información se manejan los actores en disputa. Boaventura de Sousa Santos contrapone, en muchos de sus trabajos, al agónico paradigma “moderno” la creación de uno nuevo que aún no lo hemos nominado pero que, sin duda, despunta. Lo acompaña un pensamiento social crítico que se configura en los derroteros de las organizaciones y pueblos en resistencia en este siglo XXI. La modernidad, el paradigma hegemónico hasta hace algunas décadas, tuvo pilares básicos para sostener su deslumbrante ingeniería social, pero desde hace años debe generar bisagras con un nuevo tiempo. El rasgo “monocultural” europeizante de los viejos pilares de la modernidad se abre para cobijar “otras” culturas generadas por la humanidad toda. El autor elige el sugerente concepto de “ecologías” para dar cuenta de cómo un viejo dispositivo “moderno” que “invisibilizaba” otras maneras de vivir se puede desprender de su naturaleza colonial y transformarse en una herramienta mucho más democrática y pluricultural. Santos habla de cinco ecologías donde “lo ausente” se haga “presente”, entre ellas la “ecología de saberes”, que será el concepto a usar para mostrar la incapacidad de los actores del poder para comprender sujetos inmersos en ideas y acciones de este siglo.

En el conflicto de Famatina podemos observar, por un lado, esa dupla formada por gobiernos y las corporaciones –Luis Beder Herrera y la empresa Osisko Mining Corporation– y, por otro lado, las asambleas y poblaciones en resistencia. La dupla del gobierno provincial y la Osisko ha decidido suspender el emprendimiento minero en el cerro Famatina sin rescindir el contrato como demandan las poblaciones en lucha, sino que plantean “hacer una campaña de información” para luego consultar a la población. Las asambleas inmediatamente respondieron que “este pueblo está informado”. Frente a un mismo problema –información–, los actores muestran dos maneras de comprenderlo difíciles de conciliar.

La dupla sostiene que el pueblo riojano necesita información científica que le muestre que la contaminación y los riesgos ambientales no existen. Para este fin cuentan con algunos ingenieros en minas, geólogos (y también cientistas sociales) que, en la convicción de que sus meros títulos universitarios los autorizan a declarar inofensiva la actividad, pasan por alto toda evidencia en contra o la etiquetan de “no científica”; y el “principio precautorio”, para ellos, no existe. De este modo, “informar” es convencer mediante el dispositivo monocultural-moderno “lo dice la ciencia” (pobre ciencia) y por lo tanto los emprendimientos deben hacerse.

Por otro lado, los asambleístas y poblaciones en lucha saben que para fundamentar el rechazo necesitan conocimientos científicos que demuestren (no simplemente que enuncien) los graves problemas de la actividad extractiva pero, además, y esta es su gran ventaja, cuentan con la recopilación de muchos otros saberes que provienen, por ejemplo, de pueblos que ya han pasado por esta situación y dan sus dramáticos testimonios, agricultores que saben cuánto baja cada año el agua del acuífero del valle y que apenas alcanza para esa labor y para el consumo... Es decir, al mentado “conocimiento científico” de los técnicos al servicio de las empresas les contraponen conocimientos científicos generados por grupos independientes de universidades nacionales y extranjeras combinados con los significativos “otros” saberes. En síntesis, las poblaciones en resistencias, como dignos sujetos sociales de este siglo, manejan una “ecología de saberes” que las diferencian y las ponen en ventaja sobre la supuesta única “racionalidad” enunciada por los universitarios de la modernización colonial.

Existe, de todos modos, una sospecha generalizada acerca del “modo” en que la supuesta información será difundida por el gobierno y la corporación. No obstante, atravesamos tiempos distintos, con lógicas de acción colectiva, modos de generación y asimilación de información que al poder le cuesta mucho entender y, por lo tanto, sus estrategias de “convencimiento” vienen fallando, aun desplegando mucho dinero. Cuando una población se opone no hay “licencia social” y sin ella no hay minería en democracia.

