La Argentina del año 2021 se presenta con más desafíos que lo habitual. A los problemas estructurales de nuestro engranaje productivo y social se suman las dificultades coyunturales de la pandemia global y del reciente pasado político local. ¿Qué lugar da este contexto para pensar la próxima conquista feminista? ¿Qué herramientas ofrece la economía feminista para construir un escenario distinto?

En 2020 la pandemia agudizó la situación crítica en Argentina y en muchas otras partes del mundo. Según los últimos datos oficiales disponibles, en nuestro país llegamos al 40,9% de personas viviendo en la pobreza, al menos 10% de caída anual del producto bruto interno y 13,1% de desempleo abierto. Los números habrían sido mucho peores si no hubieran existido políticas eficaces y de corte universal, como lo fueron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asistencia al Trabajo y la Producción, los bonos en AUH y jubilaciones, el PreViaje y muchas otras medidas. Políticas de ingreso que en otros países fueron “a préstamo”, o créditos, aquí tuvieron la lógica de derechos.

En medio de tanto dolor, el año se coronó con una conquista histórica: la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de una conquista cimentada sobre décadas de encuentros nacionales de mujeres, años de construcción transversal de la Campaña Nacional por el aborto legal y la fuerza de un movimiento feminista que se masificó y se transformó en marea. La presencia de un proyecto político en el poder que jugó clara y estratégicamente a favor por uno de los temas incluidos en la plataforma electoral se completó con la nueva mayoría de funcionarias en cargos incidentes sobre la temática.

Esa fuerza demostrada, que se volvió ejemplo para toda América Latina, deja la evidente pregunta acerca de cuál es la próxima conquista. El aborto era, en muchos sentidos, la madre de todas las batallas: el punto de la soberanía corporal que obliga al mismo tiempo a cumplir efectivamente otras normativas ya vigentes que la antecedían, como la educación sexual integral, el acceso a anticonceptivos, etcétera.

Como economista feminista y peronista, no puedo más que responder que la próxima conquista es y debe ser la igualdad en los cuidados: igualdad en el otorgamiento de cuidados e igualdad en el recibimiento de cuidados, mediante la aplicación de un compendio integrado de políticas públicas en la materia que vuelva el tema una responsabilidad pública y de todas las identidades de género.

En esta misma revista, en el año 2019, planteábamos junto a Virginia Franganillo y María José Rodríguez que la inversión en políticas de cuidados, como nuevo epicentro del gobierno entrante de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, podía ser un verdadero reactivador de la economía. La pandemia dejó aún más claro que antes que la igualdad en las tareas de cuidado es una condición necesaria, no sólo para conseguir la igualdad de género y la erradicación de la violencia, sino también para la justicia social. En efecto, según un sondeo de INDEC elaborado en el año de pandemia, más del 65% de los hogares declararon haber incrementado su tiempo dedicado a tareas domésticas y de apoyo escolar, y en siete de cada diez casos ese trabajo extra lo tomaron las mujeres. La contracara de esa realidad es que en las mujeres creció no sólo la inactividad y la informalidad, sino también la brecha en la tasa de desempleo con respecto a los varones. No hay números, pero podemos imaginar escenarios muchísimo peores para personas travestis y trans.

Necesitamos igualdad en quienes cuidan, dentro y fuera de los hogares, y también igualdad en la calidad de cuidados que reciben niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad. La economía del cuidado fue crucial en la pandemia y es un sector estratégico para el futuro. Si ese sector no está equilibrado, no lo estarán otros.

Durante 2020, en el marco del trabajo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creamos una Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado donde 14 organismos tomaron diversas acciones concretas y coordinadas durante el contexto de pandemia. Se incluyeron en los decretos de ASPO dispensas de asistencia para quienes tienen niños o niñas a cargo, permisos para quienes cuidan a personas con discapacidad y personas mayores. Se dio licencia remunerada a trabajadoras de casas particulares y se las incluyó en el IFE. Hicimos campañas para hacer cumplir sus derechos y les facilitamos el sistema bancario punto a punto para quienes no tenían cuenta. Regulamos junto con SENNAF una distribución equitativa del cuidado de niñas y niños con progenitores separados, con traslados una vez por semana. Se permitió que los hogares monomarentales que no tienen con quien dejar a las niñas o los niños pudieran ir con ellos a realizar las compras –eran discriminadas en los comercios. Se inició el desarrollo la línea de economía del cuidado del Potenciar Trabajo. Se incluyeron también derechos especiales para quienes tienen tareas de cuidado en la nueva ley de teletrabajo y se la reglamentó, velando por la corresponsabilidad.

Para promover un verdadero cambio cultural federal, en agosto de 2020 lanzamos la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad” que está recorriendo todo el país con espacios de debate para reconocer al cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho. Además, empezamos a construir un Mapa Federal de los Cuidados para georreferenciar los espacios públicos y comunitarios de apoyo en los cuidados e identificar las zonas en donde hace falta más infraestructura. A un año, ya tenemos funcionando su fase interna de acceso para los organismos.

