Pocos compromisos fueron asumidos por el gobierno porteño con tanta vehemencia como el de limpiar la ciudad. Sin embargo, no lo hace a partir del tratamiento de la basura -en la campaña para la legislatura local, el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, insistió con el “olor a pis” que se siente en la calle-, en su lugar, centra todos los esfuerzos en “limpiar” la ciudad de trabajadores informales. Pero la relación con este sector de la población y la Policía ya tiene una historia de tensión y violencia.

Historia reciente del espacio público y el verdugueo policial

Hasta el comienzo de la gestión de Jorge Macri, los trabajadores aseguraban que el trabajo “sucio” -violento- lo hacían los empleados del Ministerio de Espacio Público y Hábitat porque eran quienes llevaban adelante los desalojos. Pero debajo de esa superficie funcionaba toda una red de habilitaciones clandestinas. Así lo contaba Omar Guaraz, de la organización social Vendedores libres, en 2023: “No existe ningún mantero que tenga la posibilidad de trabajar sin ceder a la corrupción policial”, decía entonces. En ese sentido, coincidían desde el Ministerio Público de la Defensa: “La Policía ejerce cierto control territorial, y a veces lo hace con violencia, a veces con hostigamiento o amenazas y a veces lo hace directamente con una suerte de acuerdos, tarifando el espacio”.

Incluso había quienes hablaban de una situación insostenible en la que los “acuerdos”, a pesar de ser extorsivos, garantizaban cierta armonía social. Luzmery Villanueva es militante y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Ella vende ojotas en verano y camperas en invierno y contaba algunos detalles de esta convivencia que tuvo lugar hasta fines de 2023: “Había un acuerdo de palabra con la Policía. Solamente nos daban para trabajar las calles laterales. No podíamos tocar ninguna avenida principal y la manta solamente podía medir dos metros”.

“La calle se divide en dos”, contaba Omar Guaraz: “Vos tenés al verdadero mantero que invierte su pequeño capital para ganar unas monedas para vivir. Eso se mezcló con el empresario, que es un tipo que junto con dueños de galerías y otros te ponen una manta con un empleado y mercadería. ¿Cómo reconocés al verdadero vendedor? Por el volumen de productos. En esa lógica de calle, esos empresarios se asociaron con la Policía y fueron desplazándolos de las arterias principales que es donde más gente pasa”.

También mencionaba que “el negocio no es solo el tarifado, sino que cuando ves los operativos, la misma Policía y [ el Ministerio de ] Espacio Público que los tarifa adentro para dejarlos laburar, después para justificarse sale a correrlos y a secuestrarles la mercadería. Y para esto hay un protocolo: se tienen que presentar, tiene que ser sin violencia, te tienen que explicar qué es una contravención, tiene que haber testigos. Pero van como pirañas: 10, 15 policías, una camioneta y una moto. Se te abalanzan, te sacan las cosas y huyen. Y esa mercadería se supone que podés reclamar y te la pueden dar. Pero todo eso no existe”.

“La Policía ejerce cierto control territorial, y a veces lo hace con violencia, a veces con hostigamiento o amenazas y a veces lo hace directamente con una suerte de acuerdos, tarifando el espacio”

De todos modos, esta relación no mejoró con el nuevo gobierno nacional ni local. El actual jefe de Gobierno asume como una impronta importante de su gestión la “limpieza del espacio público” para todas y todos los vecinos de la ciudad. Dentro de este marco, justifica el aumento de operativos para erradicar de las veredas no solo la venta ambulante, sino también las trabajadoras sexuales, los trapitos y las personas en situación de calle.

Lugares como Parque los Andes, el barrio de Once, Avenida Avellaneda, Retiro, la peatonal Florida, Plaza Constitución, Parque Centenario y Parque Patricios han sido elegidos para visibilizar este accionar y hacer alarde de la efectiva gestión estatal. La Policía de la Ciudad, la Agencia Gubernamental de Control y los inspectores del Ministerio de Espacio Público y Hábitat mantienen controles para evitar que vuelvan a instalarse los manteros.

“Les sacan las cosas y no se explica por qué. Y es muy difícil de recuperar, prácticamente imposible para un particular”.

¿Con qué excusa?

