Apenas tres años después de anunciar su reconversión, los fondos sostenibles están abandonando toda referencia a criterios medioambientales y sociales. Algunos incluso han decidido cerrar. ¿El motivo? No ganan lo suficiente y se han convertido en un desincentivo para los clientes.

Parece que entre los círculos más altos de las finanzas capitalistas, la transición ecológica ya no concita el mismo nivel de apoyo que antaño. Hay una facción creciente entre los capitalistas ricos que cuestiona lo que llaman la excesiva rigidez de las medidas necesarias para reducir las emisiones contaminantes. La idea ahora en boga es que la transición ecológica se está produciendo demasiado deprisa y existe el riesgo de que el aumento de los costes de producción se haga insostenible.

¿Es posible compatibilizar la agenda de crecimiento económico con la de sustentabilidad ambiental? A través de un análisis empírico se muestra cuál es el potencial de Argentina en la producción verde y cómo este camino puede ser una vía para complejizar nuestras exportaciones. El futuro del planeta es verde. O mejor dicho, tiene que ser verde porque el largo plazo está a la vuelta de la esquina.

La transición hacia tecnologías limpias es también transformación productiva.

La adopción de un tímido plan multilateral frente a los problemas ambientales del planeta; el bloqueo parcial a la legitimación del discurso que plantea la “economía verde” como solución a la crisis ambiental; y una agenda convergente renovada de los movimientos sociales, son algunos de los aspectos a destacar de los grandes encuentros mundiales que se desarrollaron en días pasados en Río de Janeiro, bajo el paraguas de Río + 20.

La Declaración política de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (20-22 de junio), titulada El Futuro que Queremos, es, como muchos documentos intergubernamentales de su género, una mezcla contradictoria de afirmaciones, recomendaciones, reconocimientos y algunos compromisos, donde se yuxtaponen enfoques de desarrollo, propuestas empresariales y visiones de nuevos paradigmas.

El Gobierno sostiene que el texto que firmarán los presidentes mañana es “un éxito” para los países en vías de desarrollo porque fue posible frenar la ofensiva de los ricos. Cristina Kirchner participó en la foto general y luego regresó al país.

Lejos de la visión de las organizaciones ambientalistas, que consideran a la Cumbre Río+20 como un retroceso, en el gobierno argentino evalúan que el resultado final, plasmado en el documento difundido el martes, ha sido “un éxito”. “Si comparamos el documento presentado en un principio por Naciones Unidas con el que salió, para los países en vías de desarrollo es un triunfo”, dijo a Página/12 una de las negociadoras por la Argentina, la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, ayer a la tarde, en el pabellón del Riocentro, el salón de convenciones donde se desarrolla la cumbre. Allí, minutos antes, se había inaugurado oficialmente la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable, con la presencia de un centenar de jefes de Estado (ver aparte). Cristina Kirchner, que llegó a Río de Janeiro a las 9.50 desde México, estuvo presente para la foto con los mandatarios, pero suspendió su discurso, previsto para las 18, y partió a Buenos Aires, para atender el conflicto generado por el paro de camioneros.

Río de Janeiro será el escenario de la disputa entre países centrales y en desarrollo sobre conceptos ambiguos como “economía verde”

La cumbre ambiental Río+20, que en unos días concentrará en la capital carioca a presidentes y funcionarios de casi doscientos países, será escenario de una nueva disputa entre las naciones centrales y el grupo de países emergentes o en vías de de-sarrollo, nucleados en el G-77 más China. Uno de los ejes de la controversia es el concepto de “economías verdes” que, para el gobierno argentino y sus socios de América latina, es una suerte de trampa tendida por las potencias y sus aliados para poner freno a las exportaciones cuando no cumplen con ciertos parámetros “verdes”. El otro foco de conflicto es la posible creación de una agencia internacional, que tendría el poder de policía para hacer cumplir con indicadores y premisas, inspecciones que los países interpretan como la antesala a restricciones comerciales.

La Organización de las Naciones Unidas, con su Programa para el Medio Ambiente Pnuma, está proponiendo al mundo desde hace algunos años un nuevo paradigma económico que hoy se conoce como economía verde. Desde 2009, este Programa ha evocado el famoso New Deal de los pasados años 30, promovido por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt como salida a la crisis mundial de esos años. Si en ese momento ese New Deal buscaba responder a la famosa depresión, hoy el Green Global New Deal (en castellano, Un nuevo acuerdo verde global) pretende atender “la peor crisis financiera y económica que se haya presentado en generaciones”, como lo dice el Pnuma en el documento que anuncia ese nuevo acuerdo (Barbier, 2009).

A escasos días para la realización de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río+20), en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, lo primero que salta a la vista es el “síndrome de los hechos cumplidos”. Quienes crean que todavía es posible intervenir en la modificación de los documentos y tesis que serán “discutidos” en su seno, están totalmente equivocados. Ya todo está acordado, el documento final ya fue elaborado y durante la Conferencia, solo se oirán discursos y habrá una aprobación final. Al respecto, preocupa ignorar cual es la posición oficial de Venezuela ante el tema central del evento que consiste en el nuevo concepto de la “economía verde”. En tal sentido solo conozco la valiente “Declaración del Parlamento Latinoamericano Hacia Río+20” que fuera aprobada recientemente y por unanimidad, a solicitud del Grupo Parlamentario Venezolano que preside la Dip. Ana Elisa Osorio.