Hechos que antecedieron

Contar lo que actualmente sucede en Ecuador no es tarea fácil, pues implica resumir algunos hechos que han sido simplificados por ciertos actores como disputas entre bandas lo que nos ha llevado a lo que Pontón (2021) denomina fascinación por los demonios, omitiendo incluso lo que acontece con el narcotráfico a nivel mundial. Esto es, el aumento del consumo de fentanilo y la reducción del precio de la cocaína por esta misma razón.

En Ecuador, desde el año 2021 han existido 11 masacres carcelarias con más de 460 PPL muertos sobre las que se ha hecho muy poco. Tanto Moreno como Lasso, gobernantes en los períodos de las masacres, le hicieron creer a la población que no había nada que hacer, que estaba bien que se maten entre ellos, total, todos eran delincuentes. Cosa no solo intolerable sino falsa porque en el país existe un abuso de la prisión preventiva que hace que muchos PPL’s se encuentren encerrados sin una sentencia condenatoria.

También, se ha posicionado el hecho de que si regresa la base de Manta se solucionarían los problemas de inseguridad, cuando las condiciones internas y externas son otras. En los últimos años se han debilitado las funciones e instituciones del Estado y se ha dado paso a pensar que el incremento de penas y cambios en el Código Penal solucionaban la inseguridad. En realidad se han perdido capacidades estatales de control de la justicia que impida la impunidad, investigación y uso legítimo de la fuerza.

Por ejemplo, pese a que se conoce de la utilización de lanchas y barcos para el transporte de drogas y combustible, no hay control de la Marina en las provincias costeras. La Policía se encuentra infiltrada o cooptada por estos grupos, ni que decir de la justicia donde se compran y venden sentencias y dónde quienes fueron abogados de las bandas criminales llegaron a ser jueces o fiscales (Plan V, 2023).

Por otro lado, ante el descabezamiento de grandes grupos criminales se han generado pugnas por su control con fraccionamientos que incrementan la violencia. Tal vez, el más importante se produjo en el 2020 con el asesinado de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quién era líder de la banda “Los Choneros”, producto de lo cual esta se dividió en al menos cinco grupos, lo que aumentó el reclutamiento de jóvenes para las bandas. Uno de los líderes de las facciones “Fito” se encontraba recluido en la Cárcel regional de Guayaquil.

Todo ello es cierto, sin embargo, la complejidad de la crisis no es el resultado de una única causa sino la desafortunada coincidencia de una serie de factores exógenos e internos:

Factores exógenos:

1. Reacomodamiento brutal del mercado mundial de drogas ilícitas como consecuencia de la irrupción de las drogas sintéticas y de alternativas farmacológicas de bajo coste. Esto produjo la caída de los precios al menudeo de las drogas “verdes”. En el gráfico a continuación se muestra como la composición laboral es distinta entre las drogas de origen natural y las de origen sintético, en estas últimas aumenta el segmento de vendedores minoristas y desaparecen los agricultores.^{Fuente: UNODC (2023)}

