Las maniobras contables, los instrumentos jurídicos y los artilugios financieros que utilizan las elites económicas para fugar divisas, ocultar sus patrimonios y, en muchos casos, evadir impuestos, a través del mundo offshore son elaborados por una vasta y diversa industria de intermediarios. El diseño, producción y mantenimiento de los vehículos necesarios para transitar la red global de servicios offshore está a cargo de un verdadero ejército de contadores, auditores, bancarios, abogados, notarios, escribanos y asesores financieros que operan a escala planetaria. Son esos mismos profesionales los que se encuentran detrás de la elaboración y el desarrollo de los esquemas de elusión fiscal promocionados entre millonarios, inversores institucionales, grandes empresas, multinacionales y bancos. Las actividades desarrolladas por la industria de los facilitadores incluyen la construcción de los conductos que permiten el traslado y la administración de los recursos fuera de su jurisdicción originaria.

La marca de agua de los facilitadores está detrás de cada maniobra irregular, delito financiero o artilugio evasivo que emerge regularmente. Las megafiltraciones de información financiera como los Panama Papers, Paradise Papers, Luxleaks, Swiss Leaks and Offshore Leaks no evidencian las facilidades para la fuga, ocultamiento y evasión provistas por una jurisdicción en particular sino que exponen el funcionamiento de la industria de los intermediarios. Para garantizar la legitimidad de la industria, así como sostener el andamiaje legal y financiero que les permite operar alrededor del mundo, los facilitadores despliegan un intenso lobby sobre políticos y reguladores. Los intermediarios constituyen un eslabón fundamental y prácticamente ineludible para ingresar y transitar por el mundo offshore.

A pesar del rol determinante sobre los flujos de capitales y la exposición adquirida por el mundo offshore a partir de las distintas megafiltraciones de información, son pocas las investigaciones que hayan puesto la lupa sobre los intermediarios. Los reportes del Senado de Estados Unidos, investigaciones financiadas por el Parlamento Europeo, estudios de la OCDE y los distintos trabajos elaborados por el CEFIDAR en la Argentina son algunos de los pocos documentos que evidencian el agresivo accionar de los facilitadores para comercializar entre clientes acaudalados los servicios necesarios para la fuga, el ocultamiento y la evasión así como el impacto macroeconómico desestabilizador.

Los denominados Panama Papers[1] ofrecen una ventana para conocer quiénes son y cómo operan los intermediarios del mundo offshore que son utilizados por las elites argentinas para fugar, ocultar y evadir[2]. La megafiltración de 2,6 terabytes está compuesta por la información robada a Mossack Fonseca, una firma de abogados con sede en Panamá que tenía una participación de mercado de aproximadamente 5 a 10% de la industria de incorporación de entidades extraterritoriales. La mayoría de los 11.445.650 archivos disponibles en la base de datos presentaba información fragmentada sobre unas 213.634 sociedades offshore creadas entre 1977 y 2015. Recibidas por el diario alemán Süddeutsche Zeitung de fuente anónima y administradas por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), los datos fueron analizados y publicados el 3 de abril de 2016 por más de 100 medios en 80 países.

La base de datos pública que se encuentra disponible en el sitio web del ICIJ muestra a 14.074 intermediarios. La lista cubre diferentes tipos de empresas de servicios profesionales que estuvieron en contacto directo con Mossack Fonseca. No obstante, eso no significa que dichos facilitadores mantuvieran, necesariamente, un vínculo con los beneficiarios finales. En muchos casos, los intermediarios estaban en contacto con otros intermediarios que, a su vez, estaban en contacto con los beneficiarios finales o sus representantes directos. La evidencia disponible también muestra que los beneficiarios finales no siempre necesitan contratar a alguien para administrar su patrimonio u optimizar su planificación fiscal, las grandes empresas y algunos individuos con grandes patrimonios, a veces, se comunicaban directamente con alguna de las oficinas de Mossack Fonseca.

