Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, contador de profesión y asiduo columnista en medios periodísticos y especializados, ante nuestra consulta el profesor Treber se refirió a algunas pautas básicas para realizar modificaciones en el esquema tributario a fin de lograr mayores márgenes de equidad distributiva en nuestro país.
Los analistas coinciden en señalar que una de las principales características del sistema tributario argentino, como en gran parte de Latinoamérica, es su carácter regresivo.
Esto significa que la recaudación se realiza sobre la base de una estructura que en lugar de tender a disminuir la aún muy considerable brecha de ingresos que separa al 10 por ciento más rico y al 10 por ciento más pobre de la población, tiende a cristalizar o agudizar esas diferencias, al cargar una mayor presión sobre las espaldas de los que menos tienen.
Treber toma como referencia un cálculo realizado en los países del área del Euro sobre el efecto de la carga tributaria. “Antes de que se incorporen los impuestos la relación del coeficiente de Gini -que mide grados de distribución del ingreso sobre un colectivo- era de 0,41, y con esquema tributario baja al 0,28. Cuando el coeficiente se acerca a cero, el sistema es más equitativo; esto quiere decir que el esquema tributario establece un mayor grado de equidad”.

El diputado nacional Carlos Heller (Nuevo Encuentro), criticó hoy la convocatoria a la oposición lanzada ayer por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y afirmó que el titular del Pro "pretende reeditar el Gran Acuerdo Nacional (GAN) del dictador Alejandro Agustín Lanusse".

Después de que la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, redestinara a los Policías que custodiaban edificios públicos porteños, Macri decidió no sólo no enviar a la Metropolitana, sino que además avaló el cierre de los hospitales y salas de Atención Primaria, dejando a miles de ciudadanos sin atención durante días. Para rematar, ahora la encargada de custodiar aquellos edificios es la policía privada.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad destinará 528 millones de pesos para reemplazar la Federal, a la que ya le debía 28 millones por trabajos adicionales.

Macri tiene una manía y es la de resolver todo con el sector privado. ¿Para qué creo la Metropolitana si no la puede utilizar para custodiar edificios? Ni siquiera la usan para custodiar funcionarios, al Ministro de Seguridad porteño por ejemplo, lo custodian agentes de la Federal.

Verdaderamente no resulta extraño que quiera resolver el problema de esa manera porque de lo que estamos hablando aquí, es de un modelo de gestión que defiende las privatizaciones. Creo completamente innecesario despilfarrar en gastos extras para garantizar la seguridad teniendo a disposición la Policía Metropolitana.

Esta es una breve nota sobre el DNU de Macri para repremir la protesta social. Los autores analizan sus términos y afirman que su nulidad es absoluta lo que a su juicio cofirma la falta de calidad institucional del Gobierno de la Ciudad.

El pasado 30 de marzo la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires realizó, junto a diversas agrupaciones, un multitudinario acto de homenaje a las víctimas del terrorismo de estado que integraron esa casa de estudios.

En la producción petrolera y gasífera es donde se observan los mayores puntos de continuidad con los ’90. No obstante, la participación estatal fue relevante mediante la aplicación de retenciones que permitieron separar los precios locales de los internacionales.
"Como ocurrió en muchas otras áreas, durante la década del ’90 nuestro país sufrió un agudo proceso de desregulación, privatización y extranjerización de los recursos naturales que trastrocó profundamente la organización y el lugar de los hidrocarburos en la estructura económica argentina".

La llamada Mesa de Enlace publicó ayer una solicitada en los diarios La Nación y Clarín para reivindicar su nacimiento luego del surgimiento de la famosa Resolución 125, publicada en el Boletín Oficial el 11 de marzo de 2008 y rechazada finalmente con el “voto no positivo” de Julio Cobos. El nucleamiento patronal, conformado por la Federación Agraria, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro, manifestó que hace tres años “el Gobierno les quitó la posibilidad de progreso a miles de argentinos, especialmente a los pequeños y medianos productores”, señaló además que la Argentina vive en la “fractura social y la pobreza estructural” y se erigió como la “expresión por excelencia de la república y la democracia”.

Un cambio estructural en la industria argentina de los últimos años ha sido el sostenido aumento de las exportaciones y, en ese contexto, las PyMEs han encarnado un rol destacado. Las pequeñas y medianas empresas hoy representan el 15% de las ventas nacionales al extranjero, mientras que en el resto de América Latina sólo lo hacen en un 5%.

El fenómeno de la suba de precios está motorizado por una de las características positivas del modelo, que es el mayor poder de compra de la población, a partir de una política de redistribución de ingresos que se produce, muy paulatinamente, a partir de las remuneraciones de los asalariados, que crecieron en 2010 un 26 por ciento, con una dispar evolución, el 29 por ciento para los trabajadores registrados y un 23 por ciento para los no registrados.

Durante años, la oposición ha convertido a la inflación en una muletilla para atacar la política económica del Gobierno. Se insistió en denunciar las falencias y la manipulación de las estadísticas del Indec, la “negación” del fenómeno del alza de precios por parte de las autoridades nacionales, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones por un aumento de precios que se suponía inmensamente superior a las variaciones de dichos valores, y además se formularon los pronósticos más sombríos respecto de los efectos explosivos que tendría “la falta de control” de la disparada de los precios. Esta semana la Presidenta habló. Y dio definiciones duras respecto de la formación de precios y los responsables de los aumentos. La reacción opositora, lejos de recoger el guante y abrir la discusión, optó por la salida más simplista: insistir en que el Gobierno sigue “negando la inflación”.