2. Este reacomodamiento supone una serie de ajustes en los mercados ilícitos y en la actividad criminal:

3. Una diversificación de los productos en el mercado ilícito y de las actividades de los grupos involucrados.
4. Los menores precios de las sustancias psicotrópicas abren las puertas a una gran masa de nuevos consumidores.
5. El incremento de los volúmenes a traficar para compensar las menores ganancias.
6. La consecuente necesidad de agrandar las estructuras criminales tanto en el área “comercialización” como en las de “logística” y “seguridad”. Es decir, mayor reclutamiento y poder de fuego de las bandas criminales.
7. La mayor demanda de armas de origen ilícito que, en el caso de Ecuador se sumó el efecto “derrame” que generó la desmovilización de las guerrillas en la vecina Colombia.
8. La irrupción de grupos criminales y mafias foráneas muy bien organizadas que buscan ampliar mercados y, sobre todo, rutas alternativas para sus actividades.
9. Esta irrupción de grupos foráneos por necesidades de “mercado” se vio potenciada además por el hecho de que en sus lugares de origen (Brasil, Colombia, Perú, México e incluso lugares tan remotos como Albania, Italia y China) se vienen implementando medidas represivas más efectivas que generaron el “desplazamiento" de sus actividades hacia lugares tradicionalmente menos “hostiles”. Es decir, aprovechan las debilidades y vulnerabilidad de los países que, por haber estado menos expuestos a sus desafíos tienen menor capacidad de enfrentarlos. Ecuador se convirtió así en un “territorio” de disputa entre muy poderosos y violentos grupos criminales foráneos como el PCC y el CV de Brasil, las FARC-disidencias y las BACRIM de Colombia, el Cartel de Sinaloa de México, las mafias de Albania, la Ndrangheta de Italia, etc.
10. A ello se agrega el hecho de que Ecuador, está ubicada entre los países identificados como mayores productores de cocaína (cada vez más demandada en los mercados más lucrativos de EE. UU., Europa, Medio Oriente y Asia), que tiene puertos con mucho tráfico comercial (lo que facilita ocultar y mimetizar los embarques ilegales) y potencia el apetito criminal de los foráneos. En el siguiente mapa se presentan las rutas para el tráfico de ciertas drogas de origen natural en la cuenca del Amazonas.^{Fuente: UNODC (2023)}
11. Los efectos de la pandemia (además del ya mencionado incremento de consumidores de drogas ilícitas) en: las redes internacionales de suministro (o supply chain), potenciando las capacidades y oportunidades de las redes informales controladas por la delincuencia organizada que hizo su verano del contrabando y el delivery), el desempleo juvenil, la bancarrota de muchas MiPyMES (exponiéndolas a ser cooptadas por la usura criminal) y la explosión del comercio electrónico ilegal en las economías negras y grises de todo el mundo.
12. La volatilidad de los mercados internacionales de los commodities que impacta negativamente en el financiamiento público y las capacidades del Ecuador tanto en materia económica (incluyendo el empleo juvenil, salud, educación y desarrollo social) como en materia de capacidad institucional para atender un desafío como el planteado.

Entre los múltiples factores internos podemos mencionar:

1. La existencia de una desigualdad latente en Ecuador con un aumento de la pobreza en la pandemia (33%) y en el año 2023 se situaba en 27%, lo que pone esta población a merced de los grupos criminales.
2. Una estructura productiva que no genera fuentes de empleo formales suficientes, que aumenta los niveles de subempleo e informalidad.
3. Un aumento de la deserción escolar entre niños y adolescentes luego de la pandemia con cifras que van entre 200 mil y 50 mil desertores.
4. La tradicional corrupción de las sociedades latinoamericanas que, obviamente, tiene sus correlatos en la justicia y la seguridad. La alta ineficiencia, cuando no simple y llana corrupción, de algunos jueces, fiscales, investigadores, policías e incluso guías penitenciarios, multiplican exponencialmente la vulnerabilidad de las sociedades frente al avance del crimen organizado y, también, se presentan como gran oportunidad para el crimen “desorganizado”.
5. Este último fenómeno es activamente alentado y promovido (generando expectativas de reclutamiento o subcontrato para acciones de sicariato) por las mafias del narcotráfico toda vez que estos pequeños criminales (muchos de ellos menores inimputables) son sus clientes preferidos y, al mismo tiempo, generan las crisis de inseguridad que mantiene ocupada a las autoridades. La percepción de inseguridad y de la impunidad que sienten los delincuentes se torna en una espiral perversa que solo les facilita el accionar criminal.
6. El hacinamiento carcelario que convirtió a la gran mayoría de los centros penitenciarios de América Latina en verdaderas universidades del delito, centros de reclutamiento y entrenamiento criminal, laboratorios de “know how” delictivo, “catedrales” de la violencia y, paradójicamente, “santuarios seguros” desde donde los capos criminales y sus gerentes especializados dirigen impunemente sus operaciones intra- y extramuros.
7. Si bien podría entenderse que hay voluntad política para acabar con la situación planteada, los otros dos componentes imprescindibles para poder resolver la situación están ausentes: la capacidad institucional y, al parecer, el marco normativo para la depuración de la fuerza pública, la justicia y el sistema penitenciario.
8. La dolarización de la economía ecuatoriana es también mencionada como otro factor desestabilizante (el país se privó de la política monetaria que le permitiría mitigar los cambios en el tipo de cambio, especialmente de los países vecinos) y, a la vez, es atractivo para el crimen organizado que no tiene que atravesar un paso adicional de cambio de moneda en sus necesidades de lavado de activos.