La investigación impulsada por el Parlamento Europeo muestra que alrededor del 13% de las entidades se encuentran directamente intermediadas por empresas y agentes de Mossack Fonseca. Otros proveedores de servicios representan aproximadamente el 31%. Por su parte, contadores, asesores fiscales, abogados y consultores son corresponsables de cerca de otro 28% de las entidades intermediadas. Las entidades financieras y gestoras de patrimonios privados son responsables del 14% de las firmas reunidas en los Panama Papers.

El trabajo realizado por el Parlamento Europeo también muestra que un número relevante de intermediarios parecen tener su sede en jurisdicciones distintas de las de los beneficiarios finales y confirma que la mayoría de los intermediarios tienen su sede en el mundo offshore y/o en los principales centros financieros del mundo. El análisis realizado muestra que el 33% de los intermediarios están basados en países europeos que no forman parte de la UE y en Asia Central; un 23% de los facilitadores se encuentran en Sudeste Asiático; otro 19% pertenece a la UE y un 14% se encuentra en América latina y el Caribe.

Cuando se observa a la Argentina, la investigación periodística Argenpapers ofrece la muestra más amplia y completa sobre los beneficiarios finales locales de las estructuras societarias incorporadas con la participación de Mossack Fonseca. La muestra de 186 entidades offshore en 18 jurisdicciones diferentes permite identificar la existencia de 55 intermediarios asociados a operaciones con argentinos (el listado excluye 5 casos de grandes empresas donde el contacto con Mossack Fonseca es directo y 7 casos donde no fue posible identificar a los intermediarios).

En línea con los hallazgos del informe elaborado para el Parlamento Europeo, los datos de Argenpapers muestran que los fugadores argentinos recurren a intermediarios extranjeros ubicados en jurisdicciones secretas cuando deciden sumergirse en el mundo offshore. Más del 46% de los facilitadores identificados en la muestra están ubicados en Uruguay, el 9% son suizos y un 9% se encuentra en Estados Unidos. El 20% restante se divide entre intermediarios ubicados en Panamá, Bahamas, Luxemburgo, Ecuador, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Por su parte, los intermediarios locales representan el 16%. La información disponible no solo revela que los intermediarios y asesores tienen su sede fuera de la Argentina en paraísos fiscales y centros financieros extraterritoriales, sino también que las entidades creadas están ubicadas en jurisdicciones diferentes a las de los intermediarios encargadas de montarlas, como Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

Los jugadores más relevantes en la intermediación de la fuga, el ocultamiento y la evasión de los patrimonios argentinos están ubicados en Uruguay. La base de datos de Argenpapers muestra la existencia de 26 intermediarios uruguayos. La lista la componen algunos de los estudios contables, bufetes de abogados, financieras y escribanías más renombrados de ese país. Las firmas identificadas se encuentran listadas en diferentes rankings internacionales de “prestigio” como Chambers Global, Latin Lawyer, Legal 500, International Bar Association, IFLR. Asimismo, una parte relevante de los intermediarios uruguayos tiene presencia internacional para garantizarles una mejor conectividad con el mundo offshore. Más del 42% de los intermediarios uruguayos están directamente vinculados a firmas internacionales como Baker Tilly, Alliott Group, HLB, Morison KSi, TMF Group, Jeffreys Henry y redes globales como Multilaw, Lex Mundi, World Law Group, The Interlex Group, First Law International.

Antes de continuar, debe señalarse que cualquier intento de aprehender cabalmente las operaciones de los Panama Papers vinculadas a la Argentina, o a cualquier otro país, será siempre incompleto. Probablemente haya más casos ocultos en la base del ICIJ que tal vez nunca salgan a la luz, más allá de las 186 empresas extraterritoriales y los 55 intermediarios individuales analizados en Argenpapers. Cada estudio de caso sobre la filtración depende del prisma proporcionado por lo que los periodistas de investigación seleccionados por el ICIJ encontraron entre los datos y decidieron que era de interés periodístico. Como evidencia la experiencia de una fiscalía alemana que adquirió la base de datos, un análisis forense puede generar nuevos hallazgos.

