El objetivo y la necesidad del gobierno nacional es domar la inflación, que en enero volvió a arrojar un 4 por ciento según el INDEC. Si se desagrega por rubros, los alimentos aumentaron un 4,8 por ciento. El asado registró una suba del 11 por ciento comparado con diciembre del año pasado. La variación de los precios de los alimentos es multicausal, como la inflación. En el análisis hay que incluir la situación de las cotizaciones internacionales de los commodities, la puja entre la exportación en detrimento de la oferta para el consumo interno y un grado de especulación por parte de todos los actores de la cadena: grandes productores, exportadores, industriales y supermercados.

Lo que denota y connota este escenario es una fuerte puja con parte del poder económico real. ¿Cómo se resuelve? Alberto Fernández cantó truco durante un reportaje al sostener que podrían incrementarse las retenciones sin tener ninguna carta alta entre sus manos. Las entidades patronales que forman parte de la Mesa de Enlace patalearon y cantaron retruco al amenazar con una nueva guerra gaucha. Luego fueron recibidos en la Rosada y se retiraron con la satisfacción de saber que por el momento no habría un incremento de los derechos de exportación.

De todas maneras, la partida sigue. Por lo bajo se viene desarrollando un trabajo fino entre Agricultura y la Secretaría de Comercio interior para desacoplar, efectivamente, los precios locales de la cotización internacional de algunas materias primas con incidencia en la producción de alimentos. El Fideicomiso del Aceite y algunas medidas adoptadas para el maíz dan cuenta de esa labor.

Lo que no desaparece es la puja de intereses. En caso de que el acuerdo de precios naufrague –a pesar de la mayor presencia de fiscalizadores del área que conduce Paula Español—, desde Agricultura elaboraron una propuesta para la creación de un Fondo Alimentario Nacional, que funcionaría como un fondo anticíclico que podría ser administrado por el Banco Nación. Obviamente, para la Sociedad Rural esto también sería un intervencionismo estatal a ultranza.

Presiones

«No va a haber incremento de retenciones, no va haber intervención en los mercados. Solá nos apoyó muchísimo en todo momento», sostuvo Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) tras la reunión con el Presidente. Ese intervencionismo que tanto critican las patronales más virulentas aplica tanto al posible incremento de los derechos de exportación, que en sustancia son un instrumento de política económica, como así también al Fideicomiso creado para bajar el precio de los aceites.

Se sabe que los integrantes de la Mesa de Enlace no quieren ni de cerca la presencia del Estado, salvo para cuando le tienen que reclamar una recomposición de sus tasas de ganancias. El ex ministro de Agricultura durante el macrismo, Luis Miguel Etchevehere, fue muy claro al respecto:

“Con ustedes volvió el curro, Ministro”, escribió Etchevehere, quien enfrenta en la Justicia entrerriana una causa por administración fraudulenta y otra por posible lavado de activos. Su destinatario era Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. “Con el diferencial a la soja y el fideicomiso del aceite, les puso una retención privada a todos los productores del país a favor de sus amigos”, agregó el ex funcionario cambiemita sin sonrojarse.

“Los cupos de exportación y retenciones son instrumento de política económica. No hay que enamorarse de los instrumentos sino del objetivo final, que es que la gente viva mejor. El objetivo de la derecha es que los balances de sus empresas estén siempre mejores. La derecha tuvo la habilidad de transformar el problema de las retenciones en un fetiche ideológico”, sostuvo Pedro Peretti, ex integrante de la conducción de Federación Agraria, durante una entrevista por AM 530.

Las mesas sectoriales de negociación, como pueden ser las del maíz, trigo o aceites, promocionadas por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), no están exentas de la disputa de poder. El CAA se muestra más dialoguista porque en el fondo pretende conseguir un proyecto de ley que le otorgue estabilidad fiscal por una década, sumado a la rebaja definitiva de las retenciones.

Aceitosos

El objetivo del gobierno nacional es bajar el precio de los alimentos, no importa con qué instrumento. Quizás la herramienta que esté más aceitada hasta el momento, valga la redundancia, sea el Fideicomiso integrado por el complejo sojero y aceitoso. ¿Cómo funciona este instrumento, acordado con los integrantes del Consejo Agroindustrial?

El Fideicomiso está constituido por todos los exportadores del complejo de soja y girasol que harán aportes mensuales sobre la base de la participación que tienen sus exportaciones mensuales.

A modo de ejemplo, Aceitera General Deheza –propiedad de Miguel Acevedo y Roberto Urquía— participó con el 15 por ciento de las exportaciones de aceites en 2019, Bunge lo hizo con el 10 por ciento y Cargill con el 9,5 por ciento.

En función de sus ventas mensuales ratificadas por declaración jurada, el Fideicomiso calculará lo que le corresponde aportar a cada empresa. Llamada de alerta: el aporte deberá ser financiado por las exportadoras. De ninguna manera deberían descontarle el precio que le pagan a los productores como sí ocurre con las retenciones y los costos de flete, que terminan financiados no por los exportadores sino por los dueños de los granos.

A mes vencido, sobre la base de las entregas efectivas de aceite, y teniendo en cuenta los 29 millones de litros mensuales que deberán aportarse, las marcas de consumo masivo recibirán el subsidio para que la baja de precios –acordada con Comercio interior— se vea reflejada en las góndolas.

El aporte total que se gestionará vía este fideicomiso será de 190 millones de dólares anuales, que deberían alcanzar para subsidiar 348 millones de litros de aceite por año en todo el país. Es decir, el 75 por ciento del consumo de las marcas líderes.

