Rodolfo Páez, de 68 años, fue absuelto por unanimidad por el Tribunal Criminal 2. En 2011, la empresa Finca La Jujeña quiso desalojarlo. El trabajo de la ex Secretaría de Agricultura Familiar, hoy en desmantelamiento, fue clave en el proceso.

Los costos de laboreo, semillas, agroquímicos y fertilizantes aumentaron sustancialmente, mientras que los rendimientos por hectárea lo hicieron en porcentajes mucho menores en los últimos veinte años. Debate acerca de la conveniencia de ese paradigma de producción.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
Eduardo Galeano

Uno de los réditos del Año Internacional de la Agricultura Familiar que propició la ONU en el 2014, con el trasfondo de la crisis alimentaria, es haber contribuido de alguna forma a visibilizar el debate entre el agronegocio y la agricultura campesina, que se mantenía en sordina por la simbiosis establecida entre el primero y el poder mediático.

En el plano oficial, por decir algo, el Director general de la FAO, José Graziano da Silva, en su discurso de apertura del 24 período de sesiones del Comité de Agricultura (COAG) en Roma, expresó: “Los responsables políticos deben apoyar una amplia gama de enfoques para reformar los sistemas alimentarios mundiales, haciéndolos más saludables y sostenibles y reconocer que ‘no podemos confiar en un modelo intensivo de entrada para aumentar la producción y que las soluciones del pasado han mostrado sus límites’… (y) solicitando un ‘cambio de paradigma’, dijo que los principales desafíos de hoy en día son reducir el uso de insumos agrícolas, especialmente el agua y los productos químicos, con el fin de lograr una agricultura, una silvicultura y una pesca más sostenibles y productivas a largo plazo”1.

Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y organizaciones sociales y políticas se concentraron ayer por la tarde frente al Congreso de la Nación para exigir “juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato del campesino Miguel Galván”, ocurrido el último miércoles y por el que acusan al empleado de un empresario agropecuario que habría actuado como sicario. “Nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un muerto más por la violencia del agronegocio”, dijo a Página/12 Ricardo Cuellar, integrante del Mocase-VC y representante del pueblo Lule Vilela, etnia a la que también pertenecía la víctima.

Un sicario asesinó de una cuchillada a Miguel Galván, un campesino indígena. Reclaman la sanción de una ley que frene los desalojos de territorios por cinco años.

La frontera del negocio sojero se sigue expandiendo, principalmente en el norte argentino, a costa de la sangre de muchos campesinos indígenas. Esta semana un sicario de un empresario agropecuario mató de una cuchillada en el cuello a Miguel Galván. Sucedió en el Paraje Simbol, a 400 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, en el límite con Salta. Galván tenía 40 años, era de la etnia lule vilela e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC). Hace un año, en noviembre de 2011, otro miembro del Mocase murió asesinado: Cristian Ferreyra.

Representante de una generación que al momento de relatar su vida, la divide entre antes y después del exilio, la socióloga Norma Giarracca, a cargo del área de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani, recuerda que la despidieron en 1976 de la Secretaría de Agricultura, donde había empezado a trabajar mientras cursaba la carrera, por el artículo castrense que la declaraba persona real o potencialmente peligrosa para el Estado nacional. «Cuando dan el golpe –dice Giarracca– la Marina toma el control de la Secretaría como represalia por la política que habían llevado adelante José Ber Gelbard y el ingeniero Horacio Giberti desde 1973 en adelante. Y nos echan a todos».

Despedida y con una orden de captura contra su esposo, el economista y docente Miguel Teubal, parten a su primer destino de un exilio que los alejaría del país durante más de 6 años. Tras recalar en España e Inglaterra, México los cobija hasta su vuelta al país.
Un doctorado en la Universidad Nacional de México, trabajos de investigación sobre el campesinado mexicano –en la misma línea que los comenzados en Argentina sobre los pequeños productores rurales– y trabajos de campo financiados por el estado mexicano, quedan atrás y la familia regresa al país.