No obstante, la muestra de Argenpapers ofrece un acercamiento integral a los intermediarios uruguayos involucrados en los Panama Papers. La base de datos pública del ICIJ da cuenta de apenas 52 empresas incorporadas en Uruguay por Mossack Fonseca. Pero, a pesar de que las estructuras offshore del país no presentaron competencia a Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas o Seychelles, la información de acceso público de la filtración muestra 4.906 entidades offshore vinculadas a Uruguay a través de unos 300 intermediarios.

La cantidad de facilitadores identificados en la base de datos pública coloca al pequeño Estado sudamericano en el noveno lugar en la lista de países con más intermediarios en la base de datos detrás de algunas de las guaridas más prominentes del mundo como Hong Kong, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo y Jersey. Los datos muestran que los intermediarios uruguayos están involucrados en el 2,29% de las entidades offshore vinculadas a los Panama Papers.

Así que, aunque los 26 intermediarios uruguayos vinculados a entidades con beneficiarios finales argentinos podrían considerarse no representativos (representan menos del 10% de la lista completa de intermediarios del país), la información disponible en la base de datos del ICIJ vincula a estas firmas facilitadoras con unas 4.083 entidades offshore. En otras palabras, la muestra escogida para identificar y caracterizar a las firmas de abogados, contadores, financistas y escribanos que prestan servicios offshore a las elites argentinas expuestas en los Panama Papers podría considerarse representativa del total ya que participan en el 82,7% de las entidades offshore vinculadas a intermediarios uruguayos[3].

Un relevamiento de los medios de comunicación revela que más de la mitad de los intermediarios uruguayos vinculados a entidades con beneficiarios argentinos, alrededor del 54%, estuvieron involucrados directamente en alguna investigación de lavado de activos o evasión fiscal alrededor del mundo. Los casos identificados exceden al Uruguay para recorrer Argentina, El Salvador, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, España y Estados Unidos. Las empresas offshore montadas por los 26 facilitadores uruguayos que trabajaron para argentinos son mencionadas en conocidos escándalos de corrupción empresarial y gubernamental como FIFAGate (Damiani & Asociados y Victor Paullier & Cia) y Lava Jato-Odebrecht (Posadas, Posadas & Vecino). Otros fueron objeto de investigaciones judiciales en la Argentina por su participación directa en los Panama Papers (Estudio Lussich Torrendell y Asociados) así como investigaciones recientes de lavado de dinero en ese país (Damiani & Asociados). Sin embargo, aquellos casos mencionados que terminaron con condenas, no es posible encontrar ningún tipo de acusación penal o sanción económica contra los intermediarios uruguayos mencionados.

La base de datos completa de los Panama Papers también permite analizar las comunicaciones internas de Mossack Fonseca, así como los intercambios de correo electrónico con los intermediarios contratados por los beneficiarios finales. Los diferentes equipos de periodistas de investigación de todo el mundo convocados por el ICIJ para trabajar en la megafiltración reconocen la relevancia de los correos electrónicos para revelar soluciones irregulares, abusivas y, en ocasiones, ilegales solicitadas por facilitadores a Mossack Fonseca. Cuando las empresas extraterritoriales fueron diseñadas para ocultar al beneficiario real, esos correos electrónicos ayudaron a identificar su identidad real. Los correos electrónicos no solo apuntan a Mossack Fonseca sino que ilustran sin rodeos la interminable lista de irregularidades cometidas y solicitadas por los facilitadores de todo el mundo para satisfacer las necesidades de sus clientes.