Frente a las reiteradas protestas populares relacionadas con el rechazo a la minería a cielo abierto en algunas localidades de nuestro país como Tinogasta, Santa María, Belén, Andalgalá (Catamarca), Amaicha del Valle (Tucumán), Famatina (La Rioja) y otras queremos expresar, como grupo de curas en la opción por los pobres, nuestra solidaridad con las víctimas, en quienes vemos todavía hoy, los dolores del Crucificado: las víctimas de la represión y del desalojo de tierras legítimamente ocupadas por comunidades campesinas; las víctimas de la incertidumbre sobre el trabajo y sobre el futuro que generan muchos de estos proyectos de explotación minera a gran escala; en este sentido, también repudiamos enérgicamente la represión violenta e indiscriminada sobre los manifestantes tanto por parte de efectivos policiales o militares como de patotas violentas e impunes que responden a intereses de las empresas involucradas, y nuestra apuesta al diálogo como instrumento de la justicia y camino de resolución de estos complejos conflictos.

La minería a gran escala es expresión cabal de una demanda cada vez mayor de parte de los países desarrollados hacia los países emergentes o dependientes, de materias primas o bienes de consumo. Esta tendencia consolida cada vez más un paradigma productivo fuertemente extractivista, apoyado en la sobreexplotación de recursos naturales. En Argentina, en el lapso que va entre 2003 y 2008, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, el crecimiento acumulado de los proyectos mineros llegó al 907 por ciento (más de 400 proyectos).

Dicho paradigma tiene dolorosos antecedentes en la historia de América latina en la que predominaron durante décadas los enclaves coloniales que esclavizaron pueblos y empobrecieron a los trabajadores. Debido a esto no pocos opinan que no es casualidad que la resistencia a la sobreexplotación de los recursos naturales y su enérgica defensa hayan surgido de movimientos y organizaciones indígenas y campesinas. Tal vez aquí estén las dos puntas de este conflicto: por un lado, la lucha por la defensa de la tierra y los bienes de todos y, por el otro, la consolidación de un discurso sobre el desarrollo, de fuerte base extractivista, orientado al abastecimiento del mercado externo. Dicho modelo de desarrollo tiene como caso emblemático la megaminería a cielo abierto.

Reafirmamos la necesidad del diálogo, la escucha de todas las partes en conflicto y el cese de amenazas o intimidaciones como condiciones que pueden abrir los caminos de entendimiento.

La minería a gran escala enfrenta a dos fuerzas asimétricas: las organizaciones campesinas, indígenas o de vecinos autoconvocados y las empresas transnacionales cuyo peso en la economía local y global es tan grande que no sería extraño que los intereses de las corporaciones presionen o intenten sustituir al Estado, avasallando las decisiones o necesidades del pueblo. La implementación del modelo extractivista suele estar respaldada con la criminalización de la protesta social y políticas represivas o autoritarias. Debe garantizarse un diálogo en iguales condiciones.

La economía, el desarrollo y la producción no pueden ni deben estar desconectados del bien común y el estado de bienestar de la sociedad. Los proyectos mineros en cuestión amenazan recursos vitales para la subsistencia humana, como el agua y la energía. El agua es un elemento imprescindible en los procesos extractivos y se obtiene de ríos, glaciares y acuíferos. Reclamamos que el Estado nacional y los Estados provinciales ejerzan el debido control y defensa de los recursos que forman parte del patrimonio nacional, ya que no todo es mercancía ni debe tener precio en el mercado. A la vez, es deber del Estado informar debidamente a las poblaciones afectadas y no negociar a espaldas de los posibles perjudicados.

Nos preocupa que sólo se evalúen los costos económicos y no se eviten posibles graves costos socioambientales, como la usurpación de tierras habitadas, contaminación de aguas y tierras a causa de los procesos de lixiviado de los minerales extraídos, etcétera.

Creemos en el Dios de la Vida, que “levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre” (Salmo 113, 7). Nos ponemos del lado de pueblos y familias angustiados, agredidos y amenazados por el avance de un modelo de sociedad que ubica la acumulación de ganancia por encima del derecho a la vida y el bienestar de todos por igual. Confiamos esperanzados en el diálogo justo e igualitario –a pesar de las ya mencionadas asimetrías de las partes en conflicto– como camino de verdad y justicia.

La sala Jacobo Laks del Centro Cultural de la Cooperación fue escenario de una serie de debates sobre la actividad minera, realizados en el marco de las primeras Jornadas de Desarrollo que impulsó el Instituto Argentino Para el Desarrollo Económico (IADE) y su grupo de estudios.

