Creemos que es urgente un acuerdo social y federal, con el decidido protagonismo del trabajo y la producción nacionales, ante la crisis económica, social e institucional que atraviesa nuestro país. En razón de ello proponemos considerar la propuesta que desarrollamos en el presente documento.

El 1ro.de Marzo, en su mensaje al Congreso, el Presidente Milei ratificó su “terapia de choque”, con la que pulveriza jubilaciones, ingresos alimentarios de la inmensa mayoría de la población, derechos laborales, suspende de la obra pública y las transferencias a las Provincias, desfinancia los sistemas de salud y educativo, licua ahorros y activos.

Huelga decir que están liberados nuevos aumentos de alimentos y medicamentos, planes de salud, los combustibles, de la energía eléctrica, del transporte, de los insumos difundidos básicos para el sector productivo y de otros consumos imprescindibles para las familias.

Es decir, deliberadamente, se activó un círculo vicioso de brutal caída de las ventas, la producción y de la recaudación fiscal, cierres y despidos en todo el país.

El objetivo es un país deshumanizado empobrecido, desindustrializado, primarizado, endeudado cada vez más, dependiente de la cesión al capital extranjero de sus recursos naturales, con cada vez, más pobres e indigentes.

Este gobierno busca anular al Estado para el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución Nacional, con un gobierno central que ahoga a las provincias, asume la suma del poder público y compromete la integridad de la Nación. No es casual que en un punto central de la mentirosa propuesta de Pacto que hiciera el Presidente a las Provincias en la Asamblea Legislativa, se insista en anular derechos entre otros los laborales y en debilitar al movimiento sindical, en línea con la letra del DNU 70/2023.

Tal pacto es inviable. Tiene los mismos objetivos de gobiernos liberales, neoliberales, de las dictaduras y las grandes corporaciones empresarias apátridas que siempre negaron la justicia social, la seguridad alimentaria de nuestro Pueblo y nos endeudaron comprometiendo la soberanía nacional.

Sigue siendo urgente pues derogar - declarando su inconstitucionalidad- el DNU 70/2023. Es inaceptable que ello no haya sucedido, lo que es responsabilidad inexcusable del Congreso de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia.

Pero no menos urgente es reconocer que sí es imprescindible un nuevo pacto social y federal, con compromisos básicos expresamente definidos, en razón de la crisis de representatividad que se manifestó en la elección de un Presidente, que -en los hechos- desconoce los resultados de las elecciones de los Gobiernos de todas las provincias argentinas y con perversión promueve una crisis social, económica e institucional.

Este debe basarse en un plan común a los sectores nacionales y regionales del trabajo y la producción, para revertir la destructiva “terapia de choque” del Gobierno, superar la dinámica del caos que nos está imponiendo y sobre todo responder a las necesidades impostergables de nuestro Pueblo.

Creemos que ese plan debe necesariamente incluir los siguientes ejes:

1. La declaración de la Emergencia Alimentaria, con un programa de precios obligatorios asequibles que garantice la alimentación y consumos básicos de toda la población, desacoplando los precios internos de los de exportación.
2. La inmediata recuperación del poder de compra de los salarios, jubilaciones, salario social complementario, y asignaciones familiares.
3. Una renegociación integral a cargo del Congreso de la Nación (Art. 75 de la Constitución Nacional) de la deuda externa e interna, pues el Poder Ejecutivo no está ni facultado ni capacitado para ello. Con la condición de una estricta auditoría de las mismas, en particular de la contraída en 2018 con el Fondo Monetario Internacional, con comisión de fraude, sin aprobación del Congreso de la Nación, y vulnerando el estatuto de ese organismo.
4. Una reforma tributaria progresiva, para un equilibrio fiscal basado en la capacidad acorde a las ganancias reales de los contribuyentes y una coherente Ley de coparticipación federal acorde con la población, el aporte al Producto Bruto Interno nacional y los índices sociales de cada provincia.
5. Control del comercio exterior, estricta administración de las reservas del Banco Central y medidas cambiarias que vinculen nuestras relaciones económicas exteriores con el fortalecimiento del mercado interno y la moneda nacional.
6. Impulso al ahorro nacional en un sistema financiero no especulativo, con una banca pública consolidada y una ley de servicios financieros que ratifique su carácter de servicio público.
7. Un programa federal de industrialización, que incluya un plan de obras públicas de infraestructura, que coadyuve en la creación de empleo y en la ejecución de las inversiones necesarias para el desarrollo económico y social con justa redistribución del ingreso

EN POS DE ESTOS OBJETIVOS CREEMOS NECESARIAS LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

INFLACIÓN:

Es tema acuciante la inflación potenciada por el actual gobierno vía la mega devaluación de diciembre último y la liberalización de los precios, con el consiguiente deterioro social y económico. No son responsables del fuerte aumento de la inflación: ni los salarios, ni el gasto público social, ni el “exceso de demanda interna”.