La base de datos de Argenpapers, así como el equipo de periodistas de investigación de medios argentinos que accedieron a la base de datos completa (La Nación, Infobae, Perfil y Página 12), identificaron y destacaron varios mensajes donde los intermediarios uruguayos que trabajan para las elites argentinas exigen estricta confidencialidad, solicitan registrar con fechas apócrifas documentos y actos de sociedades offshore, ocultar la identidad de los beneficiarios reales de las empresas, pedir la emisión de poderes especiales ilimitados para operar empresas, hacer la vista gorda cuando las personas políticamente expuestas surgían en los informes de debida diligencia e incluso dan cuenta de discusiones internas sobre cómo eludir la información solicitud de los reguladores en diferentes países.

Las revelaciones de los llamados Panama Papers Aftermath, un segundo conjunto de archivos que cubren el período posterior a la publicación de la filtración original, expusieron los caóticos intentos de Mossack Fonseca de identificar a los beneficiarios de las empresas por ellos montadas alrededor del mundo offshore. Los intermediarios uruguayos vinculados a entidades con beneficiarios finales argentinos también estuvieron activos en el segundo capítulo: ayudar a los clientes a desconectarse del escándalo solicitando a Mossack Fonseca que certifique el cierre o inactividad de las empresas, ayudando a los clientes a participar del blanqueo ofrecido por el gobierno argentino en 2016-2017 y, nuevamente, participando en la falsificación de documentos.

De esta forma, el análisis de los intermediarios vinculados a las entidades offshore con beneficiarios finales argentinos en los Panama Papers muestra que: 1) las elites locales recurren, al menos en alguna etapa del proceso, a intermediarios extranjeros para acceder al mundo offshore; y 2) las firmas de contadores, abogados y escribanos uruguayas juegan un papel preeminente en ese proceso. Los hallazgos de los datos de los Panama Papers no pueden considerarse concluyentes ya que existen limitaciones representativas tanto de la fuga como de la muestra utilizada, así como las restricciones impuestas por el secreto asociado al mundo offshore. No obstante, los elementos cuantitativos y cualitativos analizados exponen la relevancia de Uruguay como centro financiero offshore en América del Sur.

Otra conclusión preliminar, coincidente con diferentes estudios vinculados a los Panama Papers, es que al menos algunos intermediarios violan la ley al facilitar el lavado de dinero, la evasión fiscal, la elusión fiscal y las omisiones regulatorias. Las firmas de abogados, contadores y escribanos uruguayas no son la excepción. El capítulo argentino de los Panama Papers permite comprender la interacción entre los intermediarios extranjeros y Mossack Fonseca, pero hay poca referencia a cómo las elites locales se acercan a esas firmas en primer lugar. Si bien algunos indicios de la filtración apuntan a las firmas de abogados y de contabilidad argentinas, ese eslabón perdido es un desafío antropológico que debe abordarse sin demora.

La extendida participación de los intermediarios uruguayos podría estar indicando un fortalecimiento del papel del país sudamericano como proveedor de servicios de intermediación y una relegación de algunas de sus características extraterritoriales “originarias” como hub bancario y jurisdicción para la creación de sociedades opacas.

A lo largo de la última década, Uruguay (y distintas jurisdicciones offshore) se ha visto obligada a introducir cambios legislativos y regulatorios en línea con las presiones internacionales surgidas a partir del estallido de la crisis internacional de 2008 y las sucesivas megafiltraciones de información sobre el mundo de las cloacas fiscales y financieras. A las innovaciones en el marco legal y el código penal se sumó la inclusión en distintos mecanismos de intercambio de información con algunos países, intensificó controles sobre las sociedades anónimas con acciones al portador y estableció un registro de los beneficiarios finales individuales de las sociedades.