El Gobierno se aferra a algunos puntos de partida para llevar adelante esta política de erradicación y/o represión de los manteros. Uno de los principales es la supuesta competencia desleal y la Ley de Marcas, con la que justifican los decomisos.

Desde el Ministerio Público de la Defensa comentan que en los operativos se observa un gran despliegue “que parece más para los medios que otra cosa”. “Directamente, sin aviso previo, les sacan las cosas, elementos de trabajo y a veces sus pertenencias. Muchas veces no dejan actas que registren los elementos, y esas cosas son muy difíciles de recuperar, prácticamente imposible para un particular sin asistencia jurídica. Es un vía crucis burocrático que incluso a nosotros, desde el MPD, nos resulta muy complejo”, aseguran.

Por otro lado, aducen el “uso indebido del espacio público”. En caso de seguir esa línea, la situación configuraría una contravención y no un delito, por lo que no se podría detener a las personas y realizarles una denuncia penal, sino que, en el peor de los casos, se las tendría que sancionar con multas o trabajos comunitarios.

Por último, y para reforzar el discurso de los desalojos, los agentes también suelen mostrar la carta del conflicto con los comerciantes de la zona. Aunque Luzmery, del MTE, refuta este argumento: “Nosotros, al menos nuestro grupo, tratamos de no competir con los comercios. Por ejemplo, si el comercio vende pantalones, el compañero afuera no puede vender pantalones. Incluso a veces los negocios le guardan las cosas a los compañeros. El Gobierno dice que el comerciante no quiere [ que haya manteros ] y es mentira, porque el comerciante sabe que si hay más vendedores hay más tránsito de gente y así se vende más”.

Emilio Maneiro, referente de la Feria Los Patos, ubicada en Parque Patricios, sostuvo en diálogo con Mapa de la Policía: “Lo que estamos haciendo no es pedir que liberen las calles y que nos dejen hacer lo que queramos. Estamos esperando que el Gobierno de la Ciudad como autoridad de aplicación regule porque tiene las herramientas para hacerlo, tienen que sentarse a discutir y a trabajar con nosotros”.

Hoy, en algunos espacios vacíos que antes ocupaban manteros aparecen pintadas con aerosol, una especie de firma que marca un territorio conquistado o arrasado por esta patrulla vecinal: BV.

Mientras tanto, las leyes

En un escenario ideal, un mantero puede acceder a un puesto regulado, como sucede al momento de la publicación de esta nota con la feria Los Patos, enmarcada dentro de la Ley Nº 4121-GCABA/11 que regula el funcionamiento de Ferias dedicadas a la “manualidades, incluidas las de pueblos originarios. Compra-venta y permuta de libros usados, objetos de colección, antigüedades, materiales audiovisuales originales usados, filatelia y numismática, reproducción de partituras y material gráfico de colección”.

El Gobierno nacional, por su parte, en el proyecto original de la Ley Bases proponía eliminar el Monotributo Social, que permitía que algunos vendedores trabajaran de manera legal en la calle como miembros de una cooperativa de trabajo, además de hacer aportes jubilatorios y a una obra social para el titular y su grupo familiar, pagando un impuesto muy bajo. Finalmente, este punto no fue incluido en la ley aprobada, aunque la Resolución N° 630-MCH/24 estableció que quien desee continuar en este régimen deberá abonar el 50% de la obra social por sí mismo y por cada adherente. En Octubre de 2024, la diputada Natalia Zaracho presentó un proyecto de modificación de la Ley de Marcas. Sobre el texto, Fernando Vaimbrand, presidente de la Federación de Trabajadores en Espacios Públicos (Fetep), dijo: “Con su actual redacción, hoy la ley se utiliza para decomisar mercadería y cataloga la venta de la ropa de imitación como un delito. Sin embargo, el que compra sabe que se está llevando una imitación: no hay engaño, como exige la ley, para penalizar. Tampoco es cierto que seamos competencia para las grandes marcas como Nike o Adidas”. La propuesta presenta dos cambios fundamentales: por un lado, despenaliza la venta de productos que imiten marcas registradas -no sería punible la venta de estos productos si fuera evidente que se trata de una imitación y si fuera una actividad de subsistencia-. Por otra parte, establece la prohibición de decomisar y destruir mercadería por parte de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, VAIO también presentó un proyecto de Ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para regularizar el trabajo en el espacio público. La iniciativa plantea que se cree una Comisión de seguimiento integrada por funcionarios del Ministerio de Espacio Público, Desarrollo Humano, Seguridad del GCBA así como también de la Legislatura porteña y de organizaciones sociales que representen a vendedores del espacio público. La misma se ocuparía de relevar y registrar a los trabajadores y de otorgar permisos para que puedan desempeñarse en puestos desmontables en la calle, además de que paguen un canon por la actividad.