La inflación actual no es debido a la falta de oferta o la existencia de sobredemanda en el mercado interno impulsados por el consumo popular. No puede tampoco justificarse por la variación de precios internacionales.

Resulta urgente e imprescindible la elaboración de un cambio de rumbo drástico que contemple metas, compromisos y estímulos regionales y sectoriales de mediano y largo plazo, con eje en el trabajo y la producción.

Es necesario fijar objetivos y metas realistas y mensurables, debiéndose convocar para su definición, ejecución y control a la participación activa tanto de trabajadores como de empresarios.

Pero también reconocer que la legislación a la que aludimos en este planteo, nunca ha sido estrictamente aplicada, por lo que no son válidos los argumentos relativos a su eficacia. El problema ha estado en la ineficiencia de sucesivas administraciones para aplicarla.

En este sentido resulta imprescindible

1. Controlar el tipo de cambio decretando la Emergencia Cambiaria en los términos del Decreto N° 2581/64, con la finalidad que el BCRA preserve las reservas internacionales.
2. Desacoplar los precios internos de los alimentos y otros productos de la canasta básica total de los internacionales, vía fijación de cupos y reestructuración de los derechos de exportación (retenciones)
3. Transparentar las cadenas de valor, costos y precios, de productos y servicios de incidencia central en la canasta familiar.
4. Fijación y provisoria congelación de Precios - acordes con los costos reales de producción- de los productos de la Canasta Básica Total y de los insumos centrales en la cadena de valor de los sectores productivos
5. Supervisar y combatir ventajas monopólicas u oligopólicas en relación a productos y servicios clave.
6. Coartar las ventajas de “posición dominante” que ejercen las empresas productoras de las materias primas básicas e insumos difundidos que imponen subas de precios indiscriminadas en cada cadena de valor.
7. Basar el análisis y negociación de tarifas de servicios públicos únicamente en base a costos reales, no por ajustes automáticos por tipo de cambio o indexación por precios internacionales. Determinar tarifas sociales para la energía, el gas y el agua en función de garantizar: derechos humanos y vida de todas las familias; la producción y servicios de las pymes y emprendimientos sociales; regular componentes significativos que impulsan la inflación.
8. Ratificación y aplicación estricta de las leyes 27442 de Defensa de la Competencia, Ley 24240 de Defensa del Consumidor, 27545 de Góndolas, Ley 26991 de “Las nuevas relaciones de producción y de consumo”, ante las prácticas desleales y/o anti- competitivas de "posición dominante” que ahondan peligrosamente desequilibrios económicos y sociales.
9. Identificar empresas y sociedades, con el fin de diferenciar su tratamiento y los correspondientes requerimientos informativos públicos, para lograr una acción positiva y efectiva de la sociedad y el Estado en relación a los desafíos de la producción, distribución, tributarios, comercio exterior e inflación. Un primer paso es legislar sobre la figura jurídica del grupo económico en la Ley de Sociedades Comerciales
10. Apoyar el sistema de ciencia y tecnología para mejorar productividad, costos, y calidad de producción y abastecimiento en especial de las pymes de sectores productivos clave y economías regionales

DEUDA EXTERNA

Huelga decir que la observancia del actual acuerdo con el FMI desde todo punto de vista es inviable. En su marco resulta imposible realizar un plan anti inflacionario. Un quebranto afectaría de manera irreversible a nuestro pueblo y la integridad de nuestro país, pero también al precario orden financiero mundial al que se pretende someterlo. Sostenemos que es requisito de supervivencia:

1. Su revisión integral por el Congreso de la Nación pues fuerza devaluaciones recurrentes, alimenta el proceso inflacionario e impone la reducción ilegal de las obligaciones previsionales y una quita de subsidios que se convertirían en nuevos e impagables tarifazos en los servicios públicos en beneficio de las empresas que ya saquearon el bolsillo de una sociedad estafada. Esa revisión debe tener la condición inexcusable de una estricta auditoría e identificación de sus beneficiarios, en particular del préstamo contraído en 2018 con el Fondo Monetario Internacional, con comisión de fraude, sin aprobación del Congreso de la Nación, vulnerando el estatuto de ese organismo. En relación a ello es intolerable y causa grave daño al interés nacional que esté “cajoneada” la denuncia que hiciera, ante el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo del período 2019-23
2. Promover una Ley que perfeccione el proyecto que fue aprobado en el Senado de la Nación y perdió estado parlamentario (Exp.0016-S-2022), determinando la creación de un Fondo Nacional para el pago de la deuda externa con contribuciones provenientes de quienes fugaron capitales sin cumplir con sus obligaciones tributarias legales o se beneficiaron manifiestamente del acuerdo contraído ilegalmente con el FMI por el Gobierno de Mauricio Macri.

DIVISAS

Las divisas del país deben ser administradas prioritariamente para impulsar la producción y el trabajo, sostener y mejorar las condiciones de vida de la población. No para pagar un préstamo sin precedentes contraído ilegalmente, y otorgado en contra de los propios estatutos del FMI, No para favorecer la especulación, accesos privilegiados y consumos suntuarios.

Es necesario:

1. Sostener la emergencia cambiaria con controles al comercio exterior y a los movimientos de capitales.
2. Combatir y sancionar severamente maniobras de contrabando, sub-facturación de exportaciones y sobre-facturación de importaciones.
3. Establecer específicamente prioridades para el acceso de divisas para las importaciones. Deben ser autorizadas en primer lugar para el sostenimiento de las condiciones de vida de la población y el abastecimiento de equipamientos e insumos críticos, en tanto resulten insustituibles en forma eficiente y efectiva con producción nacional.
4. Aplicar la ley No. 19.359 Penal Cambiaria y el Decreto No. 480/1995 que la ordena.

EMPLEO, SALARIOS Y JUBILACIONES:

Las condiciones actuales son inhumanas para millones de argentinos, y de consolidarse como pretende el Gobierno terminarán de hundir al mercado interno y comprometer la paz social. Es urgente:

1. Establecer por ley el salario mínimo vital y móvil en el valor de la Canasta Básica Total (Tipo2, INDEC) y el haber jubilatorio mínimo al 80% de la misma, estableciendo su ajuste mensual por inflación.
2. Sostener, coherentemente, la recuperación del salario, las jubilaciones, el salario social complementario y las asignaciones sociales.
3. Fortalecer el régimen de negociaciones colectivas de trabajo (Ley 14250), garantizando la debida actualización de la calificación funcional y otras condiciones de trabajo a los nuevos procesos productivos y cambios tecnológicos en continuo desarrollo.

CUENTAS PÚBLICAS

Del análisis de las cuentas públicas resulta evidente que el impulso del desequilibrio fiscal no es debido al gasto social. La estructura de ingresos fiscales en Argentina tiene un carácter claramente pro-cíclico y su perfil castiga a sectores más sensibles en períodos recesivos y beneficia particularmente a quienes cuentan con mayores prebendas, o con capacidad para realizar maniobras de elusión o evasión impositiva. Son medidas necesarias

1. Eliminación del IVA en productos de primera necesidad.
2. Garantizar la recaudación de las contribuciones vigentes; suspender la vigencia de la ley de economía del conocimiento en cuanto a las exenciones que benefician a la actividad financiera y comercial
3. Tratamiento inmediato en el Congreso Nacional de un impuesto a las “rentas inesperadas”.
4. Poner en marcha una reforma y simplificación integral que revierta la regresividad creciente que ha observado a lo largo de los años el sistema impositivo.
5. Cumplir con la Constitución Nacional acordando y sancionando una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que debe basarse en la solidaridad federal y valores objetivos: a) Población; b) Nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población de cada provincia; c) Nivel de actividad económica
6. Establecer un impuesto por evasión y elusión fiscal a todas las empresas y personas que compraron o compran dólares y no pueden justificar de donde extrajeron los recursos para hacerlo.
7. Combatir con rigor la evasión y elusión impositiva. Estricta aplicación del Régimen Penal Tributario. Urgente tratamiento parlamentario del levantamiento de los secretos bancarios, fiscales y bursátiles con el fin de transparentar las irregularidades, y contar con instrumentos que pongan freno y combatan las prácticas ilegales
8. Emplear el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias, con el objetivo de homogeneizar las valuaciones de todo el país.
9. Incorporar las propiedades rurales en la base imponible del Impuesto a los Bienes Personales
10. Plena autonomía a las provincias para emitir sus propios medios de pago en forma de bonos de cancelación de deuda, con compromiso del Estado Nacional de su aceptación y posible cancelación, mientras dicha emisión no supere el 3% del Presupuesto provincial vigente

