“Sin industria no hay nación” reza el slogan de la Unión Industrial Argentina (UIA), la mayor institución gremial empresaria del país y parte del G6. Profundizar sobre ese slogan requeriría un espacio mucho más extenso que el alcance de esta nota que usted, lector, estará scrolleando en el colectivo o en la oficina. Lo que si podemos precisar en esta columna es que sin industria no hay recuperación sostenible que sea posible para esta Argentina en crisis. 

En los últimos años los empleadores y el Gobierno nacional reiteraron en numerosas ocasiones que, según su visión, era necesario reducir el costo laboral para mejorar la competitividad de la producción local. Los reclamos por una “reforma laboral” que flexibilice aún más el mercado de trabajo fueron una constante durante estos años, al tiempo que la actualización de los salarios nominales se ubicó persistentemente por debajo de los niveles de inflación.

La economía macrista termina en default y bancos internacionales empezaron a evaluar qué tipo de negociación se abrirá con Argentina. Analizan magnitud de la quita de capital, extensión de plazos y cuál será la tasa de interés.

Hace unas semanas estuvo de visita en nuestro país el economista serbio Branko Milanovic, uno de los mayores especialistas mundiales en materia de desigualdad. Uno de las formas más conocidas de mirar la dinámica de la desigualdad por parte de Milanovic es evaluar la evolución del ingreso real (es decir, el ingreso nominal descontada la inflación) por decil de ingreso.

El abogado ambientalista Enrique Viale se refirió de manera crítica al decreto que modifica la Ley de Residuos Peligrosos y dejó abierta la puerta para hacer una presentación judicial ya que se trata de una medida “cuestionable” que calificó como "inconstitucional".

En los casi cuatro años que pasaron desde que asumió Mauricio Macri como Presidente de Argentina, las declaraciones de distintos funcionarios en el transcurso de la gestión de su gobierno parecen estar referidas a un país muy distinto al que se percibe.

El poder económico condiciona a los gobiernos y orienta en su propio beneficio el accionar del Estado, que pierde autonomía a la hora de formular e implementar políticas públicas.

Hacer diagnósticos de lo que sucede en la actualidad con nuestra industria ya no tiene demasiado sentido. El desastre productivo, económico y social que ha dejado el Gobierno de Cambiemos es evidente con el cierre de 20 mil pymes y la pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo. Dos cosas quedan claras, una es que ningún Gobierno hizo tanto daño en un periodo tan corto, la otra es que jamás hubiera podido hacerlo sin la complicidad de algunos espacios de la oposición política y de una parte del empresariado local.

Reindustrializar el país es indispensable para crear empleo, agregar valor y distribuir equitativamente la riqueza.