América Latina es esencialmente una región de emigración y las consecuencias políticas y socioeconómicas de la pandemia afectan la vida y los derechos de los latinoamericanos fuera de la región, al tiempo que tendrán un gran impacto sobre los flujos de remesas y los niveles de ingresos de sus familiares. Latinoamérica es también un territorio de tránsito, inmigración, refugio y apatridia, y es en la población migrante y en sus familiares que las medidas tomadas por los gobiernos latinoamericanos están teniendo graves consecuencias.

Uno de los primeros efectos es que el cierre de las fronteras nacionales, así como la militarización y el refuerzo de los controles migratorios, no han detenido completamente la migración, sino que han obligado a las personas migrantes a buscar rutas alternativas e irregulares de ingreso, aumentando así su vulnerabilidad y los peligros a los que se exponen. Costa Rica por ejemplo, ha instalado una base militar en la frontera con Nicaragua para vigilar e impedir el ingreso de nicaragüenses.

Además, la población centroamericana en tránsito hacia Estados Unidos está en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los migrantes se encuentran hacinados, sin asistencia sanitaria y con riesgos de contagio en las estaciones migratorias o centros de detención para migrantes, en los cuales a menudo están expuesta también a diversas formas de extorsión y violencia.

En un contexto marcado por grandes desigualdades y exclusión social, la mayor parte de los migrantes tampoco puede “quedarse en casa” porque eso significaría no tener ingresos ni para ellos ni para sus familias. Con todo, la paralización de las actividades no esenciales ha golpeado también duramente a un colectivo que trabaja sobre todo en el sector informal y que se ha visto privado de sus ingresos de subsistencia.

Al no poder utilizar los servicios médicos locales, carecer de redes de apoyo, enfrentar problemas de acceso a la información o ser excluidos de las ayudas sociales destinadas a los nacionales, los migrantes -sobre todo indocumentados- están desprotegidos, mientras que al no poder pagar el alquiler están sujetos a desalojos indiscriminados como los registrados recientemente con migrantes venezolanos en Colombia y Perú.

Estos desalojos y la falta de medios de subsistencia han determinado el retorno masivo de venezolanos a su país de origen. Las dificultades y desafíos de este proceso residen en que el retorno se está registrando en un contexto de alta vulnerabilidad, sin asistencia sanitaria y hacia un país que vive la mayor crisis humanitaria de la región, agravada por las sanciones económicas impuestas principalmente por los Estados Unidos.

El contexto emergencial ha determinado también el cierre indiscriminado de las fronteras sin protocolos adecuados de asistencia para los migrantes en proceso de retorno. El gobierno de Bolivia, por ejemplo, mantiene a más de 300 bolivianos, entre ellos mujeres embarazadas, ancianos y niños, en un campamento militar en la localidad fronteriza de Pisiga. Se trata de familias de trabajadores temporales provenientes de Chile que se han quedado sin trabajo y recursos para permanecer en el país y que se encuentran en situación de extrema precariedad, como denunciado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia y diversas organizaciones de derechos humanos.

La pandemia y las diversas medidas creadas para enfrentarla están afectando seriamente la salud física y mental de los migrantes, además de haber generado el crecimiento de múltiples formas de discriminación, estigmatización y xenofobia. Paralelamente, están provocando muertes, expulsiones y deportaciones de migrantes, así como la elaboración de iniciativas contrarias a los derechos humanos como el proyecto de ley que plantea la repatriación de extranjeros residentes en el Perú afectados por la emergencia sanitaria. Sin embargo, los efectos sobre este colectivo recién empiezan. Los migrantes y sus familias serán también uno de los grupos más afectados en el contexto post-coronavirus.

Los desafíos impuestos por el Covid-19 son enormes, pero esta no es la primera ni será la última pandemia que enfrentará América Latina. Por ello, los países de la región deben extraer lecciones importantes y entender que cualquier medida contra las pandemias y a favor de la salud pública implica la protección de todos, sin distinciones de estatus migratorio o pasaporte. Toda respuesta debe integrar a las personas migrantes y refugiadas en las políticas estatales y de asistencia social, reconocer sus especificidades, proteger sus derechos y combatir la xenofobia, la violencia y cualquier tipo de discriminación que ponga en riesgo su dignidad humana.

-María Villarreal, profesora e investigadora en la Univ. Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Doctora en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.

^{Nodal - 5 de junio de 2020}