¿Qué pasó con los chanchos?

El 6 de julio la Cancillería argentina publicó un comunicado donde refiere a conversaciones entre el gobierno de nuestro país y el de China sobre producción de carne porcina de inversión mixta entre empresas chinas y argentinas. Según Solá, “la Argentina podría producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad y le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años. Ya llegaron a un acuerdo sobre este proyecto la Asociación China para la Promoción Industrial y la Asociación Argentina de Productores Porcinos”. 

A su vez, en una nota de prensa de enero de este año, el CEO de la empresa Biogénesis Bagó declara que “frente a la crítica situación que está viviendo China y la cercanía de Biogénesis Bagó con los principales productores de cerdo de ese país, surgió la posibilidad de acercar a las partes para trabajar en una asociación binacional para pasar de una producción de 6 a 100 millones de cerdos en un período de 5 a 8 años”.

Una de las primeras en llamar la atención pública sobre esta negociación fue la periodista y autora de los libros “Malcomidos” y “MalaLeche”, Soledad Barrutti. En un video publicado en su cuenta de Instagram cuenta que “nuestro país está por firmar un acuerdo siniestro según el cual podemos pasar de producir unos 6/7 millones de cerdos a 100 millones. Eso garantizaría que en China se pueda seguir súper consumiendo esa carne. Algo que hoy no está garantizado porque ese país está sufriendo una peste que los llevó a sacrificar unos 250 millones de animales. (…) El agronegocio es destrucción y muerte. Nos pone en peligro con prácticas productivas brutales y usando los bienes comunes como si fueran suyos. Y lo puede hacer porque se alimenta de nuestro desconocimiento y apatía. Estamos a tiempo de (…) poner un límite, decir que no, acercar soluciones que existen y que se pueden resumir en soberanía alimentaria y agroecología”. 

A partir de la viralización de este contenido, el ambientalismo generó una campaña de junta de firmas –que suscribió, entre muchos otros, Beatriz Sarlo– y un tuitazo para rechazar el acuerdo en los términos que se difundieron públicamente desde Cancillería y la empresa. Entre los argumentos de oposición se encontraban los riesgos ambientales y sanitarios (como la generación de nuevas enfermedades zoonóticas eventualmente tan nocivas como la desatada por el coronavirus) de una producción de la escala como la que se publicita oficialmente; que “en nombre de la reactivación económica” la Argentina vuelve a apostar al modelo agro-exportador y que “este convenio con China nos aleja de una patria con Soberanía Alimentaria. Nuestras tierras ahora no solo estarán ocupadas por los granos transgénicos que se exportan para alimentar animales, sino también por galpones para la cría de estos animales, que luego terminan exportándose”. 

La campaña fue muy exitosa en el sentido de que llevó el debate a la discusión pública, el jueves a la tarde fue tendencia en Twitter, forzó a todo el mundo a informarse un poco sobre la cuestión y dejó claro que la sociedad está atenta a las dimensiones ambientales de las actividades productivas. También tuvo un efecto no necesariamente buscado:  evidenció la tensión entre las visiones más ambientalistas y más desarrollistas del modelo de país que debería seguir la Argentina.

La importancia de la claridad informativa

Hay pocas certezas sobre el contenido del acuerdo en cuestión, porque aún se está negociando y porque es un acuerdo entre privados enmarcado por los gobiernos nacionales. Esto permite a una parte tildar a la otra de exagerada y habilita la actuación preventiva frente al hermetismo informativo.

