Además de empresas, la devaluación también deja como ganadores a miles y miles de personas que mantienen elevados niveles de ahorro en activos dolarizados en billetes verdes, títulos públicos en moneda extranjera u otros bienes en el exterior, entre los que se encuentran casi todos los que el año pasado blanquearon más de 110.000 millones de dólares.

Para los primeros, es de esperar que el Gobierno capture parte de esa ganancia superextraordinaria con retenciones y recorte de reintegros a la exportación. Para los segundos, una alternativa razonable sería desandar el camino de la rebaja de Bienes Personales que acompañó al blanqueo.

Los principales sectores exportadores son fáciles de identificar con los datos del Indec. Analizados por complejos exportadores, los dos principales son el oleaginoso y el cerealero, que según números del año pasado representaron el 32 y el 13% del total, respectivamente.

El tercero es el sector automotriz, pero con la particularidad de que tanto el conjunto como casi todas las pocas firmas que lo integran importan más de lo que venden al exterior, con lo cual el impacto de la devaluación no es positivo.

El ranking de complejos exportadores sigue con petróleo-petroquímica, carne, oro, frutihortícola, pesca, vitivinicultura, aluminio, farmaceútico y siderurgia. Esos once sectores líderes (que excluye autos) exportan el 71% del total, lo que revela la escasísima diversificación de las ventas al exterior.

Desagregando un poco los datos, el último informe del Indec sobre comercio exterior muestra que en los primeros siete meses del año los cinco principales rubros (excluyendo autos) fueron harina de soja (6083 millones de dólares), cereales (4761 millones), productos químicos y farmaceúticos (2.586 millones), aceites (2.292 millones) y metales preciosos (1.508 millones). Aquí también se aprecia lo poco diversificada de la estructura exportadora, ya que esos cinco rubros explican el 49% del total por 35.200 millones que se vendieron al exterior entre enero y julio.

Si bien la razonabilidad de que el Gobierno capture parte de la ganancia devaluatoria es obvia en el actual contexto de ajuste fiscal, y en cualquier otro también, un par de cuentas refuerzan lo evidente. El Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA) de la Facultad de Económicas de la UBA difundió ayer un documento en el que explica que para la próxima cosecha de soja prevista en  57,5 millones de toneladas y tomando el precio futuro a mayo de 309 dólares, la devaluación le aportará al sector una facturación adicional por 365.000 millones de pesos. Dado que aclaran que eso no es todo ganancia, porque tienen costos también dolarizados, fundamentan la sensatez de subir retenciones con el siguiente ejemplo:

– Un campo de 5.000 hectáreas de soja con 3 toneladas de rinde por hectárea y 420 dólares de costo de implantación tiene un excedente de 266 dólares anuales por hectárea, descontadas las retenciones vigentes.

– Al dólar de hoy son alrededor de 10.000 pesos por hectárea y 50 millones para todo el campo. Al dólar de 23 del día en que el Presidente anunció que iría a pedirle al Fondo, el excedente era de aproximadamente 30 millones.

– Es decir que la devaluación le deja 20 millones de pesos adicionales.

Los dirigentes agropecuarios ya salieron a rechazar lo que todavía no se anunció, argumentando que el beneficio adicional estará gravado por el impuesto a las Ganancias. Claro que, en el mejor de los casos, ese impuesto les quitaría un 35% de la rentabilidad extra.

Para el caso del trigo y maíz, la razonabilidad de restablecer derechos de exportación no sólo se apoya en cuestiones de eficacia fiscal y equidad distributiva. Además, evitaría que el traslado de la devaluación a los precios internos de pan, fideos, harina, etc. sea menor.

En un país en el que los bancos disponen de más de medio millón de cajas de seguridad atiborradas de dólares y otras divisas, y en el que se blanquearon más de 110.000 millones de dólares que, salvo los inmuebles ubicados en la Argentina, son activos dolarizados, también resulta lógico que el Estado se apropie de aunque sea parte de la superganancia que supone la enorme devaluación. Lo mismo vale para los tenedores de títulos públicos dolarizados, que sufrieron un caída en su cotización en dólares pero su rendimiento en pesos supera holgadamente a la inflación.

Para la inmensa mayoría de la población que no exporta ni acumula ahorro en dólares, la devaluación resentirá su nivel de vida. La injusticia sería mayor si a todos los errores ya cometidos el gobierno sumara el dejar que los ganadores de la devaluación se queden con todo.

Infobae - 1 de septiembre de 2018