Las multinacionales no dan tregua a América Latina y el Caribe. Y cuando ciertos países osan cuestionarlas, el imperio de la ley internacional –elaborada a su medida– les cae encima.

Histórico, global, revolucionario: estos han sido los términos utilizados para celebrar el reciente acuerdo de los ministros de finanzas del G7 sobre una tasa impositiva efectiva mínima global de “al menos” el 15% para las grandes empresas multinacionales. Los ministros también acordaron una nueva fórmula para distribuir una parte de los ingresos tributarios pagados por estas empresas entre los países.

Primer informe anual global de las cuentas fiscales. Los países dejan de recaudar 427 mil millones de dólares anuales debido a la evasión y elusión fiscal de multinacionales y grandes fortunas. Unos 245 mil millones corresponden a las multinacionales y el resto a las grandes fortunas.

El enorme poder económico que tienen las grandes empresas multilatinas es tal que no dudan en transformar el poder político en la región.

En el marco del relanzamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, entrevistamos a Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina. En diálogo con Revista PPV, analizó cómo influyen las grandes corporaciones internacionales en nuestra región, quiénes son los principales actores y cuáles son las alternativas de cara al futuro.

El derecho de propiedad intelectual, es un derecho que da exclusividad temporaria sobre una invención. Esta condición, establece un monopolio sobre la explotación de la creación; por lo tanto, para asegurarse patentes sobre formas de vida y recursos vivos, las grandes empresas reclaman las semillas y las plantas como ‘invenciones’ suyas y por consiguiente, como “algo de su propiedad”. Además, el reclamo de la supuesta invención de variedades de plantas y organismos vivos genéticamente modificados (OGM), supone la completa negación de la creatividad de naturaleza en su conjunto y de los agricultores en particular, quienes han aportado el conocimiento milenario relativo a los mismos.

Como vemos, a partir de la modalidad que fueron adquiriendo las patentes del área biotecnológica, el límite entre invención y descubrimiento se ha vuelto difuso. Esto lleva, a que cobren fuerza las tendencias a la apropiación de la materia existente en la naturaleza, produciendo un desplazamiento y ampliación en el significado mismo de lo que se entiende por propiedad intelectual y su ámbito de aplicación.

El concepto precios de transferencia no está incluido en el debate económico habitual pese a que es una cuestión muy importante para comprender aspectos vinculados a la elusión y evasión impositiva, la fuga de capitales y a las dificultades de la industrialización por sustitución de importaciones. Es una noción que debería adquirir mayor densidad política para abordar la restricción externa, expresión de la fragilidad de la estructura económica argentina. Los protagonistas son las firmas multinacionales en una economía abierta con elevada concentración, extranjerización y con un marco legal para la inversión extranjera marcadamente liberal, herencia de la dictadura cívico-militar consolidada en la década del ’90.

Precios de transferencia es un concepto contable relacionado con los balances presentados al fisco donde opera la filial, pero tiene un efecto que excede la cuestión impositiva, debido a que ha pasado a ser utilizado como vía de fuga de capitales, e indirectamente para resistir políticas públicas promotoras del desarrollo de proveedores locales o de producción de componentes nacionales de esas mismas firmas.

La Soberanía Alimentaria está socavada por las instituciones multilaterales y por el capital especulativo. El control cada vez mayor de las empresas multinacionales sobre las políticas agrícolas ha sido facilitado por las políticas económicas de las organizaciones multilaterales tales como la Organización Mundial del Comercio -OMC-. Frente a esto y desde hace más de una década, los movimientos sociales de pequeños productores de alimentos, han comenzado un proceso de articulación en todos los continentes para defender la Soberanía Alimentaria frente al capitalismo que renueva y recrea formas para condenar a los alimentos a la mera etiqueta de mercancía, sometiendo de esta forma a los pueblos. En este contexto nace, en este proceso de articulación, el Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria (CIP) como espacio internacional para articular políticamente estas fuerzas.

Después de la guerra del Agua el año 2000, Bolivia fue víctima de un ataque de la corporación Becthel, que utilizó el sistema de Reglas de Inversión Global para demandar al Estado boliviano por 50 millones de dólares. El caso desencadenó una polémica, tanto en Bolivia como a nivel internacional, ya que se trataba de una de las multinacionales más grandes del mundo, que estaba demandando a Bolivia exigiéndole una compensación, no solo por el valor de su inversión en el país, sino también por la pérdida de sus ganancias futuras. Este fue uno de los casos más emblemáticos acerca del uso de este sistema que rige la inversión internacional, mediante el cual una corporación cuestionó una política de interés público, como fue, en este caso, la recuperación del agua y su gestión por el pueblo de Cochabamba.

El mapa minero argentino reconoce unos 400 proyectos. En su mayoría orientados a la extracción de metales en la zona cordillerana. Las iniciativas ponen en juego cuestiones ambientales, sociales y económicas que trascienden lo coyuntural.

En la última década, la actividad minera a gran escala registró un fuerte proceso de crecimiento, tanto en nuestro país como en el resto de América latina. Un boom que se explica, en gran medida, por la fuerte demanda de China y de otros países asiáticos, que empujaron los precios de los commodities y quebraron la tendencia a la baja que registraron en los años ’70, ’80 y ’90. La dinámica explica, diferencial de precios y costos mediante, las rentas extraordinarias obtenidas por un capital originado, principalmente, en Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil, y que opera asociado con actores locales de menor envergadura.

Según quedó de manifiesto en las jornadas organizadas por el Instituto Argentino para del Desarrollo Económico (Iade), varias son las discusiones que atraviesan la cuestión. Su impacto en las economías regionales, la generación de empleo y los pasivos ambientales que produce la actividad son algunos de los temas que alientan un debate que, además, supone analizar la propiedad, la gestión y el control de recursos vitales para el desarrollo. La problemática, subrayan los especialistas, también incluye indagar en el rol del Estado y el papel de las multinacionales.