Las devaluaciones, acompañadas de subas en las tarifas de los servicios públicos, aceleraban la inflación redistribuyendo ingresos desde la población hacia las empresas exportadoras y de servicios públicos, con su consecuente impacto negativo en el consumo. De esa manera, se reducían las importaciones de bienes finales, insumos y maquinarias, mermaba el turismo en el exterior y la capacidad de ahorro interno (que en gran medida se dolariza) acomodando los gastos de divisas a la restricción externa que limitaba su expansión productiva.

La política de endeudamiento externo iniciado por la gestión Macri tras el pago a los fondos buitres aleja temporalmente la restricción externa y abre la posibilidad de un año par con expansión de la actividad. Sin embargo, las recomendaciones de organismos internacionales y calificadoras de reducción del déficit fiscal en simultáneo con la política oficial de reducción de las cargas sociales e impositivas sobre las empresas, promueven políticas de ajuste en el gasto público (corriente y en obras) con su consecuente impacto contractivo sobre la actividad económica. En la misma línea se inscriben los intentos oficiales de bajar el costo laboral que, del otro lado del mostrador es el ingreso de los trabajadores y una de las principales fuentes de sostenimiento del mercado interno. La reforma laboral y la política de metas de paritarias (denominadas oficialmente como de inflación) amenazan la recuperación salarial y pueden pinchar el consumo, que sigue siendo el principal impulsor de la actividad.

> CONTINUAR LEYENDO Y DESCARGAR INFORME COMPLETO

INFORME ECONÓMICO MENSUAL | Nº 1 | ENERO DE 2018