La protesta social está asediada. Salir a la calle a manifestarse es cada vez más difícil: la represión se repite semana tras semana, cada vez más naturalizada, mientras está vigente un protocolo “anti piquetes” inconstitucional y el gobierno se jacta de perseguir a quienes se manifiestan. 

¿Y el poder judicial? El poder judicial se pasa la pelota.

El 8 de marzo de 2017, al final de una histórica marcha feminista, hubo una razzia policial contra mujeres y lesbianas en la zona de la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. El operativo conjunto entre las policías Federal y de la Ciudad fue violento, brutal, desmedido. Veinte personas fueron detenidas por policías que se comportaron como si su verdadero propósito no fuera “despejar” una plaza -algo ilegal- sino dar un mensaje para disciplinar a un movimiento social. Una vez privadas de la libertad fueron nuevamente víctimas de violencia: hubo requisas vejatorias, humillantes. Luego, fueron acusadas de haber cometido delitos y sometidas a un proceso penal sin pruebas para sostener esa acusación. Un año después un juez determinó que eran inocentes. El daño ya estaba hecho.

Desde 2017 buscamos que el poder judicial investigue el accionar policial de aquel día. Representamos a tres mujeres lesbianas que buscan una reparación por lo que tuvieron que atravesar por el solo hecho de estar en una vereda de la ciudad de Buenos Aires. Y buscamos que el poder judicial dé un mensaje claro sobre que la violencia policial no es admisible, ni naturalizable.

Hace ocho años que la investigación está a cargo de la justicia nacional y correccional.

En junio de 2023 –más de seis años después de los hechos– y luego de presentaciones que hicimos desde dos querellas, la fiscalía pidió la indagatoria de quince funcionarios policiales, entre ellos los que estaban a cargo de la Sala de Situación, desde donde se dirigen los operativos policiales, a quienes acusó de haber ordenado y autorizado a las y los policías bajo su mando a “detener ilegalmente personas que estaban participando de la manifestación y que no tenían vinculación con ningún hecho delictivo ni contravencional”. Y también, en ese grupo de policías se encuentran siete jefes, tres de la policía de la Ciudad y cuatro de la Federal. 

Esta semana, el 10 de diciembre, un año y medio después, el juzgado n° 59 que desde 2017 es responsable de la causa se declaró incompetente. Los motivos para pasar la causa a la órbita federal son que hubo policías federales involucrados y que los hechos ocurrieron alrededor de la Plaza de Mayo: dos datos obvios y conocidos desde la primera foja del expediente. Justo en el momento en el que debía avanzar con las indagatorias -ya convocadas, pero suspendidas en julio- a miembros de alto rango de la Policía Federal Argentina decidió desentenderse de la investigación. Ahora, queda por delante una discusión de competencia con la justicia federal que puede durar años.

El poder judicial que debería controlar la adecuación de las conductas policiales a la ley se desentiende de su responsabilidad, se pasa la pelota y extiende los tiempos, como si nada importante estuviera en juego.

^{Fuente: CELS - Diciembre 2024}