En el diario Página/12 de ayer, en la nota titulada "El botín de las acciones de la Anses", por Alfredo Zaiat, se hace referencia a un informe de Hernán Letcher y Julia Strada (Centro de Economía Política Argentina, CEPA), en donde se analiza la participación del Estado en las empresas privadas del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). Las empresas del FGS son aquellas en donde el Estado Nacional se presenta como un posible socio estratégico, llevando a cada instancia de participación su perspectiva en relación al desarrollo económico nacional.

Esta investigación se propone evaluar si el sistema financiero nacional de la posconvertibilidad contribuye al desarrollo territorialmente equilibrado del país o si, por lo contrario, exacerba las fracturas entre las “dos Argentinas”. El análisis se realiza usando un marco conceptual cuatridimensional implícito en la literatura del desarrollo económico. Al primer eje le importa la cuestión “cuantitativa” (¿es razonable el monto que prestan los bancos?), el segundo aborda el tema “sectorial” (¿privilegia nuestro SF aquellas actividades que pueden promover la diversificación de la estructura productiva, su integración y su modernización?), en tercer lugar lo “territorial” (¿el otorgamiento de préstamos ayuda a romper el patrón de crecimiento divergente de nuestro territorio?). Finalmente una dimensión “actoral” (¿el SF permite quebrar lógicas de acumulación concentradoras de riquezas?).

EEUU es un país con 300 millones de habitantes, con la economía más grande del mundo, moviliza las fuerzas armadas más poderosas sobre la tierra y tiene la ‘máquina’ propagandística-cultural más rica en la historia de la humanidad. Para manejar este enorme poderío ha tejido a lo largo de décadas, más de dos siglos, un aparato político capaz de enfrentar retos y movilizar millones de personas. El sofisticado engranaje es la llamada democracia.

Corrupción y transparencia se volvieron palabras clave de este año político. Mientras los voceros del gobierno se valen de ellas como cortina para disimular el ajuste, los Panamá Papers nos recordaron que hay pocas cosas más regresivas que la falta de transparencia del capitalismo global.

El nuevo ciclo de endeudamiento externo público y privado comenzó con 26.710 millones de dólares en apenas tres meses. Se suman otros 5000 millones de dólares recibidos por el Banco Central en un préstamo de corto plazo, con una garantía de 10 mil millones en bonos públicos. Más otros 1489 millones en Letras del Tesoro a corto plazo. El saldo en un solo trimestre alcanzó los 33.199 millones de dólares. Ese monto seguirá aumentando en lo que queda del año. Esta semana habrá una nueva ronda de esas Letras en dólares a 3, 6 y 8 meses, y el plan del blanqueo de capitales de por lo menos 20 mil millones de dólares, según estimaron funcionarios de Hacienda y Finanzas, tiene previsto que una parte se canalice a través de la emisión de títulos públicos a tres y cinco años.

El inmenso esfuerzo social de cancelación neta de deuda iniciado con el pago al FMI, en enero de 2006, proceso que se extendió hasta el final del anterior gobierno, dejó el terreno despejado para que un gobierno conservador pudiera desplegar lo que mejor sabe hacer: endeudamiento gigantesco para maquillar el descalabro fiscal autoinfligido y para abordar la debilidad del sector externo por el déficit comercial y la constante fuga de capitales. Así fue durante la dictadura militar, en la década del noventa con la convertibilidad y ahora en el gobierno de Macri.

Golpear a todo lo que mínimamente huela a democratización de la comunicación -eje estratégico para superar las asimetrías existentes y desmonopolizar la palabra en beneficio de un mayor pluralismo y diversidad-, parece ser una de las prioridades de los gobiernos de derecha, legítimos e ilegítimos, en la región.

De un plumazo y de entrada de juego, Mauricio Macri, al asumir su mandato en Argentina, vía decreto ejecutivo prácticamente desarma la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para proteger al puñado de monopolios mediáticos que gravitaron en su elección.

En algunos países existe una verdadera crisis de refugiados. En Líbano, por ejemplo, donde al menos un cuarto de la población total consiste en refugiados de Siria, una ola de refugiados que le siguió a otra desde Palestina e Irak.

Mientras las tensiones sociales amenazan con bloquear el país y el gobierno sigue negándose al diálogo y la negociación, su propuesta de legislación laboral se revela cada vez más como lo que es: una metedura de pata terrible, uno más de un periodo presidencial perdido, y tal vez el más grave. El gobierno nos quiere hacer creer que paga el precio por ser reformador, y que tiene que luchar solo contra el conservadurismo. La verdad es muy diferente: en este tema, como en otros antes, quienes ostentan el poder multiplican sus improvisaciones, mentiras y chapuzas.

En un artículo reciente tres funcionarios del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional reconocen que algunas de las políticas impulsadas por ese organismo no funcionaron como era esperado.

Los realineamientos geopolíticos, e incluso la posibilidad de una reformulación profunda de la integración regional, han dejado de ser un fantasma invocado por antiimperialistas alucinados para convertirse en una alternativa cierta. Sobriamente pero sin dudarlo, el gobierno macrista decidió reconocer al nuevo presidente brasilero, Michel Temer, descartando en el camino otras opciones posibles: podría haberse sumado a Venezuela, Ecuador y Bolivia, que calificaron de “golpe de Estado” el impeachment a Dilma y se negaron a aceptar al nuevo presidente.