Dicho esto, podría decirse que Ecuador se ve expuesto a una crisis de seguridad violenta caracterizada por varios conflictos simultáneos: los de los grandes grupos criminales organizados foráneos, el del crimen organizado doméstico que busca sobrevivir o adaptarse a la irrupción extranjera (las dos con infiltraciones en la fuerza pública, la justicia y la política) y, el del crimen “desorganizado” que azota a la ciudadanía en el día a día. Un Estado, sin una claridad de cómo enfrentar y prevenir estos conflictos, así como las disputas políticas y las narrativas de los responsables de esta compleja situación.

Situación política y económica

En términos políticos, Ecuador vive una alta polarización, como muchos otros países de Latinoamérica, que se preocupa más por buscar culpables y obtener réditos políticos. Con la diferencia que en este país la vendetta política ha sido la forma histórica de arreglar las diferencias políticas, ya sea con terminaciones anticipadas de mandatos, inhabilitaciones, exilios o incluso asesinatos.

En términos económicos, Moreno en su mandato privilegió un discurso político de distanciamiento de su antecesor, Correa, al punto que lograron impregnar la palabra crisis en el “inconsciente colectivo” (King & Samaniego, 2019). Al inicio del mandato había problemas fiscales pero no de la magnitud de la que posicionaron las autoridades por temas políticos. Al final, las profecías terminaron cumpliéndose con una desaceleración económica, un cambio en las iniciales expectativas positivas y un deterioro de los servicios públicos. Recurrieron al FMI y construyeron una economía blindada para el pago de los acreedores de la deuda y los bancos. Luego vino la pandemia de la cual hasta la fecha la producción, en términos de reales, no se ha podido recuperar todavía. A continuación se muestra el crecimiento anual para el período 2014-2023.

^{Fuente: BCE (varios años)}

Lasso intentó reactivar la economía con medidas que no tuvieron éxito y más bien privilegió la producción primaria extractiva. Pese a que se cobraron mayores impuestos y contribuciones temporales al patrimonio de personas naturales y jurídicas, estas no redundaron en mejora de la situación económica ni aumentos importantes de la inversión. Existe una investigación en curso en torno a la relación de su cuñado y la mafia albanesa. Esta ha sido la evolución del PIB trimestral desde el primer trimestre del 2018.

^{Fuente: Banco Central del Ecuador ( 2023)}

A fines del año 2023, a puertas del cambio de mando, la situación tocó fondo cuando nuevamente el Ecuador experimentó racionamientos eléctricos, mostrando una absoluta falta de planificación y previsión. A esto se suma que en los años 2022 y 2023 hubo récord de emigrantes (personas que salen del país), lo que podría denominarse una segunda ola migratoria. En varios lugares del país estaban se multiplicaban los “vacunadores” que cobran un valor a los negocios para seguir funcionando, disputando, el cobro de impuestos y el otorgamiento de una “seguridad” privada.

Toda esta anomía explotó en los primeros días de enero al nuevo gobernante, Daniel Noboa, con la fuga del líder de una de las facciones de los “Choneros”, alías “Fito” que iba a ser trasladado a otra cárcel de mayor seguridad, información que evidentemente se filtró de la propia fuerza pública. Esto terminó con una ola de ataques armados, explosión de vehículos, secuestros, irrupción en un canal de televisión y extorsiones.

