Cuando un fenómeno político extremo irrumpe, su impulso desestabilizador conmueve al sistema, lo desordena y transforma. Pasó muchas veces, está estudiado. Así como el alfonsinismo obligó al peronismo a renovarse, el menemismo terminó con el histórico bipartidismo y el kirchnerismo partió en dos al progresismo, la onda expansiva producida por el triunfo de Javier Milei condena al PRO a la extinción y sumerge a la oposición en la incertidumbre. La perturbación se ve en viejos compañeros de ruta del progresismo de los 90 que el kirchnerismo había separado y que de repente vuelven a reunirse, se refleja en las tensiones al interior del liberalismo (observables por ejemplo en las diferencias entre el diario La Nación y su canal de noticias), y también en la desconcertante emergencia de viejas-nuevas figuras, como Elisa Carrió y Guillermo Moreno.

En el campo opositor, el debate está dominado por la interna carnívora entre Axel Kicillof y el kirchnerismo, pero mi impresión es que la cuestión de fondo no pasa tanto por la conducción como por el extravío programático. Se impone, por lo tanto, una actualización doctrinaria, pero es aquí donde aparece otro problema, que vale la pena atender: prácticamente no hay opositor que no se proclame a favor de una renovación, pero cuando uno empieza a meter la cuchara en la sopa densa de los temas emergen las resistencias. En lo que sigue voy a intentar ilustrar este argumento analizando la espinosa cuestión de la reforma laboral, para retomar en el final la idea que insinué recién: que, mientras discute listas y candidaturas, la oposición, y en particular el peronismo, debe avanzar en una renovación programática. 

Veamos.

Meter la cuchara

Ninguna reforma laboral alcanza por sí misma para crear trabajo: el empleo es un tema de la economía más que de la legislación, como demuestra la evidencia de que, con más o menos el mismo marco normativo, se crearon 5 millones de nuevos puestos de trabajo (entre 2003 y 2011) y se destruyeron 600 mil (desde 2018 hasta hoy). Pero que el problema principal pase por la economía no implica que no haya que discutir una actualización de leyes, convenios y estatutos que ayude a mejorar las cosas. ¿Se puede avanzar en una reforma laboral que sintonice con una economía pos-fordista, que cree condiciones favorables a la inversión privada y que al mismo tiempo tenga una orientación progresista? 

Tres políticas ejecutadas en el último cuarto de siglo muestran que sí. 

La primera es el monotributo, un régimen simplificado ideado por el menemismo que permitió incluir en el sistema tributario a cientos de miles –hoy casi dos millones– de pequeños contribuyentes. Aunque exhibe problemas, desde la inequidad contributiva respecto de otros trabajadores al desfinanciamiento previsional, lo cierto es que el monotributo fue clave para evitar que los trabajadores independientes y cuentapropistas emigren del sistema, adelantándose, al tiempo que favorecía, al boom del emprendedorismo. La segunda política es el régimen especial para el empleo en casas particulares, un invento del kirchnerismo para propiciar la formalización del sector más relegado, pobre y feminizado del mundo del trabajo, atendiendo al mismo tiempo al hecho de que el empleador no es una empresa sino una familia, a menudo de clase media. También con problemas, permitió formalizar a 500.000 empleadas domésticas. La tercera reforma buscó contener los altos niveles de litigiosidad en casos de enfermedad o accidentes laborales, un problema que ya había identificado Cristina Kirchner (1) y que Macri buscó ordenar con un decreto de 2018, que estableció la obligatoriedad de pasar por las comisiones médicas jurisdiccionales como paso anterior a un juicio. 

Con todos sus déficits, estas tres iniciativas permitieron atender problemas concretos, que es lo que debería intentar una mirada moderna e inteligente. Algunas ideas posibles, entre muchas otras: un régimen simplificado para las dos franjas de edad con mayores dificultades de inserción (jóvenes y adultos mayores) en actividades con altos niveles de informalidad, como comercio o gastronomía; una modificación de los estatutos de los trabajadores del Estado para habilitar modalidades permanentes de teletrabajo, algo que los sindicatos resisten; una actualización ad hoc de los convenios como el acordado entre SMATA y Toyota en su planta de Zárate, y un régimen especial para la economía popular, como el que negociaron los cartoneros de Juan Grabois con Horacio Rodríguez Larreta.

Por último, hace falta una perspectiva sobre el sector en expansión de los trabajadores de plataformas. Antes que imponerles un convenio clásico, con jornada de ocho horas y vacaciones anuales, es necesario entender sus demandas: las encuestas muestran, por ejemplo, que valoran la flexibilidad horaria y no quieren jornadas fijas. Dado el tipo de sistema en el que trabajan, basado en un seguimiento en tiempo real del desempeño individualizado que distribuye premios y castigos, el principal reclamo no pasa por la formalización sino por la “transparencia del algoritmo”. ¿Por qué la App asigna un viaje y no otro? ¿Cuánta propina dejó una entrega? ¿Por qué aplica un premio especial y por qué no? De hecho, la primera protesta de los repartidores de Rappi estalló cuando la aplicación dejó de ofrecerles varias entregas para que eligieran cuál tomar a asignarlas de manera personalizada (Uber no le permite al conductor ver el destino del viaje hasta que el pasajero no se sube, lo que dificulta que combine los traslados con otras actividades).

^{Fuente: Le Monde Diplomatique - Diciembre 2024}