El trabajo fue articulado con Comercio Interior. “La compensación estará dirigida a quienes producen el aceite de menos de 5 litros, es decir, minorista, el aceite de consumo hogareño. Periódicamente, incluso mensualmente, revisaremos la cantidad que se vende, a qué precio, dónde, incluso por marca. Y con ese intercambio y monitoreo de información veremos si existe alguna cuestión que haya que revisar o analizar”, indicaron al Cohete desde el área que conduce Paula Español.

El Fideicomiso no deja de ser un pacto entre caballeros acercado por el Consejo Agroindustrial, integrado por las empresas que no tienen empacho en retacear la liquidación de divisas para forzar una devaluación o triangular operaciones para pagar menos impuestos. Desde Agricultura advierten que en caso de que “se salgan de la cancha”, podrían suspenderlas del Registro Único de Operadores (RUCA).

Así quedó ratificado con la resolución 15/2021 del pasado 4 de febrero: “A los fines de asegurar y resguardar las operaciones que hacen al consumo interno, asegurar el derecho a la alimentación y evitar las medidas distorsivas que alteren la normal provisión de productos primarios producidos en el país, con el fin de abastecer otros mercados, se considera pertinente incluir como obligación emergente de la inscripción y mantenimiento de la matrícula en el RUCA el cumplimiento por parte de los operadores de las normas, de sentencias o laudos arbitrales en materia de consumo o abastecimiento interno”.

Lo que viene

En el caso del trigo y el maíz, insumos claves para los productos harinados o como forraje para el engorde de ganado, también se quería avanzar en un Fideicomiso similar al aceitoso. Pero por ahora todo hace pensar que se utilizarán otros instrumentos, también en coordinación con Comercio Interior. Parte de la cadena de la producción está representada por la Mesa de Enlace. Y como ya se mencionó, le rehúyen a todo lo que sea estatal salvo cuando tienen que reclamar una recomposición de rentabilidad.

El ministerio de Agricultura que conduce Luis Basterra elaboró un diagnóstico sobre lo que venía sucediendo tanto con el maíz y el trigo. Claramente había una alta especulación ejercida por los grandes dueños del grano, cuando los pequeños y medianos suelen vender para seguir con su producción.

La campaña 2019-2020 de maíz fue de 58,5 millones de toneladas, sumadas a otras 4,75 millones de la anterior cosecha. Por el lado de la demanda, la industria consume 3,89 millones de toneladas, los transformadores de maíz utilizan 17,25 millones (carne aviar, porcina, vacuna, huevo y leche, entre otros). El saldo exportable es de 38,5 millones de toneladas, con un stock final para esta coyuntura de 3,61 millones.

En el caso del trigo, sobre una cosecha total de 17,2 millones de toneladas, sumadas a las casi 2 millones de la anterior campaña, la industria necesita para la molienda anual 6,5 millones. El saldo exportable sería de 10 millones de toneladas, lo que arrojaría un stock final de 1,79 millones de toneladas.

Es decir, los granos están. En el caso del maíz, su incidencia en el costo del pollo sería del 20 por ciento y del 7 por ciento en el cerdo según estimaciones oficiales. Aunque también hay discrepancia sobre eso. Los integrantes de la Mesa de Enlace argumentan que la incidencia del trigo en el pan es casi nula.

“Hay que terminar con esas hipocresías. El trigo es el 100 por ciento de la harina, es decir el 95 por ciento del pan. Tampoco es cierto lo que se dice sobre los cerdos. El 80 por ciento del costo del chancho es la alimentación. Y el 97 por ciento de esa alimentación es maíz y soja. ¿Cómo podría impactar solamente con un 10 por ciento?”, se pregunta Peretti.

Lo que está haciendo Agricultura junto a Comercio Interior es pactar un precio para el pollo en góndola, al mismo tiempo en que se generarían mecanismos financieros –contratos garantizados y líneas de crédito a tasa subsidiada, entre otros— para asegurarse que los productores se desprendan del grano sin especular con su almacenamiento.

“Se ofrece un instrumento que da al productor seguridad para entregar el grano y mantener el valor de mercado del mismo, en lugar de retenerlo en silo bolsa a la espera de mejores precios (del grano o del tipo de cambio). El pago al productor lo asegura el mercado. Hay entrega física del grano y permite a los consumeros planificar su provisión y hacer un manejo de stock más eficiente. El financiamiento va a un destino específico. No va a dólares”, puede leerse en un documento de trabajo que fue discutido con la cadena del maíz y el trigo.

En el caso del maíz, se trabajará con la cadena aviar para acordar precios en góndola. Los chanchos deberán esperar.

Monopolios

En toda esta historia no puede dejarse de lado a los grandes supermercados. Por caso, el señor Coto pegó el faltazo a la reunión convocada por Alberto Fernández, al igual que Acevedo que estaba de vacaciones. ¿Cuánto cobran las grandes cadenas por colocar productos lácteos en sus góndolas? Cerca de un 20 por ciento. Eso son sobreprecios.

“Hay que poner sobre la mesa a los monopolios y la irracionalidad logística de la economía agraria. No puede ser que un kilo de carne recorra 500 kilómetros. También habría que prohibir que los supermercados vendan carne fresca. Así habría miles de carnicerías que competirían entre sí”, esbozó Peretti en el reportaje realizado por Daniel Tognetti y Adrián Murano.

En esta puja de intereses, la suba de retenciones quedó solapada frente a otros instrumentos. Aunque no se descartan. Desde Agricultura también elaboraron la idea de un Fondo Alimentario Nacional (FAN) –un fideicomiso público-privado administrado por el Banco Nación— que podría conformarse con aportes estatales derivados del ingreso fiscal de derechos de exportación de los complejos agroindustriales, así como aportes de las cadenas de valor. Son otros de los instrumentos que se barajan para contener la suba de precios de los alimentos, por si hay que cantar truco nuevamente.

^{El Cohete a la Luna - 14 de febrero de 2021}