Con la excusa de “mejorar la seguridad y ordenar el espacio público”, el Gobierno porteño realizó operativos simultáneos en barrios pobres y dejó al descubierto prácticas sin control judicial y fuertes inconsistencias en las detenciones, además de situaciones de violencia y hostigamiento contra los habitantes. Bajo una lógica de estigmatización y cálculo político, el Gobierno de la Ciudad convierte la seguridad en una escena de marketing, en detrimento de políticas reales contra las economías ilegales.

El 31 de mayo Colombia decide. Decide si la historia de violencia fratricida se repite como tragedia o si las políticas de paz y memoria colectiva tienen una segunda oportunidad sobre la Tierra. El Pacto Histórico lo sabe, y buena parte del país también.

Atenta a la tensión que hay por el nombramiento de Valenzuela con el aval de Bullrich, la Ministra de Seguridad Monteoliva debe estar observando el acuartelamiento y movilización de la Policía de Santa Fe, con focos no solo en Rosario sino también en otras ciudades.

Lo sucedido en Brasil ¿es una operación antinarco o el comienzo de un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, cuando estaba fuera del país y después de mantener un encuentro con su par estadounidense Donald Trump?

Durante más de una década Rosario estuvo en la cima de las estadísticas sobre violencia. En marzo una seguidilla de asesinatos de trabajadores encendió las alarmas como nunca antes. Pero ahora todo es euforia en el gobierno local y en el nacional tras una caída sin precedentes de los homicidios. ¿Qué pasó en estos nueve meses para semejante transformación? Entre la sospecha de un pacto con el narco y un cambio en las políticas de seguridad, la ciudad del Monumento avanza.

A medida que la campaña presidencial mexicana se calienta, los medios de comunicación tratan desesperadamente de vincular a AMLO con el narcotráfico. Se trata de una acusación ridícula que huele a desesperación de las élites.

El país está por convertirse en uno de los más violentos del mundo. Sufre, entre otras cosas, una infiltración de bandas criminales en el aparato estatal y cambios en el mercado del narcotráfico.

Un grupo de fiscales informó al Ministerio de Justicia que diecinueve jefes narcos manejan el negocio desde las cárceles pero el Ejecutivo sostiene que el problema está en los territorios y que las restricciones en los penales tocaron techo. Mientras tanto, la narcocriminalidad se recalienta en los territorios más afectados: Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil. Pases de facturas entre el Estado Nacional y las provincias y tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial.