Pretendiendo una advertencia al presidente boliviano, que cumple nueve meses en el poder, la derecha boliviana, una vez, más quiere sobreponerse a su peor momento político vociferando más fuerte. Lo lógico sería que aceptaran que la receta para retornar a la vía democrática en Bolivia y que cayera la dictadura fue ese arrollador 55,10 % que obtuvo el MAS en las elecciones de octubre de 2020. La receta para tumbar al Gobierno inconstitucional e ilegítimo de Jeanine Áñez fue lograr la convocatoria a elecciones y, de manera limpia, libre y democrática, obtener el apoyo de 3.394.052 bolivianas y bolivianos. Hasta hace algunos meses atrás manteníamos la esperanza de que la oposición se sentara a hablar con el Gobierno sobre los problemas que le importan a la gente, pero una vez más ésta se desvanece.

La oposición más radical, liderada por Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, prefiere darle la espalda a las preocupaciones de los sectores más pobres del país, fuertemente golpeados por la crisis multidimensional, identificada por Luis Arce desde su discurso de toma de posesión como la tarea principal a enfrentar de manera unificada en todo el país. “Lucho”, como prefiere que le llamen, calificó como un “retroceso de 67 años” el que se produjo durante los once meses del Gobierno de facto en los principales indicadores económicos.

El Ejecutivo planteó como principales tareas para salir de la crisis económica la reactivación de la demanda interna y la inversión pública, además de una fuerte inyección de recursos económicos a través de créditos y fideicomisos en el campo de la oferta. Algunos anuncios presidenciales importantes este 6 de agosto, complementarios al plan de reactivación que está en marcha, fueron un plan de emergencia de empleo y la vacunación del 90 % de la población mayor a 18 años hasta diciembre.

Las medidas en el campo económico empezaron desde los primeros dos meses de gestión del Gobierno: en noviembre y diciembre de 2020 se logró pasar de una ejecución presupuestaria de 21 % a 45 %. Se implementaron de manera inmediata el Bono contra el Hambre, el reintegro del Impuesto al valor agregado, un poco más adelante el Impuesto a las Grandes Fortunas, créditos para la sustitución de importaciones y fomento a la producción de alimentos. La percepción del 68 % de la opinión pública es que el desempleo ha disminuido y esto es corroborado por cifras oficiales, que muestran que la tasa de desempleo bajó de 11,6 % en 2020 a 7,6 % en junio de 2021. Por otro lado, las exportaciones se incrementaron en 54,3 %, generando el mayor saldo positivo en la balanza comercial de los últimos siete años.

En el campo de la crisis sanitaria, se recuperó la gratuidad como elemento fundamental del plan del Gobierno frente a la pandemia de COVID-19. Frente a la lógica dominante en el mundo de acumulación peligrosa de vacunas por parte de los 10 países más ricos, Bolivia planteó la liberación de las patentes de vacunas, y dentro del país se distribuyeron pruebas, vacunas y medicamentos gratuitos para la población. Se logró bajar la tasa de letalidad en el país, de 6,2 % durante la primera ola gestionada por Áñez a 2,7 %; un logro que es de destacar porque se trata de miles de vidas salvadas.

La oposición se niega a discutir sobre estos resultados. ¿Por qué la derecha boliviana se atrinchera frente al Gobierno? ¿Por qué vuelven a la amenaza, si no hay un proceso electoral en ciernes? ¿Por qué se tensiona el campo político cuando las elecciones generales y subnacionales ya quedaron atrás? Pues pareciera que la respuesta tiene que ver con la memoria y la justicia.

De la misma manera decidida con la que el Gobierno de Luis Arce está haciendo grandes esfuerzos en los campos económico y sanitario, ha asumido la lucha contra la impunidad y la defensa de la democracia boliviana. El Gobierno impulsa la investigación del golpe de Estado y las masacres perpetradas en octubre y noviembre de 2019. Las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público han ido develando un entramado de acciones sistemáticas que muestran un accionar planificado con mucho tiempo de anticipación para la ruptura del orden constitucional.

Como lo habían demostrado al menos seis estudios e informes independientes, incluido el compartido con el público por parte de CELAG, un reciente informe pericial del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, llevado a cabo a pedido del Ministerio Público boliviano, demuestra que no hubo manipulación informática de los datos de la votación de 2019. Todo esto configura un escenario duro para una derecha que se alimentaba diariamente de un discurso que enarbolaba el fraude electoral para justificar su accionar en 2019.

El escándalo destapado hace algunas semanas por el envío de material bélico desde Argentina y Ecuador fue la gota que colmó el vaso. El colaboracionismo de los Gobiernos de Mauricio Macri y Lenín Moreno con el Gobierno de facto de Jeanine Áñez no sólo podría constituir los delitos de contrabando y daño económico a esos Estados, sino que puede haber tenido consecuencias brutales en la vulneración de derechos humanos durante los sucesos de noviembre de 2019 en Bolivia. Al respecto, Evo Morales, como muchas otras personas, se refirió a un nuevo “Plan Cóndor” en el continente.

Jeanine Áñez guarda detención preventiva en Bolivia, mientras su hombre fuerte, Arturo Murillo, se encuentra detenido en EE. UU. por hechos irregulares vinculados a la compra de gases lacrimógenos. Más de una decena de exjefes militares y policiales se encuentran también detenidos por decisiones judiciales.

Una vieja frase señala que cuando el tigre está acorralado puede dar un zarpazo. Pues los zarpazos de la oposición boliviana parecen más manotazos de ahogado. Se han propuesto hacia adelante utilizar como banderas temas como la distribución de la tierra, la identidad regional y una supuesta persecución política nuevamente para intentar unificar los pedazos que quedaron después del fracaso que mostraron en la administración del Estado durante los once meses de Gobierno de facto. Prefieren tensionar con temas políticos que debatir respuestas concretas a la crisis porque es su manera de defenderse de la demanda de los sectores populares de justicia por los 37 asesinatos, más de 8 centenares de heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente durante el golpe de Estado en 2019.

- Gabriela Montaño, Licenciada en Medicina por la Universidad Nuestra Señora de La Paz y magister en Salud Pública. Ministra de Salud Pública en el último Gobierno de Evo Morales. Senadora en el periodo 2010-2015, ocupando la Presidencia de la Cámara Alta desde 2012 a 2014. Diputada y presidenta del Congreso de Bolivia en el periodo 2015 a 2019. Impulsora de la ampliación de supuestos legales para la interrupción voluntaria del embarazo y de la Ley de Identidad de Género.

^{CELAG - 7 de agosto de 2021}