El objetivo del encuentro fue reflexionar sobre la cuestión de los recursos naturales no renovables en Argentina y América latina. Así lo expresó el director del departamento Editorial del CCC, Jorge Testero, en sus palabras de bienvenida: «Para nosotros es muy importante que se hagan estas jornadas aquí. Este es uno de los temas complejos y sensibles de la Argentina actual que no está ajeno a nuestras preocupaciones».

El coronel retirado José Luis García fue colaborador de Augusto Rattenbach en la elaboración del informe que lleva su nombre y que la presidenta Cristina Fernández ordenó desclasificar esta semana en el marco del conflicto con Gran Bretaña por las islas Malvinas. Como compañero y amigo de toda la vida del hijo del general Rattenbach, como responsable de una parte del informe y como secretario adjunto del Centro de Militares por la Democracia (Cemida), García es hoy una de las voces más autorizadas para hablar de lo que sucedió con el informe, su impacto en el conflicto actual con los ingleses y del “absurdo” de la guerra por las islas. En diálogo con Página/12, aseguró que desclasificar el informe servirá para revelar que “el pueblo argentino era totalmente ajeno a la actitud belicista que llevó a la guerra”.

En 1978 don Ildefonso Garzón creía que su hijo Baltasar pretendía “salirse de su sitio” porque quería ser juez. Pensaba el padre que esos cargos eran para gente rica, con mucho poder. Pero la respuesta del hijo fue: ¡El poder lo lleva uno dentro! Admitió Baltasar que se metería en gastos “y estaré a la sopa boba sin ganar sueldo”, pero prometía anotar peseta a peseta gastada para devolverlos en su momento. El perfil del juez ya se definía, con su empeño, decisión, coraje, constancia y capacidad de superación. ¡Y fue juez!

Veinte años después, la baronesa Margaret Thatcher recibe en Londres a su amigo Augusto Pinochet, el general que ayudó a Inglaterra en la Guerra de Malvinas. El general que tutelaba al ejército chileno después de su larga dictadura y sobre el cual pesaban las sombras de tantos muertos y desaparecidos viajó invitado por la agencia estatal The Royal Ordenance, una empresa de fabricación de armas. Paso audaz el del general, porque el gobierno de Frei le desaconsejó el viaje. El goce de la impunidad puede producir gestos atrevidos. Y si se le presentaban dificultades Al Kassar dijo a sus íntimos: “Yo corro con los gastos de su defensa con sumo gusto”. El traficante sirio, la baronesa y el general tenían negocios en común.

Las denuncias contra el dictador existían en diversos sitios, pero faltaba quien se hiciera cargo de asumir la trascendente decisión de ordenar la detención del poderoso senador vitalicio.

Un juez en la soledad de una tarde de viernes emite la orden de detención por terrorismo, genocidio y tortura por crímenes en el contexto del Plan Cóndor, y esa noche Pinochet es detenido.

“Si un juez tiene miedo, que cuelgue la toga”, ha dicho Garzón, y sin duda su trayectoria demuestra no sólo que no la colgó nunca, sino que siempre se la puso al hombro. Muchos crímenes fueron investigados y abordados sin temor por un juez incansable y con una musculatura mental inapreciable. Los grupos parapoliciales del GAL, las mafias del oro, el terrorismo de ETA, los crímenes de Argentina y Chile, los fondos reservados, el narcotráfico, la corrupción fueron materia natural de su labor.

Y descorrió el velo de negación histórica sobre el plan sistemático de exterminio del franquismo, lo que significó abrir un camino reparador para las víctimas de la dictadura. Ese plan significó que por fuera de la Guerra Civil Española se fusiló sumariamente, se desaparecieron miles de personas, se apropiaron niños para trasladarlos de un sector nacional a otro, se enterró en fosas comunes sin nombre y cuantificando por cantidades. El horror comenzó a aflorar en esa España que se presentó frente al mundo como realizadora de una transición ordenada y pactada. Se invocó una ley de amnistía para cerrar el capítulo, cuando se está frente a delitos de lesa humanidad imprescriptibles y que no pueden gozar de amnistía alguna.

El poder real no toleró este camino de verdad y justicia y comenzó a planificar la destitución del juez Garzón que se acaba de concretar.

