El investigador mexicano hace un repaso inquietante de las razones y consecuencias del aumento de gases de efecto invernadero. También advierte sobre las deficiencias de América latina y el problema de la actitud de China y Estados Unidos.

Uno de los principales impactos del cambio climático en las grandes ciudades se relaciona con la alteración en los patrones de lluvia, el aumento constante de la temperatura y el cambio en los ciclos de agua. El mexicano Gian Carlo Delgado Ramos, doctor en Ciencias Ambientales por la UAB de Barcelona, visitó Buenos Aires invitado por el IADE y conversó con Cash sobre los principales impactos del cambio climático. El investigador de la UNAM analizó los altos costos económicos que se desprenden de estos efectos y las dificultades que enfrentan las urbes de los países en vías de desarrollo por la falta de un presupuesto suficiente y una planificación de largo plazo que permita hacer estimaciones fiables e impulsar acciones de adaptación y mitigación.

“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se instaló Bajo la Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. “Es el caso testigo de que no produce ni trabajo, ni desarrollo local y sí produce contaminación”, denuncia Cardozo y advierte que Famatina es “un paso más hacia la pueblada nacional que tenemos que hacer contra el saqueo y la contaminación”. Según datos de la Secretaría de Minería de Nación, la exploración minera aumentó en los últimos ocho años un 664 por ciento. Un informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalla que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en exploración. “El avance minero tiene directa vinculación con la violación de derechos humanos, observamos que ante cada intento de instalación se produce una alta conflictividad social que lleva años sin resolverse, como es el caso de Famatina y Andalgalá”, denunció Soledad Sede, de la Redaj.

En la década del ’90 se sancionó la ingeniería legal para el de-sarrollo de la megaminería. En 1994, comenzó la construcción del yacimiento Bajo la Alumbrera, de capitales suizo-canadiense. En la actualidad están en marcha otros 13 proyectos: Cerro Vanguardia, San José-Huevos Verdes, Manantial Espejo, Martha y Espejo (Santa Cruz); Veladero, Casposo y Gualcamayo (San Juan); Pirquitas y El Aguilar (Jujuy); Salar del Hombre Muerto (Catamarca), Campo Quijano (Salta) y Andacollo (Neuquén). San Juan cuenta con dos proyectos en construcción: Pachón y Pascua Lama, el primer megayacimiento binacional, en manos de la Barrick Gold.

La Secretaría de Minería de la Nación informó en un comunicado el 13 de enero: “Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metros perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010 y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos emprendimientos productivos”, destacó la Secretaría (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria).

El comunicado remarcó que “el record histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que “el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.

Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.

La Red de Asistencia Jurídica presentó a fines de 2011 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación el relevamiento “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, en el que focalizó en la megaminería. Contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).

“Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, destaca el informe y advierte que “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.

Argentina cuenta con 5000 kilómetros de cordillera. En una centena de pueblos existen asambleas socioambientales. Siete provincias limitan algún aspecto de la megaminería (Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut).

Río Negro también limitaba la megaminería (prohibía el uso de cianuro). Al asumir en diciembre pasado, el Frente para la Victoria (Carlos Soria, luego reemplazado por Alberto Weretilneck) derogó la ley y dieron luz verde a la minería. Hubo movilizaciones en Viedma, Ingeniero Jacobacci y todos los miércoles se reúnen en Bariloche en rechazo a la actividad extractiva. Las organizaciones sociales y comunidades mapuches se declararon en estado de alerta y movilización.

En febrero de 2010, los asambleístas catamarqueños cortaron un camino vecinal en rechazo a un nuevo proyecto (Agua Rica), publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del pueblo. Sufrieron una dura represión por la noche, con una decena de heridos y detenidos. La violencia policial motivó una pueblada con históricas marchas en la plaza de Andalgalá. La instalación de Agua Rica fue paralizada, momentáneamente, por un fallo judicial.

Desde hace una semana, y en paralelo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizan bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a Alumbrera. Sólo se detiene a los vehículos mineros.

En Famatina habían sido imputados ocho asambleístas por participar en el acampe en la base del cerro. En Catamarca fueron apresadas cuatro personas el jueves y 18 asambleístas más el viernes 27. En ambos casos fueron liberados a las pocas horas, pero siguen en calidad de imputados.

“Registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería”, denunció Soledad Sede, de Redaj. Explicó que, donde se movilizan contra la megaminería, son “cotidianos” los casos de amenazas y detenciones ilegales. Sede afirmó que existe evidencia de la “vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de manifestarse legítimamente que se ha puesto en jaque tras la sanción de la ley antiterrorista”.

En los últimos días se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán), también contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. “Estamos jugados, decididos, no importa que nos encarcelen o repriman, acá está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos”, alertó Urbano Cardozo, asambleísta de Catamarca, y lanzó una propuesta: “Iremos a Buenos Aires si hace falta. Plaza de Mayo o la 9 de Julio, ahí también gritaremos ‘el agua vale más que el oro’”.

Las cooperativas y las organizaciones de productores tendrán cada vez mayor importancia dentro del esfuerzo para eliminar el hambre y reducir la pobreza en el mundo, según afirmó el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, ante los participantes del Foro Social Temático reunidos en Porto Alegre, Brasil, en el curso de un encuentro oficial con el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Brasil (CDES).

Graziano da Silva participó en esta reunión anual de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, apenas un mes después de haberse puesto al frente del organismo de la ONU encargado de velar por la seguridad alimentaria.

El responsable de la FAO recordó que las Naciones Unidas han declarado 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, reflejando el renovado interés en ellas y la necesidad de una mayor concienciación sobre sus múltiples valores.

Graziano da Silva señaló que la FAO ampliará su colaboración con las organizaciones de productores y las cooperativas rurales, alimentarias y agrícolas que dan peso organizativo, económico y social a los pequeños campesinos, además de a los grupos dedicados al pastoreo y a los que dependen de la pesca y los bosques para sus medios de subsistencia.

Es recién cuando baja la marea que uno puede darse cuenta si hay quienes se están bañando desnudos. En el plano de la política, suele ser casi siempre demasiado tarde. Es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países desarrollados, donde la globalización, una desregulación implacable de los mercados y el ascenso del capital financiero fueron dejando sin ropas a las instituciones encargadas de velar por la justicia social. Por eso se desencadena ahora la indignación de la ciudadanía, cuando estalla la crisis y las aguas se retiran. No sólo se vuelven evidentes brechas de desigualdad de un tamaño que pocos imaginaron posible sino que los dueños del poder pretenden que sean las víctimas y no los victimarios quienes paguen los costos del saqueo.

En años recientes el debate sobre la inflación giró fundamentalmente en torno de cuánto asciende el aumento en el nivel general de precios: si al 10 por ciento anual, como implican las cifras oficiales, o entre el 20 y 30 por ciento, como indican otras fuentes. No es difícil percibir que en meses/años recientes nos enfrentamos con un brote inflacionario importante y que éste supera la suba del tipo de cambio. De allí el aumento de la demanda de dólares y la fuga de capitales en meses recientes debido a las expectativas de devaluación que se estimaba se produciría después de las elecciones. Más allá de estas consecuencias del proceso inflacionario quedan en el tintero muchas otras: su impacto sobre la distribución de los ingresos, el crecimiento y la inversión, el superávit de la balanza comercial y de pagos.

Es importante que nos preguntemos acerca de las causas del proceso inflacionario, y no sólo respecto de los factores que le dan origen en la actual coyuntura, sino también respecto de aquellas que inducen su ulterior propagación.

Transcurridos más de tres años desde la caída de Lehman Brothers y del comienzo de la mayor contracción del PIB mundial desde la Segunda Guerra, la crisis financiera lejos está de haber sido superada. En algunas economías avanzadas es muy probable que se registre una tasa de crecimiento negativa o cercana a cero durante 2011. La recuperación prácticamente se detuvo durante el segundo trimestre de 2011, mientras que las revisiones a la baja señalan que el desempeño de la economía mundial es más endeble de lo previsto. La incertidumbre sobre la evolución de la demanda agregada pone de manifiesto que la recuperación será lenta y complicada.

A la inversa de las últimas décadas, los países emergentes se encuentran, en este caso, en una situación más favorable respecto de los desarrollados. Si bien en un principio se registró un descenso generalizado del nivel de actividad, en estos países la recuperación fue mucho más acelerada y sostenida en el tiempo. No obstante que la mayoría de las economías en desarrollo continúa creciendo a tasas vigorosas, plantea serios riesgos de desaceleración de la demanda agregada el hecho de que el nivel de actividad se haya debilitado más de lo previsto, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, en consonancia con la incertidumbre resultante de la creciente inestabilidad financiera.