Todo esto ha puesto al país en un estado de alerta y pánico y como se conoce cuando prima el miedo es más fácil que se acepten ideas autoritarias (Kahneman, 2012).

Decreto 111 y ¿cacería de brujas?

El 9 de enero de 2024, Noboa emite el decreto 111 (Decreto ejecutivo, 2024) en el que agrega una causal al estado de excepción con el reconocimiento de conflicto armado interno, indica que el crimen organizado se ha transformado en un “actor no estatal beligerante” e identifica a 22 grupos terroristas en el país. Con lo cual las Fuerzas Armadas entran a operar, lo que implica poner la seguridad interna a cargo de quienes no están entrenados para el tema.

En el Ecuador en una reciente encuesta, las Fuerzas Armadas gozan de una valoración buena y muy buena del 78.6% (Comunicaliza, 2024), primero porque las dictaduras no tuvieron el cariz violento del Cono Sur y segundo, porque han jugado un rol deliberante y de alguna forma pacífico, en las rupturas de mandatos presidenciales.

Con esto, son ellas, pese a que también se conoce de casos de infiltración criminal en las FFAA (La Hora, 2022), son las llamadas a “recuperar la patria”. Sin embargo, su presencia intimida. A dos días del nuevo estado de excepción, el 10 de enero las calles estaban desoladas, quienes salieron fueron quienes viven del día a día, dado que se suspendieron las clases presenciales y se retomó el teletrabajo, todo estaba relativamente parado o con una mínima actividad, literalmente como si estuviésemos en guerra. En algunos lugares hay un llamado implícito a permanecer en las casas e incluso a no hacer pedidos de “delivery” a domicilio por temas de seguridad.  

El ejército ha salido a las calles y existe un llamado a dar información de las bandas delincuenciales como se muestra en las siguientes imágenes. Esto se puede convertir en una cacería de brujas.  El gobierno, al declarar el conflicto armado interno, reconoce haber perdido en parte del territorio el control y monopolio del uso de la fuerza. La pregunta sería si el llamado a denunciar y brindar información que pueda portar una ciudadanía de por sí asustada no es inútil.

Con el decreto 111 las Fuerzas Armadas entrarían, en principio, en el derecho internacional. Si se cometieran excesos serían juzgados como crímenes de guerra que son difíciles de probar y serían juzgados por la Corte Penal Internacional a lo que se suman dos elementos: el anuncio de indultos de parte del Legislativo y una pregunta de la Consulta en el mismo sentido. La contradicción está en que el derecho internacional humanitario no es aplicable a los conflictos internos y la declaración de conflicto interno armado convierte a los delincuentes en grupos beligerantes y por tanto, deberían ser tratados como prisioneros de guerra (Valcárcel Torres, 2008).

Declararlos grupos terroristas conlleva el recurso a una figura elusiva y controversial: en el sistema internacional no existe definición consensuada ni aceptada de “terrorismo” – solo se definen “actos terroristas”. Se abre así la puerta a un universo de arbitrariedades que, tal y como lo conocemos de nuestra lamentablemente rica experiencia latinoamericana, no augura nada bueno.

Militarizar la seguridad supone desplazar a la justicia. Si lo que necesitamos es acabar con el delito, necesitamos fortalecer el estado de derecho, atacar las causas del problema. Las “excepcionalidades”, como las que ofrece los estados de excepción, deberían realizarse excepcionalmente y por plazos muy limitados. La terapia de shock es buena para detener los síntomas. Los militares son buenos para la guerra, pero totalmente ineficaces para construir la paz - no están entrenados ni equipados para ello, simplemente no es su función.  En otras palabras: los militares en estado de excepción podrían prestar un buen servicio para una breve y rotunda terapia de shock. Pero, y ¿después?