La calle de Torres en las serranías de Jaén donde nació Baltasar lleva su nombre. Antes se llama Del Generalísimo.

Podemos preguntarnos: ¿la restauración inaugurada con la destitución de Garzón continuará con la vuelta del nombre del caudillo por la gracia de Dios?

Durante los 45 días de operaciones de combate en el Atlántico Sur, además de los 323 muertos por el hundimiento del crucero General Belgrano, murieron en combate 326 soldados argentinos. La cifra de suicidios de ex combatientes superó ese número. Las estimaciones varían entre 350 y 450 casos y las diferencias de apreciación es por si se suman o no aquellos casos de personas que murieron en accidentes o enfermedades que pudieron tener como un componente fundamental el hecho de haber quedado marcados por haber estado en una guerra. Sólo para evitar confusiones, la tasa anual de suicidios en Argentina es de 8,2 casos cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación. Si en los frentes de combate hubo unos 14.000 hombres, la tasa resulta entre 12 y 15 veces mayor.

Hace seis años, un periodista de La Nación, Oliver Galak, a raíz del suicidio de un ex combatiente se preguntaba: “¿Por qué Argentina ha olvidado a sus ex-combatientes de la guerra de Malvinas? ¿Será acaso porque Argentina no soporta la derrota sufrida y quiere esconderla debajo de la alfombra? ¿Será acaso porque su clase política, tras más de 20 años, tiene mucho que esconder? ¿Será acaso porque la Argentina no soporta mirar cara a cara a los hombres que mandó a la muerte, mintiéndoles?”. Una serie de preguntas de apariencia punzante y, sin embargo, todas ellas sólo útiles para sembrar confusión. Un trabajo revelador de dos psicoanalistas franceses –Françoise Davoine y Jean Gaudillère– (Historia y trauma - la locura de las guerras) contiene una serie de advertencias sobre las conductas de quienes estuvieron en frentes de combate.

De manera resumida serían las siguientes. La negación: lo que pasó no pasó. La culpa del sobreviviente: por qué ellos y no nosotros. La perversión del juicio: las víctimas son las culpables. La fascinación por los criminales. Este último concepto, aclaran los autores, es tomado por Hanna Arendt en su trabajo Los orígenes del totalitarismo.
Estas recomendaciones pueden resultar no sólo de carácter universal sino que pueden muy bien ser tomadas como punto de referencia para analizar las conductas de quienes, como Galak, no estuvieron en la guerra pero pervierten, en pocos párrafos, lo sucedido en 1982 en Malvinas. Lo confirman los deslices del periodista al poner como sujeto a “la Argentina” y no a la dictadura, así como de interpelar a “la clase política” porque “tiene mucho que esconder” en cambio de abordar el discurso de La Nación durante la dictadura y particularmente en la cobertura del conflicto bélico.

Pero hay un aspecto referido a “la Argentina” que va más allá de discriminar las responsabilidades de quienes mandaron soldados conscriptos poco instruidos a un escenario bélico. Concretamente, la idea, generalizada en estas latitudes, de que los británicos salieron menos lastimados que los argentinos. Esa creencia se basa en distintas verdades consabidas: que son un Imperio acostumbrado a la guerra, que salieron victoriosos del conflicto y que, además, sus soldados profesionales están entrenados física y mentalmente para matar y morir.

Los suicidios, lejos de ser un problema exclusivo de los argentinos –derrotados–, afectaron también a los soldados victoriosos. Un artículo del Daily Mail –segundo periódico más leído de Gran Bretaña y tabloide, al igual que La Nación– publicado cuando se cumplían 20 años del conflicto y no 30 como ahora, consignaba que una “shockeante y poco conocida historia en la guerra de Malvinas se conoce hoy: más veteranos se suicidaron que el número de soldados muertos en acción”. El artículo, al igual que el de Galak cuatro años después en La Nación, tomaba como base el suicidio de “un héroe de guerra” inglés. La cantidad de veteranos ingleses que se quitaron la vida era –en 2002– de 264, mientras que los caídos “en servicio activo” habían sido 255. La elaboración de estos datos fue brindada por la South Atlantic Medal Association (Asociación de la Medalla del Atlántico Sur), una asociación que entrega a sus socios –ex combatientes– una insignia colgante con la cara de la Reina Isabel que lleva como inscripción Dei Gratia Regina (Reina por la gracia de Dios). Es decir, la escena resulta por lo menos bizarra: una organización identificada con el imperio que manda a la guerra es la misma que revela las consecuencias del conflicto una vez que se silencian los cañones.