Las “innovaciones” no desmantelaron totalmente la opacidad y el secreto del entramado uruguayo pero incluso si lo hicieran serían insuficientes para impactar en forma significativa sobre la fuga de capitales así como distintas maniobras ilícitas. En ese sentido debe enfatizarse que lo que exponen los Panama Papers o cualquier filtración financiera reciente no son los “abusos” cometidos desde ningún país en particular sino el funcionamiento de distintos eslabones del mundo offshore y la identidad de algunos de sus usuarios.Por eso, aunque son necesarias, las medidas impuestas/exigidas a los nodos offshore como Panamá o Uruguay difícilmente garanticen una mejora global sostenible en la lucha contra los flujos financieros ilícitos. Cualquier enfoque de política que pretenda tener un impacto significativo para limitar los efectos macroeconómicos y distributivos deberá considerar el papel preeminente en el mundo offshore desarrollado por Estados Unidos y el Reino Unido. También es importante señalar que la responsabilidad no recae únicamente en los mal llamados “paraísos fiscales”. Los intentos de implementar enfoques integrales de países en desarrollo como la Argentina deben: 1) identificar la fuga de capitales y la dolarización de carteras como un problema estructural vinculado a disputa por la distribución del ingreso; 2) implementar un conjunto amplio de políticas de regulación en los niveles micro y macro que permitan administrar los flujos de capitales; y 3) garantizar la implementación de políticas macroeconómicas que promueve el crecimiento inclusivo y sostenible. Como lo muestran los países de América latina, la liberalización total de la cuenta de capital, la desregulación financiera y las políticas fiscales sólidas no tienen efectos significativos en el crecimiento, sino todo lo contrario.

Notas:

1. [1] En contra de lo que puede sugerir la pegadiza y efectiva denominación, la jurisdicción más popular en la filtración fueron las Islas Vírgenes Británicas (BVI). La base de datos muestra que Mossack Fonseca registró 113.646 empresas comerciales internacionales en ese Territorio Británico de Ultramar, mientras que Panamá ocupó el segundo lugar con 48.360 empresas. Bahamas y Seychelles compiten por el tercer lugar con más de 15.000 empresas estantería cada una y se completa la lista de las 15 jurisdicciones de secreto más populares Niue, Samoa, Anguila Británica, Nevada, Hong Kong, Reino Unido, Belice, Costa Rica, Chipre, Uruguay y Nueva Zelanda. A lo largo de las cuatro décadas que abarca la filtración, abogados, contadores, auditores, notarios y consultores recurrieron a 21 jurisdicciones diferentes para establecer una amplia gama de estructuras financieras extraterritoriales para sus clientes.
2. [2] Si a escala global los Panama Papers permiten conocer cómo operan los intermediarios abocados al diseño de los vehículos necesarios para transitar el mundo offshore, a nivel local dejaron al descubierto la plataforma de servicios utilizada para canalizar la fuga de capitales, característica estructural de la economía argentina a partir de la irrupción del neoliberalismo en 1976.
3. [3] Otra cuestión a tener en cuenta es que la cantidad de intermediarios en la base de datos offshore puede estar sobreestimada e incompleta. Sobreestimado ya que varios intermediarios uruguayos como los inefables Damiani & Asociados aparecen con distintas denominaciones. Esa firma es el intermediario uruguayo más activo en la muestra de entidades con beneficiarios finales argentinos. Damiani & Asociados atiende a 18 familias adineradas, particulares y empresarios de la Argentina. Y, por otro lado, la base de datos podría considerarse incompleta porque no se mencionan algunos intermediarios relevantes que utilizaron empresas especiales para administrar las entidades solicitadas a Mossack Fonseca y probablemente a otros proveedores extraterritoriales. Ese es el caso de la intermediaria uruguaya más prolífica de nombre Hoslynd SA que está vinculada a un total de 721 entidades. El domicilio de la firma está vinculado a Hordeñana & Asociados, firma de bolsa, la cual tiene relación directa con CHT Auditores y Consultores, lo que hoy en día se conoce como Baker Tilly Uruguay.

- Tomás Lukin, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Periodista. Coautor del libro Argenpapers: Los secretos de la Argentina Offshore en los Panama Papers.

^{Voces en el Fenix - 5 de mayo de 2023}