Si seguimos las declaraciones oficiales hablamos de escalas totalmente diferentes a las que sostiene Juan Uccelli, referente del sector porcino, en una nota con María O’Donnell (posterior a la campaña) donde sostiene que “no se van a producir 100 millones de cerdos (…) sino 250 a 300 mil madres más, aproximadamente duplicar la producción actual en 6 años”. También concede que “no es lo mismo producir 900 mil toneladas como es el proyecto que se está hablando, que producir 9 millones de toneladas. Yo entiendo que, si alguien piensa que vamos a producir 9 millones de toneladas, es decir 100 millones de cerdos, eso sí sería un problema”. Si tomamos por ciertas las palabras de Uccelli, que indicarían que l los números que publica Cancillería y Biogénesis son erróneos, entonces la escala del proyecto es mucho menor. De todas formas, deja en claro que la producción de las cantidades informadas oficialmente no es algo deseable para el país. 

A su vez, según este hilo de Matías Longoni, el vicecanciller Jorge Neme aclaró respecto del acuerdo que aún no hay nada cerrado y que se están negociando una serie de condicionamientos tales como que i) las nuevas plantas tengan en todos los casos un socio argentino, ya sea una empresa, una cooperativa o directamente productores; ii) que las nuevas granjas porcinas no se instalen en zonas centrales de la Argentina (la región pampeana) sino que se acuerde su radicación sea de común acuerdo en provincias más postergadas y que iii) las granjas deberán tener frigoríficos, biodigestores y tecnología de punta.

Así, al parecer, la escala del proyecto tendría poco que ver con la dimensión de aquello a lo que se oponía la campaña ambiental e incluso ya se determinaron algunas condiciones importantes bajo las cuales se está negociando. Ahora bien, la claridad informativa es responsabilidad primero del gobierno y  en segunda instancia de la sociedad civil. Sería útil para la discusión pública aclarar estas desinformaciones y debatir sobre las medidas concretas que son necesarias para que se garanticen las condiciones ambientales y sanitarias de este aumento en la producción porcina. No queda claro si el alimento para los cerdos va a provenir de una reducción en la exportación de granos o se va a alentar una siembra más importante, de qué manera se va a regular el uso de agua y la gestión de efluentes en los establecimientos o qué estrategias se van a implementar para proteger a los pequeños productores.

¿Qué aprendimos de todo esto?

Históricamente el ambientalismo ha tendido a llevar adelante campañas preventivas generando alta saliencia pública porque es la herramienta que encontró para lograr que sus preocupaciones sean atendidas, ya que, una vez firmados los acuerdos, determinadas las condiciones y puestos en marcha, los proyectos son difíciles de detener o de redefinir sus condiciones. 

La mayoría de las políticas ambientales argentinas (Ley de Bosques, Ley de Glaciares, Fallo sobre el Riachuelo) sólo se lograron gracias a una importante movilización de la opinión pública que fuerza a gobiernos y productores a incorporar la dimensión ambiental en la definición y los condicionamientos de las actividades productivas particulares y el modelo de desarrollo en general. Traer este acuerdo a la discusión pública es fundamental.

No obstante, la campaña -y parte del discurso ambientalista en general– se mostró muy refractaria para aquellos que trabajan sobre el enorme desafío que resulta para nuestro país aumentar las exportaciones y agregar valor a nuestras materias primas. Estos entienden que el acuerdo con China es una gran oportunidad y ven en el ambientalismo más una alianza de veto que un actor constructivo y dialoguista. 

Es evidente que la tensión entre producir y conservar va a existir siempre y es saludable que haya partes que representen a cada lado. Pero, en la medida en la que tengamos en claro que el objetivo es común y que es una Argentina con menos pobreza y desigualdad en un contexto de menor degradación ambiental y un proceso de desarrollo que reduzca la dependencia de las materias primas, hay espacio de ambos lados para discutir las formas concretas de lograrlo.

Podemos empezar por consensuar que tanto el aumento de las exportaciones con mayor valor agregado como la jerarquización de la dimensión ambiental en la definición del modelo productivo, son condiciones indispensables para el desarrollo sustentable argentino.

- Elisabeth Mohle, Analista de Política Ambiental. Licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y doctoranda en Ciencia Política en UNSAM.

^{Cenital - 26 de julio de 2020}