El Estado debe cumplir un rol central e insustituible debatiendo, orientando y determinando con amplia participación social, una estrategia que ponga como prioridad el trabajo y la producción, y no la concentración privilegiada, a la extranjerización, la especulación y el tremendismo, dislocando y deprimiendo simultáneamente el mercado interno

Debe sostenerse la unidad nacional. Las distintas regiones del país, las provincias, deben contar con condiciones de desarrollo que permitan la industrialización ventajosa en origen de las materias que producen, de acuerdo a los recursos de cada región.

SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero argentino ha derivado a partir de su amplia desregulación e internacionalización hacia las características especulativas que sufrimos en los últimos 48 años.

Ha abandonado la función central de captar y defender el ahorro y canalizarlo a través de créditos en el apalancamiento de la inversión productiva y de las necesidades básicas de las familias, como la vivienda u otros bienes necesarios para la vida cotidiana

Es un mito instalado que la economía argentina consume más que lo que puede y no genera ahorro/excedentes suficientes para contar con un sistema financiero funcional. No es cierto. De acuerdo a estimaciones oficiales (INDEC), las tenencias de argentinos en el exterior alcanzaban en el 3er. trimestre de 2023 los USD 383.729 millones (USD 46.926 millones de inversión directa, USD 83.547 millones de inversiones en cartera y USD 253.256 millones ubicados como “otros” en el que se incluyen tenencias en billetes o no declaradas).

El sistema financiero debe estar al servicio del trabajo y la producción. Con tal perspectiva, debe revisarse en forma completa su funcionamiento y legislación. Creemos imprescindible:

1. Articular y unificar la supervisión control del sistema financiero, dimensionar el rol esencial de la banca pública, y de entidades cooperativas de ahorro y préstamo productivo y social
2. Una Ley de Servicios Financieros ratificando su carácter de servicio público
3. Transparentar y controlar las operaciones y actores del sistema financiero para combatir desvíos, maniobras dolosas y la presión extorsiva en sus comportamientos (golpes de mercado)
4. Puesta en marcha de un fondo fiduciario productivo para ser canalizado a inversiones reales sustentables movilizadoras de la producción y el empleo, y en particular las pymes por su significación en la ¡economía nacional. Este paso puede ser dado en base a parte de las tenencias/stocks de los bancos inmovilizados como encajes remunerados (pases pasivos, letras y notas de liquidez)
5. Suspender de inmediato la irregular emisión de bonos nominados en dólares (BOPREAL) por parte del Banco Central.
6. Investigar y determinar veracidad y legalidad deudas privadas con el exterior.
7. Establecer mecanismos de transparencia en la gestión de controles cambiarios, al comercio exterior y a los movimientos de capitales.
8. Apoyo activo y prioritario al financiamiento para superar el creciente déficit habitacional.
9. Anular la facultad otorgada por la Ley 24.144 al BCRA, que posibilita que los dólares que el BCRA compra al Tesoro de la Nación, para solventar el endeudamiento de la Administración, siendo que el Estado paga mayoritariamente sus gastos en pesos – excepto la deuda externa en divisas – puedan ser vendidos a los bancos financiando la fuga de capitales.
10. Sancionar una ley que incorpore las disposiciones del derogado Art. 6to de la Ley 20.840 /74, relativo a la “Subversión Económica”, que preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerar como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio ocasionado a la economía nacional, como ha sucedido por ejemplo con el “caso Vicentín”.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2024

FORO ECONOMÍA Y TRABAJO

Ricardo Aronskind, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, , Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva

Coordinación Foreyt: Eduardo Berrozpe