APU: ¿Cómo define a la economía popular?

Alberto Gandulfo: En términos conceptuales y definiciones desde la práctica es la economía de los trabajadores. Es la organización de los trabajadores en una lógica de autogestión. En esto entra desde el trabajador individual, el familiar al llamado trabajador informal -que es un concepto a discutir porque es muy viejo. Pero básicamente tiene que ver con trabajadores que se organizan para generar sus propios ingresos. Y por supuesto el modelo más acabado es el de la cooperativa desde la lógica de autosustento que genera ingreso, valor y que distribuya. Su lógica es forjar otra economía. No se trata de una economía de los pobres como muchas veces se lo hace creer. No es el trabajo esclavo ni mucho menos la informalidad que se plantea, porque en definitiva son estrategias de resistencia que tiene la gente y hay que mirarlo desde ese lugar. Y hay que verlo desde la perspectiva de los laburantes que se recrean dentro de un sistema capitalista que hoy ni siquiera los explota porque directamente los margina. Por eso la economía social y solidaria viene a cubrir esta cuota de construcción de una nueva clase trabajadora; un nuevo sujeto trabajador que se vincula también con los trabajadores formales y sindicalizados. De hecho, en el acto de la CGT hubo más trabajadores populares que empleados u obreros. Por naturaleza la economía solidaria es una construcción política, económica y social.

APU: ¿Cuál es la situación actual?

AG: Es una situación crítica. Atravesamos momentos muy difíciles ante la crudeza del ajuste y la recesión que nos impone el gobierno de Macri con el saqueo del Estado en favor de los grupos económicos más concentrados. El congelamiento de la economía y el desmedido tarifazo de los servicios públicos perjudica cualquier tipo de costo productivo. Hay un poder abusivo en la intermediación comercial que acentúa la crisis de las economías regionales y de los pequeños productores agropecuarios como se está demostrando en las intendencias de muchas provincias que buscan apoyarse en la economía social para paliar la crisis de sus localidades. Aunque haya cooperativas que desaparezcan porque es parte del ajuste que se vive, la voluntad de seguir, cuando se trata de una cooperativa firme, se sostiene en el tiempo. Ante este panorama negro es posible diferenciarse de las empresas más capitalistas, porque las economías solidarias tienen capacidad de resistencia y un compromiso inquebrantable con su gente: no se echa trabajadores, habrá menos plata para repartir, pero no se echa. Son las únicas que hoy les pueden dar respuestas a los trabajadores en términos de generación de empleo. Les doy un ejemplo: el restaurante La Casona que está en Maipu y Av. Corrientes, abrieron una sucursal en Lanús. Su gran problema es que no pudieron resolver el tema del alquiler en el centro y ese local -en la estación de Lanús- es un resguardo para ellos. Otra cooperativa es la Litoraleña que también abrió una sucursal. Uno podría decir que ´estamos bárbaros´, pero no es así. Son estrategias que los mismos trabajadores generan porque es la única manera que tienen para poder abordar, por ejemplo, la problemática de la venta de sus productos y que además ayudan a bajar los costos de la canasta básica de las familias. Esa jugada que hace la economía social, no la hace la mercantil. Entonces, son las únicas que le pueden dar respuestas a los trabajadores, a la comunidad y a la sociedad en su conjunto.

APU: ¿Cuál es el problema de fondo de la economía popular, social y solidaria?

AG: Primero sostener que la economía popular está totalmente ligada a la lógica de un proyecto nacional. No tiene otra chance que la construcción de un proyecto nacional y ese es su problema. ¿Por qué? Porque la economía popular se basa en un mercado interno, no se basa en exportaciones o especulaciones financieras. Se basa en el trabajo y el actual proyecto, no responde a los trabajadores. Tampoco lo hemos podido hacer con los gobiernos populares. No pudimos avanzar en la transformación de la matriz productiva dependiente de la exportación de commodities. Y si bien hemos tenido una práctica distributiva como nunca en América Latina, seguimos dependiendo de ello cuando bajan los precios exportables y no hay más plata para repartir. Entonces, de esas prácticas erróneas algo debemos aprender. Hoy los trabajadores autogestivos encuentran amenazadas sus fuentes de trabajo ante el congelamiento del consumo popular porque al no tener el amparo ni el manejo del Estado, están en riesgo de desaparecer. Igual, siguen siendo germen de resistencia; organizan las multisectoriales para mitigar el aumento de las tarifas; son los que buscan ganarle a la inflación y los que todos los días enfrentan la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos familiares. Ante esta situación, los trabajadores solidarios se movilizan, participan y se constituyen en motores de la resistencia popular.

