Ese contrato incluye severas condiciones para los bancos que se vean obligados a pedir ayudas, que finalmente les impedirán dar dividendos y pagar sueldos exorbitantes, y que en último término, a diferencia de lo que preveía el Gobierno, pueden llegar a ser liquidados si el coste para el contribuyente es excesivo. El Ejecutivo tampoco quería que los poseedores de deuda subordinada o participaciones preferentes —de alguna manera, parte de la basura tóxica de la banca española— asumieran pérdidas, algo que también sucederá. Las exigencias son asimismo ásperas con el conjunto del sistema financiero, que se verá obligado a cumplir con ratios de capital más elevados: colchones más mullidos para reforzar la solvencia de la banca y sortear huracanes como el que azota al sector en los mercados internacionales; zonas de seguridad positivas de cara a evitar futuras crisis, pero también un problema más para tratar de salir de esta.

Pero tal vez el golpe más duro sea para la credibilidad institucional de España: la Unión Europea aprovecha el rescate para someter a la economía española a una intervención en toda regla, según la interpretación de las fuentes consultadas, con una estrecha tutela sobre el Banco de España y algunas de las competencias del Ministerio de Economía. La UE insta a poner en marcha una “transferencia de poderes sancionadores y en la concesión de licencias [como fichas bancarias] del Ministerio de Economía al Banco de España”. El objetivo de los socios europeos es “garantizar la independencia del Banco de España”, una frase que da a entender que esa credibilidad no existe a día de hoy, erosionada por las duras críticas del propio Gobierno, que ha diezmado así la credibilidad de un banco central que hasta bien entrada la crisis tenía una estupenda fama internacional, y por una supervisión que se ha revelado insuficiente a la luz del tamaño del agujero financiero.

El Banco de España deberá hacer un examen interno para identificar las deficiencias más graves en otoño de este año, en especial en los cuerpos inspectores encargados de evaluar “las vulnerabilidades y los riesgos en el sistema financiero”, según el memorando. La supervisión de la troika será trimestral, tanto por el lado financiero como por el fiscal: el grado de intervencionismo permitirá a la Comisión, al BCE, a la Autoridad Bancaria Europea y al FMI estar muy encima de la aplicación del rescate. La troika podrá acceder, “bajo estrictas condiciones de confidencialidad”, a todos los datos del sistema financiero español que necesite, tanto agregados como entidad por entidad. Asimismo, podrá hacer inspecciones in situ para examinar el cumplimiento del programa. Además, España se compromete a consultar previamente a la troika cualquier medida sobre el sector que no esté incluida en el memorándum. En resumen: a cambio del rescate, la UE quita competencias a Economía y deja al Banco de España bajo la tutela efectiva del BCE.

En línea con las recomendaciones del FMI, los socios europeos dan la puntilla, quizá definitiva, al sector de las cajas de ahorros. En especial, la UE exige una reforma de las cajas con el fin de que dejen de controlar bancos filiales —“eventualmente”, según el texto, lo que podría dejar la puerta a alguna sonora excepción—, e impone incompatibilidades entre los consejos de administración de las cajas y de sus bancos participados, que ahora comparten consejeros con frecuencia.

El ministro Luis de Guindos explicó las líneas maestras de ese plan de condiciones y dejó como conclusión que el rescate debe servir para sanear al máximo el sistema bancario durante los próximos 18 meses. La cifra definitiva del rescate está aún por ver, pero el fondo de rescate temporal europeo dará a España un primer tramo de la ayuda de 30.000 millones, con un plazo medio de amortización de 12,5 años, “por si hubiera alguna situación de emergencia que requiera una inyección inmediata”, según Guindos, con el mercado al rojo vivo y la experiencia del durísimo mes de agosto del año pasado.

En paralelo al rescate, el Ecofin (la reunión de ministros de Economía de la UE) aprobó finalmente la flexibilización de los objetivos de déficit a España, que obtiene un año más para llegar al sacrosanto 3% del PIB en 2014. Es un regalo envenenado: lleva asociados nuevos ajustes de forma inmediata, que anunciará hoy mismo el presidente Mariano Rajoy. La subida del IVA es segura. Prácticamente también lo es el despido de empleados públicos. Y en Bruselas se especula también con una congelación de las pensiones y un endurecimiento del seguro de desempleo. Todo eso en una recesión que se agrava, con un paro próximo al 25% de la población activa y con unas perspectivas de recuperación muy perjudicadas por la mala salud de la banca.

Contra todo eso, palabras. El vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn, se mostró este martes “seguro de que las autoridades españolas adoptarán las medidas conforme al calendario previsto", y aseguró que el rescate lleva asociada "la condicionalidad que se aplica a cualquier Estado que debe cumplir las condiciones del procedimiento de déficit excesivo, cuando se vigila el cumplimento [del plan acordado] de una forma regular". El Ecofin de fue relativamente plácido para Guindos, pero en la reunión del Eurogrupo (los ministros del euro), los socios fueron extremadamente duros con España, según varias fuentes.

El País - 11 de julio de 2012