El Mocase nació hace más de 20 años y es la organización campesina más importante del norte argentino. Son unas ocho mil familias –casi 40 mil personas–. Fueron pioneros en advertir la nocividad del monocultivo sojero que ha ido devastando los bosques nativos para ganar superficie cultibable.

El Mocase-VC informó que Galván fue herido mortalmente con un arma blanca en el cuello. El atacante, señalaron, se llama Paulino Risso Patrón y lo acusaron de ser sicario de la empresa Agropecuaria La Paz, de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera. La empresa pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas lule vilela. “Risso fue a la casa de la familia Galván a provocar como tantas otras veces, sólo que esta vez con la intención de matar”, indicó el Mocase-VC. La policía de Salta comunicó que Risso Patrón es tío de la víctima.

Agrupaciones sociales y políticas se movilizaron el viernes al Congreso Nacional para repudiar el asesinato y reclamar su esclarecimiento. También legisladores nacionales repudiaron el crimen. “El negocio de la soja y la corporación política no respeta la vida de las personas”, dijo la diputada Victoria Donda, integrante del bloque Libres del Sur. En el mismo sentido se expresó la diputada Mara Brawer, del Frente para la Victoria (FpV): pidió el “juicio y castigo para los responsables materiales e ideológicos del asesinato”.
Galván era miembro de la comunidad indígena lule vilela, que había concretado la primera etapa de un relevamiento territorial para impedir el avance de emprendimientos agrarios sobre las tierras de poblaciones originarias. La familia Galván había denunciado amenazas e intimidaciones ante la policía y la Justicia de la ciudad santigueña de Monte Quemado, sin recibir respuestas a su advertencia.

En abril de 2011, organizaciones campesinas presentaron en el Congreso un proyecto de ley que intentaba poner fin durante cinco años a los desalojos de territorios campesinos y de poblaciones originarias para el desarrollo de emprendimientos agrarios, en su mayoría de soja. El texto fue promovido, entre otras agrupaciones, por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf) y Frente Nacional Campesino (FNC).

“Los pocos bosques que quedan en Santiago del Estero están habitados y son el sustento de comunidades campesinas e indígenas”, comentó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. Giardini aseguró que el gobierno provincial “viola sistemáticamente la Ley de Bosques, al aprobar desmontes en zonas protegidas por la norma y sin realizar audiencias públicas”. Greenpeace también resaltó que, según datos de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada en Santiago del Estero representó la mayor del país y abarcó más de 800 mil hectáreas.

A fines de 2011, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su “preocupación” por las “persistentes amenazas, desplazamientos y desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”. El Comité advirtió que “el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”. “Las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza” contra personas que defienden sus tierras.

En el mismo sentido se expresó en julio último el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Situación de los Derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, cuando pidió a los gobiernos nacional y provinciales, y a la Justicia, que suspendieran todos los procesos de desalojo de las comunidades originarias.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que el asesinato de Galván representa “una nueva demostración de la urgente necesidad de detener los desalojos” de territorios. “El Estado federal debe garantizar los derechos humanos de las personas involucradas en estos conflictos y establecer instancias de articulación con las provincias que permitan encontrar soluciones de fondo a los reclamos y prevengan el uso de la violencia”, indicó la organización.

El martes próximo a las 11, integrantes del Mocase-VC participarán de una conferencia de prensa en el Salón José Luis Cabezas del Congreso.

Miradas al Sur - 14 de octubre de 2012