APU: ¿La Ley de Emergencia Social es un paliativo? ¿Brindó alguna solución a ese problema de fondo?

AG: Antes que nada, la emergencia social en la Argentina se estableció por decreto. La emergencia es producto del tarifazo, del congelamiento de la economía, producto de la devaluación. Es decir, surge a partir del gobierno de Macri y fue declarada de manifiesto para hacer lo que están haciendo. Y no es sólo problema de nuestro país, lo mismo está padeciendo Ecuador, Brasil, Venezuela. Es un proceso continental enmarcado en la estrategia global del capitalismo. Entonces, hay emergencia porque la gente está sin laburo, se aumentaron los precios de forma brutal y hay un abuso de mercado reflejado en el poder de los grandes supermercados y las corporaciones. En este contexto, la emergencia es una estrategia planificada. Y las organizaciones sociales que se tomaron de la Ley de Emergencia Social, lo hicieron como un elemento reivindicativo tratando de frenar la ofensiva de la derecha y buscaron tener alguna practica distributiva que paliativamente tratara el tema de la pobreza, pero que los llevó puesto. Esa ley establece un Salario Social Complementario de $ 4.000 mensuales a los beneficiarios de los Programas Sociales, que le permite al gobierno “pactar” la paz social que necesita para aplicar sus medidas antipopulares. De hecho, la ley ni siquiera la han terminado de cumplir. Y el problema de la pobreza no se resuelve con plata. Es un problema de poder, del manejo de la tierra, la producción, la comercialización y la organización. Es mucho más complejo. El problema es la riqueza concentrada que nadie quiere discutir. No sacamos la ley de la riqueza, sacamos la Ley de Emergencia. América Latina toda tiene un problema central en su composición económica, social y política y es la desigualdad, producto de esa riqueza concentrada que se manifiesta en las grandes corporaciones, el poder especulativo y la fuga de capitales. Así que no, no brindó solución.

APU: ¿Cómo analiza las políticas públicas del macrismo hacia el sector?

AG: El macrismo en dos años de gobierno ha demostrado ser bastante efectivo en ese sentido porque mantuvo los programas desde el aparato del Estado. Sí, los ha desfinanciado o descontinuado. Y obviamente no tiene la mirada alternativa en función de los trabajadores, más bien es una mirada social de beneficencia y en el mejor de los casos de la caridad de la iglesia que, además de reaccionaria, está dentro del ministerio de Desarrollo Social. Por ello hay que tener claro cuál es la estrategia del capital y desde ese lugar, leyes como las del Emprendedor y el concepto que ello encierra, rompen con todas las lógicas de la economía solidaria. Rompe con el mercado de trabajo, rompe con los derechos de los trabajadores y traen aparejado la flexibilización laboral. Por ejemplo, con la aplicación del Salario Social Complementario el macrismo masifica el Programa de Ingreso Social con Trabajo -el conocido Argentina Trabaja y Ellas Hacen- e integra los demás Programas de Empleo y de promoción de la economía social y solidaria. Pero desiste del formato de cooperativas de trabajo y blanquea la modalidad ilusoria de la contraprestación en una suerte de Proyectos Productivos Comunitarios. Todas estas medidas permiten ampliar la cobertura de los planes sociales; logra contener las demandas sociales crecientes del conurbano profundo y establece una tregua social con las principales organizaciones. ¿Qué hace la economía solidaria ahí? Resistir, organizar, producir y distribuir como ha sido siempre: un elemento de lucha, organización y construcción de poder.