¿Qué hizo la Argentina? Un diálogo con Silvia Bentolila, médica psiquiatra, resultó para este cronista muy ilustrativo de cómo fueron atendidos –o contenidos– muchos veteranos de guerra. En 1997, cuando Bentolila era jefa de servicio en el Hospital Paroissien de La Matanza, se creó un programa de atención a ex combatientes. Los primeros que se acercaban al hospital trabajaron con los médicos y psicólogos no sólo para tratar sus propias situaciones del llamado estrés postraumático, sino que también actuaron como mediadores con otros ex soldados que estaban aislados –mayoritariamente deprimidos– y a los que estimularon para tomar contacto con el programa. Tuvieron un 0800 que funcionaba las 24 horas y atención a los pacientes durante ocho horas diarias. Los médicos llevaron la experiencia al resto la Región Sanitaria VII y se expandió a otros hospitales bonaerenses. Fue la salud pública la que se ocupó de los malvineros precisamente en un momento donde todo era privatizado, incluso mientras el ministro de Salud de la Nación era Alberto Mazza, un empresario del negocio de la hotelería hospitalaria privada de lujo que tocaba la misma melodía que sonaba en todas las otras áreas. Quizá no haya un relato épico de lo actuado por los médicos y psicólogos de un hospital matancero. Pero convendría tomar dimensión de algo más grave que las propias limitaciones, que sin duda las hubo, respecto de haberle abierto las puertas a los veteranos.

Es cierto que por muchos años la sociedad argentina estuvo desmalvinizada. Por diferentes motivos, por diferentes prioridades. Ahora, más allá del calendario, sucede que Gran Bretaña vio agotadas sus reservas de petróleo en el mar del Norte y todo indica que detectó reservas en la zona de Malvinas. Esto, sumado al discurso autoritario y belicista de David Cameron, llevó al gobierno argentino a ser más enérgico en el tema. Entonces, cabe preguntarse si esta reafirmación de la voluntad de soberanía en las islas puede reavivar los fantasmas de guerra, especialmente entre quienes estuvieron en el frente. La respuesta no puede ser unívoca pero requiere de atención: la sensibilidad de quienes quedaron perturbados por la guerra puede verse alterada, seguramente de maneras muy distintas y sería muy pertinente que los servicios de salud pública para los veteranos se reactiven. Sin perjuicio de ello, lo mejor que puede pasar, tanto a quienes estuvieron en el frente como quienes no, es aventar fantasmas de posibles conflictos bélicos. El reclamo de soberanía del Gobierno es pacífico, recurre a los mecanismos diplomáticos y a la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, que conocen en sus historias los mismos tipos de atropellos imperiales de los que somos objeto los argentinos y no sólo por Malvinas.

La náusea. Las guerras constituyen circunstancias extremas en las sociedades humanas. Desmoronan los vínculos, crean héroes de personas ordinarias, terminan con las vidas. Las naciones constituyen la categoría cultural de identidad más extendida entre los humanos y son, además, los ámbitos en los cuales algunos humanos pueden relacionarse con otros humanos en espacios tales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio o el Banco Mundial. También tiene organismos específicos para regular los conflictos bélicos y allí aparece la importancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde cinco naciones tienen el privilegio de ser miembros permanentes. Estas categorías de naciones son, entonces, imprescindibles. Tienen, a la hora de los escenarios de guerra, tanta importancia como los cañones o los barcos. Es más, una diplomacia firme y decidida puede lograr triunfos que jamás podrían conseguirse mediante un conflicto armado. En ese sentido, vale la pena rescatar un concepto tratado por Hanna Arendt y que es la identificación de las elites sociales con “el populacho”, un concepto peyorativo pero que intenta dar cuenta de que la apelación al patriotismo o al militarismo suele ser una retórica impulsada por los poderosos y tomada por sectores medios empobrecidos o directamente sectores populares.

