El ajuste sobre las políticas de la agricultura familiar pretende expulsar cientos de miles de trabajadores del campo para favorecer la concentración de las empresas extranjeras y pooles locales.  En la Argentina existen cerca de 250.000 establecimiento agropecuarios de los cuales el 63,7% corresponde a la agricultura familiar.

Con el despido de 900 trabajadores —muchos con más de veinte años de trabajo—, el Gobierno vació los territorios del apoyo técnico que recibían familias campesinas, pueblos indígenas y cooperativas. Se movilizaron hasta la Secretaría de Agricultura, exigieron las reincorporaciones y denunciaron la política oficial de destrucción de economías regionales. Voces de norte a sur.

En un contexto donde el gobierno nacional destruye las políticas para la agricultura familiar y el hambre crece, la Ciudad de Córdoba aprobó una norma para fomentar otro modelo. Acceso a la tierra, certificación y abastecimiento en los barrios, los desafíos para su cumplimiento. Intendentes del Gran Córdoba la respaldaron para fomentar el trabajo local y limitar las fumigaciones con agrotóxicos.

El gobierno de Javier Milei facilita todo al agronegocio, pero la cosecha sigue guardada y se demoran los dólares que anhela el Ministerio de Economía para el pago de la deuda externa. Sin vuelta atrás con los 800 despidos del Instituto de Agricultura Familiar, la Secretaría de Agricultura es cómplice del desguace del sector. Hasta el INTA corre riesgo en su funcionamiento.