En la sesión del 7 de octubre pasado, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, con 133 votos a favor, 5 negativos y 88 abstenciones, aprobando las modificaciones propuestas por el Senado. 

El proyecto original de 2019 había sido suspendido y luego discutido y revisado por ambas cámaras del Congreso, hasta resultar aprobado. El sector es de gran dinamismo y gracias a la Ley de Software en 2004 viene multiplicando el nivel de empleo, con un salario promedio por encima de la media nacional y colocándose en tercer lugar en el volumen de las exportaciones.

Según diferentes estimaciones, el aporte indirecto que realizará el Estado a través de los beneficios fiscales otorgados por el régimen, contando las 480 empresas que solicitaron adhesión, ronda entre los 9500 millones de pesos anuales, monto que ascendería a 18.000 millones de pesos si se suman otras 400 empresas tal y como se prevé. 

Los instrumentos del régimen se basan en reducción de cargas patronales, IVA e Impuesto a las Ganancias. En ese sentido, es que la discusión se dio en torno a la sostenibilidad y el direccionamiento del esfuerzo fiscal que significa para el Estado dejar de percibir esos ingresos.

Mejoras

María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, explica que el proyecto que se habían enviado a Diputados tenía mejoras importantes respecto del aprobado en 2019, incluyendo a las Pyme y microempresas reduciendo las exigencias para su adhesión, incorporando una perspectiva de género, federal e inclusiva. 

Respecto de las modificaciones realizadas por las y los senadores la funcionaria declaró: “Entendemos que el aporte más importante que han hecho es el escalonamiento sobre el Impuesto a las Ganancias y puede que aquellos que han sabido crecer a la luz de una política iniciada en el 2004 ahora tengan menos beneficios sin por ello dejarlas fuera del régimen para que puedan seguir consolidándose. Vemos con muy buenos ojos la propuesta que hizo el Senado y no modifica en absoluto el espíritu que ha tenido la Ley y el proyecto inicial que ha tenido el Poder Ejecutivo”.

Cabe destacar que de no modificar la Ley, la distribución de los beneficios fiscales continuará replicando la situación de 2019 en la que de las 521 empresa beneficiarias el 37,1 por ciento son micro, 46,8 pequeñas, 13,8 medianas y 2,3 por ciento son grandes, pero el 50 por ciento de los beneficios se concentraría en diez empresas, de las cuales 6 son grandes y 4 medianas. 

Además, de no incluir una mirada federal, la distribución geográfica de beneficios continuaría concentrándose un 71 por ciento en CABA, mientras que un 10,4 por ciento en PBA, un 8,4 en Córdoba, 6,7 en Santa Fe y 3,5 por ciento en el resto del país.

Capital humano

En los debates de ambas cámaras del Congreso, la oposición criticó las modificaciones por generar trabas, desincentivar a la inversión y acusaron de que las empresas se irían del país. María Apólito replicó que desde Desarrollo Productivo “no tenemos una percepción de que las empresas se estén yendo, de que se vayan a ir y menos aún por esta Ley”. A la vez, resaltó el capital humano como principal diferencial al respecto del resto de la región, destacando el rol importante de la educación pública y gratuita, al afirmar que “más que ahuyentar empresas me parece que esta Ley viene a completar un ecosistema virtuoso donde, insisto, más allá de los incentivos, el diferencial está en el capital humano”.

Otra de las críticas de la oposición, sobre todo de la diputada Karina Banfi de Juntos por el Cambio, es que el oficialismo no tuvo en cuenta a las empresas del sector. Sin embargo, la Subsecretaría y el Ministerio mantuvieron conversaciones permanentes con las cámaras del sector y no solo con las de software, sino también con Argencon, la Cámara Argentina de Biotecnología, la Fundación Argentina de Nanotecnología, la Cámara de Actividades Espaciales.

Apólito afirmó que esas empresas “entienden también que estos cambios están en línea con la gestión de este Gobierno, con una clara perspectiva distributiva y de favorecer un poco más a los que menos tienen para ponerlos precisamente en esta igualdad de oportunidades”.

Una discusión transversal que se dió en ambas Cámaras tuvo que ver con los emprendedores y el rol del Estado. La funcionaria criticó la idea de sentido común individualista acerca del emprendedor de garaje, exitoso, que llega a ser un unicornio por su propio talento. Con respecto a las empresas argentinas más relevantes, señaló que “también han crecido a la luz de una política pública que fue la Ley del Software sancionada en 2004, por lo tanto no hay emprendimiento exitoso, por lo menos aquellos basados en la tecnología, sin una presencia fuerte del Estado”. 

Además reflexionando sobre el concepto de unicornio, Apólito argumentó que “entre una startup y un unicornio hay una variedad de empresas que pueden ser exitosas sin ser unicornios, de empresas, pequeñas y medianas, porque sino sería como decir que todos los jugadores de fútbol tienen que ser Messi cuando tenemos muy buenos jugadores de fútbol sin que sean Messi y las victorias son de conjunto”.

Tributos

En un contexto en que retrocede la recaudación impositiva debido al descenso de la actividad económica, a la vez que crecen las necesidades que debe atender el Estado producto de la pandemia, el carácter del sistema tributario en general y de medidas de promoción fiscal en particular, requiere de replanteos que prioricen en quienes más lo necesitan. Al igual que con el impuesto a las grandes fortunas, en la arena tributaria se resuelve gran parte de la disputa distributiva donde se define si se esta construyendo una sociedad más justa o no.

Por ello en relación al diseño de políticas públicas: ¿Debe el Estado beneficiar a grandes empresas de ganancias exorbitantes? ¿Debe el Estado sedimentar capas de proteccionismo o exención fiscal ad eternum? ¿Es correcto pensar el bienestar general de una nación bajo la mirada de grandes empresas cuando su fin más ponderado es obtener ganancias? Si el Estado no distribuye, ¿las grandes empresas lo harán?

Hace años que la economía del conocimiento viene en crecimiento a nivel mundial y el modelo de negocios de plataformas digitales viene expandiéndose atravesando los diferentes sectores de la economía. Las tendencias monopólicas y la concentración de la riqueza en minorías privilegiadas, al punto de que ciertas empresas se vuelven más poderosas que los propios Estados, pone a prueba la capacidad y soberanía de las y los dirigentes políticos para decidir cómo, para qué y para quienes distribuir los recursos. 

- Facundo Juarez Ritterband, Sociólogo y maestrando en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo.

^{Suplemento CASH de Página/12 - 18 de octubre de 2020}