La guerra no sólo es nauseabunda en los escenarios donde se mata gente. Lo es después. Las cifras de suicidios entre ex combatientes argentinos y británicos son indicativas de que no sólo perdura en el tiempo en la eliminación de vidas, sino que puede ser cruel con victoriosos y derrotados, con profesionales de la guerra o con colimbas voluntariosos. La lucha por la soberanía no es un fantasma bélico. Es un reclamo legítimo de una comunidad nacional –Argentina– que no va a ser apoyada por los ciudadanos de otra comunidad, la británica. Eso no debería alimentar los fantasmas de la guerra. Antes de pensar, por ejemplo, que es importante ganarle a los ingleses en un match deportivo, sería bueno tener presente que la locura de la guerra llevó a muchos argentinos y a muchos ingleses a no poder seguir viviendo y eligieron ser sus propios victimarios.

El sacerdote Michael Woodward se vio obligado a subir a un barco, de nombre Armada Esmeralda, en el año 1973. Anclado en la costa chilena, el que años después se acertó en llamar el Barco Tortura, fue escenario del maltrato y muerte de Woodward por parte de las fuerzas policiales y militares de Pinochet. El fallecimiento del religioso, junto con el de más de dos mil personas, formó parte del bochornoso catálogo de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen del dictador.

Por suerte para la justicia universal y la dignidad humana alguien, al otro lado del charco, pensó que los crímenes de Pinochet no podían pasar desapercibidos. Woodward y otros tantos miles de chilenos lo merecían.

Los dientes de una ballesta

me tienen clavado el vuelo.

Tengo el alma desgarrada

de tirar, pero no puedo

arrancarme estos cerrojos

que me atraviesan el pecho.

Siete mil doscientas veces

la luna cruzó mi cielo

y otras tantas, la dorada

libertad cruzó mi sueño.

El sol me hace crecer flores,

¿para qué, si estéril veo

que entre los muros mi sangre

se me deshoja en silencio?

No sabéis lo que es un hombre

sangrando y roto, en un cepo.

Si lo supieseis vendríais

en las olas y en el viento,

desde todos los confines,

con el corazón deshecho,

enarbolando los puños

para salvar lo que es vuestro.

Si llegáis ya tarde un día

y encontráis frío mi cuerpo;

de nieve, a mis camaradas

entre sus cadenas muertos...

recoged nuestras banderas,

nuestro dolor, nuestro sueño,

los nombres que en las paredes

con dulce amor grabaremos.

Y si nos cerráis los ojos

¡dejadnos los muros dentro!

que se pudran con el polvo

de nuestra carne y no puedan

ser nuevas tumbas de presos.

No sabéis lo que es un hombre

sangrando y roto, en un cepo.

Si lo supierais vendríais,

en las olas y en el viento,

desde todos los confines

para salvar lo que es vuestro.

Si llegáis ya tarde un día

y encontráis frio mi cuerpo

buscad en las soledades

del muro mi testamento:

al mundo le dejo todo

lo que tengo y lo que siento,

lo que he sido entre los míos

lo que soy, lo que sostengo:

una bandera sin llanto

un amor, algunos versos...

y en las piedras lacerantes

de este patio gris, desierto,

mi grito, como una estatua

terrible y roja, en el centro.

En un fallo que irritó a los organismos de derechos humanos en todo el mundo, el Tribunal Superior de España inhabilitó a Baltasar Garzón, el juez que encarceló a Pinochet, imputó a los genocidas argentinos e impulsó juzgar a los crímenes del franquismo.

Es una nueva victoria del Estado de deshecho.” Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, calificó de “monstruosidad” la decisión del Tribunal Supremo de España de inhabilitar por once años al juez Baltasar Garzón.
Numerosos juristas, organizaciones humanitarias y personalidades de todo el mundo, han mostrado su consternación por la sentencia dictada por la Justicia española contra el juez que de forma más tenaz ha combatido en España la corrupción, el terrorismo de Estado, el narcotráfico, el que más luchó por los principios de justicia universal y el único que se atrevió a investigar los crímenes del franquismo.

