Acorralado por las repercusiones e implicancias locales e internacionales del escándalo que atraviesa por la estafa derivada de la promoción de la criptomoneda $Libra, el Presidente Javier Milei, firmó un nuevo e ilegal decreto de necesidad y urgencia que establece la conversión del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima. Lo hizo poco antes de viajar a los Estados Unidos, para ofrecerlo a los grandes fondos de inversión y al Fondo Monetario Internacional, como moneda de cambio en busca de préstamos leoninos y un nuevo acuerdo en el que sacrificará una vez más al interés nacional.

Ello implica ni más ni menos que continuar con la característica central del modelo económico que aplica este gobierno: generar negocios rápidos con el patrimonio del Estado, con los recursos naturales y, centralmente, favorecer a la especulación financiera de todo tipo.

Según el Banco Central –a noviembre de 2024–, el Banco Nación, siendo el principal banco del sistema, representaba el 23,97% de los activos, y el 21,93% de los pasivos del sistema financiero, así como el 20,71% de los préstamos totales y el 23,99% de los depósitos totales. A la vez, mantiene su presencia, su rol social y de promoción de las economías regionales, asistencia a pymes y amplios sectores sociales. Y logra ser rentable, siendo una potente fuente de crecimiento del patrimonio de la nación, con ratios de rentabilidad superiores al sistema.

Su presencia abarca todo el país con 721 sucursales, más 12 filiales en el exterior. Esa red está acrecentada por sus vínculos en todo el mundo a través de las líneas de crédito financieras y comerciales, que maneja por ser el operador financiero del Tesoro Nacional. Asimismo, ejecuta la coparticipación de la recaudación tributaria, y es una pieza clave para el fomento de todas las actividades productivas. Está donde la banca privada no está. Ha brindado eficaces respuestas en las situaciones de catástrofe y crisis desde su creación, como en el quebranto de 2001 al final de la convertibilidad, cuando las bancas privadas –extranjera y local– defraudaron a los ahorristas.

Por supuesto que a este gobierno le resulta indiferente contar con esta herramienta que ha servido desde su fundación en 1891, por el Presidente Carlos Pellegrini, para apoyar y afianzar la producción y el trabajo de los argentinos. Estas cuestiones no están entre sus prioridades.

Rechazamos pues este intento de privatizar el Banco de la Nación Argentina, respaldamos a sus trabajadores y a la Asociación Bancaria que los representa en su defensa y sostenemos que este DNU (116/25) debe ser inmediatamente anulado, recordando que para reformar su personería jurídica y/o privatizarlo es necesario una ley del Congreso de la Nación, tal como dictaminó el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, en septiembre pasado.

Reiteramos, ya que se arriesgan las posibilidades de reversión de la economía del desastre que el gobierno ha impuesto en favor de las corporaciones, a costa del endeudamiento permanente y del empobrecimiento de la sociedad, que ante esta situación de emergencia institucional urge:

• anular el DNU 116/25 y ratificar expresamente en el Congreso que el Banco Nación no se privatiza;
• la inmediata derogación de las facultades legislativas otorgadas en contra de la Constitución Nacional al Presidente Milei y la anulación de los numerosos decretos de necesidad y urgencia que dictó;
• iniciar el procedimiento de juicio político y el tratamiento expeditivo de denuncias realizadas a la justicia por el accionar del Poder Ejecutivo;
• que el Congreso de la Nación se haga cargo con urgencia de la negociación de la deuda pública tal como lo determina la Constitución Nacional.