Reflexión final

El “populismo penal” que ofrecen las políticas de “mano dura” y “mano súper-dura”, una tentación muy común en nuestra región en estos días entre los políticos de America Latina, es muy peligroso. Son medidas estridentes y espectaculares que prometen grandes resultados porque generan la sensación de que “algo se hace”. Ver uniformados en uniformes de combates por todos lados, con imágenes de arrestos y “terroristas” detenidos…con un índice de hacinamiento carcelario del 168% (World Prison Brief, 2024) ¿Pero acaba eso con el problema? ¿Veremos alguna vez los resultados? La experiencia demuestra que no. La mayoría de esas detenciones no pasan el filtro del debido proceso judicial.

Y no lo pasan no solo porque el proceso no se sostiene – también fracasan por la impericia deliberada, la corrupción, la cooptación y la falta de capacidad institucional. No se trata de aplastar los síntomas de los problemas, sino resolver sus causas. Al igual que en salud pública: una función importante de los médicos es parar la enfermedad, incluso contener algunos síntomas; pero su rol principal es evitar la enfermedad. La seguridad no se resuelve con represión, sino con prevención. Volviendo a la pregunta: ¿Y después? Si lo que nos faltan son buenos policías, fiscales, jueces y guías penitenciaros, nos debemos ocupar de ello y conseguirlos y capacitarlos. No pueden ser sustituidos por militares. Es como si por falta de cirujanos le pidiéramos a los anestesistas que hagan cirugías – harán lo mejor que puedan, pero los resultados no serían muy promisorios. Y, sobre todo, tenemos que impulsar capacidades institucionales que les brinden oportunidades a nuestros jóvenes de construirse un futuro promisorio y posible.

Este decreto permite fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas y las blinda. Esto puede fomentar intereses económicos de equipar a las Fuerzas Armadas dados los intereses de vendedores de armas. Por tanto, la narrativa de la necesidad de esta institución no viene sola. ¿La Policía está en condiciones de hacer frente a la situación? Tampoco, porque requiere una depuración, así como la justicia, la fiscalía y el sistema penitenciario. Pero una cuestión está clara una de las soluciones es cortar los circuitos de financiamiento del crimen organizado y de la corrupción (ver King & Belikow, 2022) y trabajar en políticas públicas para mejorar las condiciones sociales, generar empleo, y evitar el reclutamiento entre los jóvenes.

Las políticas de “mano dura” sirven como terapia de shock para aceptar otras políticas que de otra forma no serían aceptadas.

Bibliografía

Banco Central del Ecuador, BCE (2023). Información estadística mensual, varios años.

Banco Central del Ecuador, BCE. (2023, diciembre). Presentación Coyuntural Estadísticas Macroeconómicas Diciembre 2023. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsio...

Comunicaliza. (2024). Estudio de investigación Nacional—Situación política (p. 39). Comunicaliza.

Kahneman, Daniel. (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Debate.

King, Katiuska, & Belikow, Juan. (2022). Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política. URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 33, 8–18. https://doi.org/10.17141/urvio.33.2022.5442

King, Katiuska, & Samaniego, Pablo. (2019). A río revuelto, ganancia de varios pescadores. Ecuador Debate, 106, 17–34.

La Hora, Redacción. (2022, mayo 1). La grave crisis militar: De Telmo a Don Naza. La Hora. https://www.lahora.com.ec/esmeraldas/la-grave-crisis-militar-de-telmo-a-...

Plan V, Redacción (Director). (2023, octubre 9). Plan V lanza un corto documental sobre la historia de Los Choneros. https://www.youtube.com/watch?v=mffORy7KPJY

Pontón, Daniel. (2021, noviembre 29). Fito, Rasquiña, Junior y la fascinación por los demonios. Plan V. https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/fito-rasquina-junior-y-la-fa...

Decreto ejecutivo, Pub. L. No. 111 (2024). https://www.comunicacion.gob.ec/decreto-ejecutivo-n-111/

UNODC. (2023). World Drug Report 2023. UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023....

Valcárcel Torres, Juan Manuel. (2008). Beligerancia, terrorismo y conflicto armado: No es un juego de palabras. International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, 13, 363–390.

World Prison Brief. (2024). Highest to Lowest—Prison Population Rate | World Prison Brief. https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?f...

^{15 de enero de 2024}