Durante la Guerra de Malvinas de 1982, desde el campo del Trabajo Social y viviendo fuera de Argentina, nos sentimos impulsados a manifestarnos en relación a un pequeño hecho profesional: la ponencia a un Congreso Internacional y la asistencia al mismo.

En efecto, habíamos presentado para la ocasión una ponencia y recibido la aceptación de la misma para su exposición, a la par de que teníamos garantizada la cobertura económica total de pasajes y alojamiento para asistir a dicho Congreso en Brighton, Inglaterra.

Los acontecimientos de la guerra nos llevaron a desistir de tal viaje y a enviar a los organizadores del evento la carta que reproducimos a continuación. Nos guía el simple ánimo de poner a disposición del colectivo profesional un hecho ya lejano, pero que puede habilitar y contribuir a la reflexión, desde el espacio intelectual, de lo acontecido y de los diversos posicionamientos.

A fines de 1982 el gobierno militar decide la creación de una Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur.

La Comisión estaba integrada por representantes de las tres fuerzas el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Representando al Ejército el General (R) Benjamín Rattenbach y el General de División (R) Tomás Armando Sánchez de Bustamante.

Representando a la Armada el Almirante (R) Alberto Pedro Vago y el Vicealmirante (R) Jorge Alberto Boffi. Representando a la Fuerza Aérea el Brigadier General (R) Carlos Alberto Rey y el Brigadier Mayor (R) Francisco Cabrera.

El informe que genera esta comisión fue una investigación confidencial sobre la conducción política y estratégico militar de las Fuerzas Armadas Argentinas en la Guerra de Malvinas. EL Teniente General (R) Benjamín Rattenbach presidió la comisión y elevó el informe que lleva su nombre.

En la Cumbre de la Unión Europea de diciembre la canciller Angela Merkel aún podía presentarse como la vencedora de la batalla por el rescate del euro: todos habían acabado aceptando la interpretación alemana a la crisis y la solución alemana a la crisis. La unión fiscal, la regla de oro y la tabla de castigos para quienes no la cumplan eran incuestionables e imparable su aplicación. Pero la ironía de la historia ha hecho uso de la peor y más detestada especie, las agencias de calificación crediticia estadounidenses, para frustrar el hermoso plan de campaña.

Con un razonamiento sorprendentemente apropiado, los analistas de Standard & Poor's han dado a entender que la solvencia crediticia de nueve países de la zona euro, así como del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), han sido rebajados porque no se espera de los dogmas de austeridad actualmente en uso ningún efecto positivo en los estados más endeudados.

El británico David Cameron y la alemana Angela Merkel fueron al devaluado Foro Económico de Davos a tranquilizar a los ejecutivos de las grandes corporaciones. Europa será inflexible en la austeridad. Es decir, sus gobiernos no crearán empleos públicos pero congelarán los salarios de quienes trabajan en lo que, otrora, fueron Estados de bienestar. Además, aunque no lo explicitaron, los empresarios quedaron tranquilos con que no elevarán los impuestos a sus extraordinarias rentas. Sin embargo, cuando le tocó el turno al presidente de la gran multinacional Unilever, Paul Polman, advirtió que “se acabó la era de los alimentos baratos”. Esto es, al ajuste se le agregará la inflación en bienes básicos. A la cita suiza concurrieron algunos mandatarios latinoamericanos de derecha, el mexicano Felipe Calderón y el chileno Sebastián Piñera. Ninguno de los dos pudo exhibir logros de su fidelidad al neoliberalismo y el librecambismo, sino más bien lo contrario. Pasó inadvertida la presencia del peruano Ollanta Humala cuyo discurso cambia como la rosa de los vientos.

Lo que sí cayó como un balde de agua fría para los organizadores fue la ausencia de la brasileña Dilma Rousseff. Sobre todo porque decidió asistir al Foro de Porto Alegre, el único espacio anti-Davos que durante los primeros años de este milenio tuvo peso significativo, tanto por la participación de organizaciones sociales globalifóbicas como por la capacidad de plantear los debates estratégicos que muchos gobiernos populares desdeñan.