Todos coinciden en que la sentencia supone un durísimo golpe contra la independencia de los jueces y uno de los reveses más serios sufridos por la democracia España en las últimas tres décadas. El alto tribunal condenó al juez por la primera de las causas que sigue contra él, por sus investigaciones en la macro trama de corrupción política del Partido Popular, el llamado caso Gürtel, estando aun pendientes las sentencias por las otras dos. Se lo condenó por “prevaricación” y “vulneración de las garantías de defensa de detenidos”, por ordenar a la policía interceptar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel con sus abogados los principales responsables de la trama.

Por medio de las intercepciones, Garzón pudo confirmar que los detenidos seguían moviendo los hilos desde la cárcel gracias a la complicidad de sus abogados. Pero estos últimos plantearon a su vez una acusación contra el juez por grabarlos y lograron finalmente su condena por ello.

El Supremo ni tuvo en cuenta el resultado de esas comunicaciones, al considerarlas pruebas ilegales, ni reconoció que el juez pidió específicamente a la policía que eliminara de las grabaciones todo lo que pudiera afectar a la defensa legal de los detenidos. Paradójicamente, Garzón es el primer condenado por la trama Gürtel que él investigaba, mientras que numerosos cargos del PP involucrados siguen libres y algunos ya han sido absueltos.

La condena de inhabilitación de Garzón, que el juez piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo, supondría apartarlo definitivamente de la carrera judicial.

En los próximos días, el mismo tribunal podría dictar también sentencia contra el magistrado por otra de las causas que se siguen contra él, por aceptar el reclamo de numerosas organizaciones de familiares de víctimas del franquismo para que investigara esos crímenes y el paradero de cerca de 130.000 desaparecidos.

Garzón lo hizo pero la Justicia aceptó la acusación de “prevaricación” que lanzaron contra él organizaciones ultraderechistas, al estimar que el juez era consciente de que no podía investigar esos crímenes al existir la amnistía general de 1977.

Garzón, como muchos otros juristas nacionales e internacionales, consideran que esa amnistía es preconstitucional y que debe ser derogada –la Constitución actual es de 1978– y que dichos crímenes son de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Tres de los siete miembros del Supremo votaron a favor de anular el juicio, pero los otros cuatro han decidido seguir adelante.

Muchos familiares de desaparecidos citados por la defensa de Garzón pudieron así testimoniar por primera vez ante un tribunal español. Paradójicamente, lo hicieron no porque finalmente los tribunales hayan decidido romper ese muro de impunidad que subsiste 37 años después de la muerte del dictador, sino para salir en defensa del letrado que decidió investigar el asesinato de sus seres queridos.

Uno tras otro, pasaron ante el Supremo ancianos emocionados que vienen reclamando desde hace décadas que se juzgue a los asesinos de sus familiares y que se abran las cientos de fosas comunes diseminadas por toda España. Mientras, en la céntrica Puerta del Sol y emulando a las Madres de Plaza de Mayo, hacen su ronda todos los jueves de ocho a nueve de la noche los familiares de los desaparecidos españoles.

Comunicado
La autodefensa de Baltasar

Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada. Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada. He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas. Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.”

El condenado es español, andaluz para más señas. Se le nota al hablar, en el modo de resolver ciertas consonantes o cuando nombra a la "libertáz" o a la "dignidáz". Le gusta el fútbol (arquero fue en su juventud y a veces reincide) y también los toros. Es un referente de la Justicia universal, un faro de conciencia en muchos países, por ejemplo en estas pampas.

¿Hubiera llegado la reivindicación de los derechos humanos en países como Argentina al punto que llegó sin la irrupción hidalga de Baltasar Garzón? Este cronista supone que no, asumiendo que cualquier ejercicio contrafáctico es incorroborable. Lo que es indiscutible es que Garzón forma parte de la historia de la búsqueda de justicia frente del terrorismo de Estado, que merece un capítulo o algo más. Que es un modelo para las más nobles militancias de nuestra historia. En lo jurídico, un hacedor de jurisprudencia notable que recogieron jueces de estos lares.

La década del 90 no sólo fue oscura por la entrega del patrimonio nacional y el desmantelamiento del Estado benefactor. También redondeó un retroceso fenomenal en la odisea en pos de memoria, verdad y justicia. La aparición del magistrado que reabrió las causas cerradas acá por estulticia, obediencia debida e indultos, dinamizó los movimientos de derechos humanos. Les dio de nuevo voz a las víctimas, las acostumbró a un peregrinar por tribunales de varios parajes del globo. Fue el pionero, el más decidido. Cada quien resolverá si fue el mejor, está entre ellos.