“Estamos esperando que el Gobierno de la Ciudad como autoridad de aplicación regule porque tiene las herramientas para hacerlo, tienen que sentarse a discutir y a trabajar con nosotros”.

La milicia parapolicial

La organización no gubernamental (ONG) Buenos Vecinos tuvo recientemente una participación ciudadana activa en la política antimanteros, en consonancia con el discurso oficialista. A través de sus cuentas en redes sociales llevan a cabo activismo en contra de la venta ambulante. Se presentan como un grupo de personas que denuncian contravenciones, combaten la corrupción y el desorden con el fin de terminar con las cajas recaudadoras de la Policía, el gobierno de la Ciudad y con la venta ilegal.

En diálogo con el Mapa de la Policía, la titular de la ONG, Gloria Llopis Ortiz, afirmaba en 2023 que “hay represión y hostigamiento de la Policía hacia los manteros cuando no pagan. Si pagan, el uso del espacio público semanal, que lo cobra el puntero o la Policía, está todo bien. La Policía es recaudadora y la recaudación es millonaria. En Once hay 7.000 manteros y todos pagan. Como les dije veinte veces a los funcionarios con los que me reuní: si quieren que siga habiendo manteros entonces hay que legalizarlo, saben que están cobrándoles. Eso que pagan tiene que estar en blanco”.

Ese diálogo con las autoridades que relataba entonces se intensificó con la Policía de la Ciudad, sobre todo, a partir del programa Comisarías Cercanas/Comisarías Abiertas, impulsado por Horacio Rodríguez Larreta en 2017, que con el fin de “acercar el Estado a los vecinos” convoca a reuniones en todas las dependencias policiales para recoger “reclamos y sugerencias” y “evaluar las soluciones implementadas”.

A través de este mecanismo, la organización empezó a aportar material audiovisual que luego se usa en las denuncias contra los vendedores. Hoy, en algunos espacios vacíos que antes ocupaban manteros aparecen pintadas con aerosol, una especie de firma que marca un territorio conquistado o arrasado: BV.

“El comerciante sabe que si hay más vendedores hay más tránsito de gente y así se vende más”.

¿Adónde fueron?

Según Omar Guaraz, “los vendedores resisten”. “Muchos se quedan en la zona, pero vendiendo sin un lugar fijo, otros emigran al Conurbano, a La Matanza, a Lanús, a zona norte y así van sobreviviendo”, cuenta.

“Hay una decisión de desalojar el espacio público de 'personas indeseables' en clave de orden y limpieza. Les pasa a los pibes en situación de calle, a los trapitos, a las trabajadoras sexuales y a los manteros. En este último caso, todavía no han avanzado con el uso de la herramienta penal, es decir, no es que avanzaron con detenciones masivas porque por ahora les sirve y funciona la táctica de secuestrar pertenencias y correrlos de las zonas”. Y agregan: “El comerciante común no está contento con que hayan sacado a los manteros, porque hay muchísima menos gente circulando y se vende menos en general. Tal vez esté contento únicamente el vecino que vive ahí, no lo sabemos”.

No hay registro de tantos desalojos y secuestro de mercadería en la Ciudad desde que existen estos espacios neurálgicos del comercio informal. Y hay una demanda que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires capitaliza como logro de gestión: una ciudad ordenada y limpia tanto de basura como de personas construidas como indeseables. Al mismo tiempo, se empeora una red económica que, ante un contexto de crisis, contenía las necesidades de los sectores más vulnerables.

Y hay una demanda que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires capitaliza como logro de gestión: una ciudad ordenada y limpia tanto de basura como de personas construidas como indeseables.

^{Fuente: Mapa de la Policía - Septiembre 2025}