APU: Usted habla del emprendedurismo como nueva forma jurídica de relación laboral ¿Lo analiza cómo cambio de paradigma político-cultural?

AG: Totalmente. Me limito a la experiencia. Cuando nosotros con Alicia Kirchner armamos lo de los microcréditos y todo lo referido a la economía solidaria desde el ministerio de Desarrollo Social, lo hacíamos desde la construcción de un sujeto colectivo. Todas las acciones que se implementaron como el monotributo social, el proyecto "Manos a la obra", etc., se hicieron desde la perspectiva de una economía inclusiva, un proyecto de país y de un Estado presente y promotor, basado específicamente en la noción de sujeto transformador que se genera su propio trabajo. Cuando vos miras esto desde la perspectiva del emprendedor, ya de por si estás hablando de un individuo por definición que, dentro de la lógica capitalista, es el tipo que triunfa, compite y genera mejores recursos. Se exacerba la idea de individualidad y la competencia. Pero su problema radica en que el capitalismo hoy no da respuesta ni siquiera a aquellos que quieren ser emprendedores. Tomemos el ejemplo de la producción de cerveza artesanal que compiten contra empresas de marcas muy conocidas enmarcadas en competencias desleales. Desde el gobierno toman el ejemplo de la cerveza, por un lado, desde la ignorancia, pero también lo hacen desde la perversión. Esos discursos son perversos porque además utiliza el concepto del emprendedor mercantilista y rompen con las disyuntivas de la construcción colectiva, solidaria, con la idea de otra economía. Esconde la flexibilización laboral y por ello es perverso.

APU: Hay un conjunto de leyes sancionadas recientemente que sustentan las políticas sociales del gobierno desde una perspectiva neoliberal ¿Cuáles son específicamente?

 AG: Acá voy ser crítico con nosotros mismos. El llamado Programa Argentina Trabaja era un programa de ingreso social con trabajo y, obviamente, con una apuesta colectiva de un Estado presente que organizó cooperativas en los grandes centros urbanos con la idea de generar trabajo. Se apuntó, por ejemplo, al saneamiento comunitario u obras de infraestructura menor a nivel urbana donde los cooperativistas, además de recibir un ingreso, aprendían un oficio, un saber y un tipo de organización. Por supuesto que esto en algunos lugares funcionó mejor y en otros no. Pero sin dudas fue un programa de construcción masiva a nivel popular. Ahora bien, el gobierno actual desde la perspectiva de la política pública vino a resolver un programa de ingresos con otro de ingresos mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se crea un programa de estas características es muy difícil sacarlo después. Con el programa Empalme generaron una única ventanilla de ingreso y lo vincularon a la generación de trabajo a través de las empresas privadas. Es decir, los trabajadores ahora denominados beneficiarios, pueden acceder a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado, pero lo que no se dice es su idea primordial de subsidiar el empleo popular en favor de las empresas privadas. Esta es una práctica que en la Argentina se hizo miles de veces, con la salvedad que los empresarios no apostaron a eso casi nunca. Debe haber experiencias menores, pero en términos generales esa política no genera trabajo, en todo caso les abarata los costos a los empresarios. Y en ese sentido la lucha de las organizaciones sociales por mejorar los ingresos de los compañeros llevó a buen puerto al lograr la ley de Emergencia Social que va a regir, de alguna manera, hasta que se concrete la implementación del programa Empalme que, seguramente, no se va a implementar nunca. Lo van a sostener hasta que ellos encuentren que es parte del negocio cubrir la paz social. Y hasta que las organizaciones encuentren la posibilidad de transformar su poder popular en una acción colectiva que cambien la correlación de fuerzas que hoy son desfavorables. Por ello reitero: la pobreza no es un problema de plata, sino que es un problema de organización, distribución, riqueza y poder. Néstor tenía una frase que enamoró: “la mejor política social es una política económica inclusiva”. Y ahora más que nunca debe quedar claro que no hay economía social si no hay un proyecto nacional y popular.

Agencia Paco Urondo (APU) - 26 de agosto de 2017