Sucesivos gobiernos argentinos le dieron la espalda con argumentos banales y cobardes. El menemismo, por razones evidentes. Lo copió la Alianza, aunque se suponía que venía para purificar y para luchar contra la corrupción. El señor Juez pidió extradiciones, le fueron negadas. La Argentina ya no era sólo custodio de la impunidad de los genocidas: devino el aguantadero del que éstos no podían salir si no querían ser llevados al banquillo.

EL DICTADOR AUGUSTO PINOCHET FUE MENOS PREVENIDO

No bien supo que Pinochet "paraba" en suelo británico, Garzón se mandó a su despacho y comenzó a escribir un pedido de extradición. Corría contrarreloj, debía actuar con sigilo. Comidió a uno solo de los empleados de su juzgado, comenzó febrilmente a dictarle el exhorto en cuestión. Le cabía ser veloz y riguroso, no buscaba repercusión fácil sino la aprehensión del criminal. En un momento, ya de madrugada su colaborador, impresionado, le preguntó: "Señor ¿ese hombre que estamos requiriendo es el que yo estoy pensando?". El cronista le escuchó esta anécdota al mismísimo Juez que la contó riendo, porque tiene su sentido del humor y ama lo que hace o hacía.

El Parlamento británico admitió la extradición. La sesión de los Lores se vio por la tevé argentina, el cronista la miró, se emocionó, pensó el fallo en clave local: en las víctimas, en los compañeros que ya no están, en las Madres y las Abuelas. Esa tarde, en la reunión de edición de este diario, se brindó con champagne. Créame, lector, que no lo hacemos ni todas las semanas, ni todos los meses ni todos los años.

Un juez español con cojones y saber que persigue (en buena ley) a un dictador chileno, la autoridad política de otro país interviniendo, la repercusión en la Argentina... el ejemplo es para este escriba una buena viñeta de lo que es la Justicia universal.

En 2003, con (muy) otro gobierno en la Argentina, Garzón volvió a la carga. La reacción del presidente Néstor Kirchner no fue un nacionalismo de opereta ni un cajoneo aduciendo cuestiones de competencia judicial. Fue acelerar lo que ya tenía en miras: la revocación de las leyes de la impunidad, la restauración de la Justicia.
Las víctimas sobrevivientes pudieron replicar sus testimonios en los tribunales cabalmente competentes, donde debía ser.

Habían pasado menos de dos años desde la caída de Fernando de la Rúa. El cambio nada tuvo que ver con el viento de cola o el precio de las commodities. Fue política pura: otra posición ideológica, otro compromiso con las instituciones y las leyes.

Cada cual evaluará cuánto incidió el obrar de Garzón, nadie puede negar que mucho.

Se metió con criminales de toda laya: los terroristas de Estado sudamericanos, la ETA, los parapoliciales GAL de su país. Cuando quiso explorar los crímenes del franquismo traspuso una raya, no se lo perdonaron. Lo asediaron con causas amañadas ante tribunales parciales, que lo odian. Ayer recayó la condena en una de ellas.

La escena de un Tribunal desdoroso, muy inferior a la persona que condena, es un clásico de la historia universal. La nómina de los acusados es interminable, mencionemos un puñado: Sócrates, Galileo Galilei, Nelson Mandela. No son casos idénticos pero hay un patrón común. La pena impuesta a Garzón es tremenda, una afrenta universal: le troncharon la carrera como magistrado, nada menos.

Cuando Fidel Castro era un joven revolucionario, alzado en armas contra la dictadura de Fulgencio Batista, fue apresado y llevado ante un tribunal. Su alegato célebre terminaba con frases indelebles: "Me apiado de vuestras honras y compadezco la mancha sin precedentes que recaerá sobre el Poder Judicial. (...) Condenadme, no importa, la historia me absolverá".

A Garzón la historia ya lo absolvió, refutando a los jueces que lo sancionaron, dignos émulos de la Santa Inquisición. Ese hombre digno es un ejemplo, una referencia luminosa mucho más allá de España. Un ciudadano del mundo, que suma a otros méritos ser un importante protagonista de la mejor historia contemporánea de la defensa de los derechos humanos.