Sin embargo, necesitamos un cambio aún más profundo si queremos dejar de pensar a los cuidados como una mera responsabilidad femenina, para pasar a considerarlos como una responsabilidad pública, de los varones y de todas las identidades de género, y para que existan compromisos de mediano plazo por parte del Estado. Por eso, el Poder Ejecutivo ha constituido una comisión redactora de expertas y expertos que, de forma participativa con todos los sectores, ya está escribiendo un anteproyecto de ley para un sistema integral de cuidados con perspectiva de género. Creemos profundamente que los procesos colectivos y participativos son los que pueden transformar con más fuerza y por más tiempo la realidad que vivimos. Una ley que con políticas de cuidado sistémicas nos permita cuidar en igualdad.

Buscando claves en la economía feminista

La economía feminista viene analizando desde hace décadas la forma en que nuestro sistema económico enfoca y valoriza exclusivamente la esfera productiva e invisibiliza la esfera reproductiva. Esto tiene consecuencias negativas, no sólo para quienes les toca realizar trabajo de cuidado en esta última esfera –una mayoría de mujeres–, sino también para la sociedad en general: la organización productiva y reproductiva no está orientada hacia la sostenibilidad de la vida, sino hacia el aumento de la producción. En la misma línea, las instituciones y los indicadores priorizados por la ciencia económica son androcéntricos y, dada la división sexual del trabajo, sus funcionamientos terminan afectando desigualmente a las mujeres.

La teoría económica neoclásica se apoyó en el estereotipo del altruismo maternal para pensar al trabajo de cuidado como una responsabilidad natural de las mujeres y a la división sexual del trabajo como una especialización eficiente dentro del hogar. Sin embargo, las investigaciones históricas de Silvia Federici permitieron vislumbrar el origen de esta división en los inicios del capitalismo, así como el lugar fundamental del trabajo de cuidado no remunerado y de la familia nuclear en garantizar la reproducción de tal sistema.

Pero no es sólo en la falta de remuneración para este tipo de trabajo en donde se generan desigualdades, sino también en el diseño de la política macroeconómica y social. Aquí la principal contribución es la de Elson y Catagay (2000) quienes identificaron en la política macroeconómica neoliberal tres tipos de sesgos: un sesgo de “varón proveedor” –una premisa implícita de que la política social y los ingresos generados en el mundo del mercado llegarían al hogar a través de un varón que trabaja en forma remunerada formal y es jefe del hogar–, un sesgo “deflacionario” –que prioriza la reducción del déficit y de la inflación de corto plazo por sobre cualquier otra variable– y un sesgo “privatizador” –que reduce la provisión pública de diversos servicios de cuidado y aumenta así la carga de las mujeres. En la misma línea, Waring planteó que, al no contabilizar la contribución del trabajo de cuidado no remunerado en el PBI, se hace imposible que el mismo se dimensione y que quienes lo realizan puedan pedir algún tipo de retribución a cambio. Es por ello que las personas que cuidan hoy se enfrentan a distintas “penalidades de cuidado” –de tiempo y dinero– que las coloca en una situación de riesgo social, cuando paradójicamente están ofreciendo un servicio con tantas externalidades positivas que podría ser considerado un “bien público”.

Frente a este escenario, la economía feminista plantea distintas alternativas. Un ala más radical, llamada economía feminista “de la ruptura” (EFR), plantea que no es posible modificar esta situación dentro de un marco capitalista, ya que el propio sistema necesita de la gratuidad del cuidado para sostenerse. Un ala más reformista, a la que podemos llamar economía feminista “de la conciliación” (EFC), debate de qué forma internalizar el cuidado en el sistema vigente. Las propuestas han sido muchas, desde un salario para las amas de casa, encuestas de uso del tiempo y cuentas satélites al PBI para que se vea su contribución económica, presupuestos con perspectiva de género que visibilicen cómo se usa el gasto y ayuden a direccionarlo hacia el cuidado, así como reformas integrales a los sistemas de seguridad social para de-familiarizarlos y apuntarlos a cubrir a todas y todos los ciudadanos en su rol de trabajadoras, trabajadores, cuidadoras y cuidadores.

Hoy, gran parte de la academia de la EFC coincide en que las sociedades, sus gobiernos y sus programas económicos deberían trabajar por cuatro “R” para con el cuidado: Reconocerlo socialmente como trabajo; Redistribuirlo entre los géneros, así como entre las familias, el Estado y el mercado; Reducir su carga temporal; y Remunerar a quienes se encargan de realizarlo en sus diversos formatos. Se considera que la herramienta principal para ello son los sistemas integrales de cuidado (SIC): un andamiaje de políticas conectadas que plantean ampliar, subsidiar, garantizar el acceso y mejorar la remuneración a los servicios de cuidado en distintas esferas – educación, comunidad, salud, servicio doméstico.

Si las mujeres fueron quienes más sufrieron las consecuencias económicas de la pandemia, entonces debemos pensar en ellas para planear una política económica feminista. De ello se trata el anteproyecto de ley de sistema de cuidados en el que trabajamos todos los días.

Revista Movimiento - Marzo 2021